Los papeles no fallan: el 24 de noviembre, el presidente de la asociación organizadora, Asescan, Gabriel Navarro, escribió a una asesora del ministro de Justicia para confirmar la invitación al acto e indicar que las dos autoridades invitadas a clausurarlo eran López Aguilar y Carolina Darias, la subdelegada del Gobierno. El Ministerio de Justicia confirmó la presencia del ministro, y la subdelegada del Gobierno en Las Palmas hizo lo propio. Pero la tarde anterior, a muy pocas horas del acto de clausura, una llamada telefónica desde Agadir previno a los organizadores de que acudiría al acto la vicepresidenta del Gobierno canario, Mari Mar Julios. Las jornadas, dicho sea de paso, estaban financiadas por la Dirección General de Promoción Económica (Consejería de Economía y Hacienda) y por la Dirección General de Relaciones con África (Presidencia del Gobierno). Fue a partir del viernes por la tarde cuando en la organización cundió el temor, finalmente confirmado, de que se pudiera plantear un conflicto protocolario.