Tocata y fuga de ATI

Los abogados de Fernando Clavijo y de José Alberto Díaz personados en el caso Grúas se desgañitaban la semana pasada ante la jueza Celia Blanco para que suspendiera las declaraciones de los testigos más peligrosos para la integridad procesal del expresidente canario. Querían (y quieren) que la causa deje de instruirse en los juzgados de La Laguna en lo que el Tribunal Supremo se manifiesta acerca de la exposición razonada que la jueza elevó hace semanas atendiendo a la condición de aforado que adquirió Clavijo gracias a la generosidad y las artimañas de su grupo parlamentario.

Con esa actitud, los abogados del expresidente y del exalcalde de La Laguna insisten en destrozar sus propios argumentos, según los cuales entre los investigados no existe ningún tipo de temor a una investigación, se realice donde se realice, dada la prístina inocencia de sus patrocinados y la ejemplaridad y limpieza del expediente administrativo del servicio de grúas en esa ciudad tinerfeña.

Pero ha resultado que todos los testigos que depusieron la semana pasada han destrozado las versiones de los investigados y han dejado abierta la posibilidad de que la jueza complemente su exposición razonada al Supremo con el delito de tráfico de influencias, que llamativamente dejó fuera, pero que, a la vista de lo escuchado en su sala de vistas, toma cuerpo de manera evidente.

Porque todos los testigos han coincidido en que fue Clavijo el que seleccionó al personal de la empresa de grúas y el que los convenció para que se quedaran con ella una vez su primer propietario se vio ahogado por los impagos del Ayuntamiento. Entre Clavijo y Díaz tramitaron el préstamo de 120.000 euros de dinero público para pagar deudas de la empresa y los que miraron para otro lado cuando el interventor municipal les decía que aquello no se podía hacer y que lo más conveniente era rescatar la concesión y sacar un concurso nuevo.

Pero Clavijo no hizo caso. Solo era un concejal de Seguridad y por su cabeza no pasaba ni convertirse en alcalde de la ciudad y mucho menos llegar a presidente de Canarias y luego senador para guarecerse de sus propios actos. Le apetecía que unos colegas suyos, asesorados por su socio en la gestoría que ambos poseían, se hicieran con una empresa rentable de la que él fuera el padrino.

Y justo ahora que su partido está en la oposición en todas las instituciones importantes de Canarias es cuando se le complican sus implicaciones judiciales y cuando se reactivan los movimientos para la reunificación del nacionalismo canario.

Para el partido más influyente de Coalición Canaria, la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) que ya no existe sobre el papel pero que en realidad está más activa que nunca, esas debilidades convierten en delicadas las negociaciones con Nueva Canarias para la reunificación del nacionalismo. Los de Román Rodríguez no solo ocupan sillones influyentes en el Gobierno de Canarias junto al PSOE y Unidas Podemos, sino que han conseguido escaño al Congreso por la provincia de Las Palmas y amenazan con volver a ser decisivos en la legislatura que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden echar a andar las próximas semanas.

Por eso y para tapar tanta noticia negativa, esta semana pasada salieron a la palestra el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el exalcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, llamando a una suerte de desmarque de su diputada nacional Ana Oramas, para negar al PSOE la investidura. Sus planteamientos no quedaron muy claros, y a medida que se le preguntaba a Alonso, más crecían las contradicciones.

“Pedro Sánchez ha engañado a Canarias”, dijo el viernes al programa de TVC Buenas Tardes Canarias, para añadir dos minutos más tarde que todo sería distinto si en lugar de Unidas Podemos, el líder del PSOE cerrara un acuerdo “moderado” con el Partido Popular y Ciudadanos.

Sin el voto de Oramas, a Pedro Sánchez no le bastaría con la abstención de Esquerra Republicana para proclamarse presidente, ni siquiera en la segunda votación, lo que obligaría a una nueva repetición electoral y convertiría a la diputada tinerfeña en el tan rentable y ansiado voto 176, en este caso 169 para deshacer el empate. Y volvería a hacer otra pirueta para negar su voto a un Gobierno con los de Iglesias, como hizo en las elecciones de abril para enmendarse luego en las del 10-N.

Pero ATI prefiere esperar a ver cómo evolucionan las presiones que está recibiendo Pedro Sánchez para que rompa su acuerdo con Pablo Iglesias y haga un pacto blando con las derechas españolas, donde los regionalistas tinerfeños se sentirían mucho más cómodos. Debe resultar inquietante en ATI el escenario progresista que no solo se abre en los gobiernos de España y de Canarias, sino también en la estrategia de reunificación nacionalista, con Asamblea Majorera y la CC de Lanzarote encabezando una corriente menos proclive a la derecha, y con Nueva Canarias haciéndose fuerte en Gran Canaria y ganando influencia en el contexto regional.

Si a eso unimos que se avecinan elecciones para la secretaría general de CC en Tenerife, todo queda explicado.