Lo que hizo el Cabildo de Lanzarote al emitir su comunicado fue hacerse eco de la fuerte división existente en la sociedad conejera y en la propia Corporación insular. Y dentro de ésta, de los dos sentires reinantes dentro del grupo de consejeros socialistas. La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, no era partidaria de airear el escándalo sino de tratar de reconducirlo todo dentro de la legalidad pero sin aspavientos que pudieran afectar a la imagen exterior de la isla. El también socialista Carlos Espino, consejero de Política Territorial, era partidario de afear públicamente la conducta de los dos últimos alcaldes de Yaiza y del anterior primer regidor de Teguise. No en vano, Espino es el autor intelectual de las investigaciones dentro del Cabildo sobre licencias ilegales e incumplimientos de la moratoria y del Plan Insular, así como de la información facilitada en su día a la Policía para que procediera a investigar a los presuntos actores de la presunta trama de corrupción.