Ha sido tan disparatado el criterio aplicado hasta ahora en el empleo de coches oficiales de la Comunidad Autónoma que resulta casi imposible reconducirlo todo hasta los límites que se proponen en el borrador. Porque el que no tiene un coche y un conductor adscrito (con sus horas extraordinarias en este último caso) contrata estos servicios a una empresa especializada. Este es el caso del Parlamento de Canarias, que presta estos servicios de coche oficial a toda la Mesa del Parlamento y a la Junta de Portavoces, y no sólo en Tenerife, sino en la isla de residencia de cada uno de ellos. De ahí que José Manuel Soria pasará ahora de utilizar el BMW de alta gama que hizo comprar cuando accedió a la vicepresidencia a utilizar alguno de los coches de las empresas de limusinas que tiene contratadas el Parlamento. Porque, en su calidad de presidente del Grupo Parlamentario Popular tiene derecho a este privilegio. Cosa distinta serán los escoltas, los tres policías locales de Las Palmas de Gran Canaria que pagaba el Gobierno. No sabemos si Paulino Rivero, en un nuevo alarde de generosidad con su primo-hermano, le continuará pagando estos excesos o si lo hará el Parlamento, que tampoco está para esto. ¿O los pagará el PP? No nos coneja, la verdad.