Coalición Canaria está tardando en reclamarle a Miguel Zerolo que devuelva su acta de senador y se marche para su casa a sufrir en silencio (como dicen los anuncios de las cremas contra la hemorroides) las consecuencias del caso Las Teresitas. Porque pedirle a estas alturas una explicación de lo que allí sucedió resulta ocioso (todo CC conoce la trapisonda de sobra) y una pérdida de tiempo (él dirá que no tiene ni puta idea y que sólo se dedicó a ganarse la lotería de manera pertinaz). Las últimas relevaciones en torno al caso, que pueden leer en la crónica correspondiente de este periódico, no han dejado a nadie indiferente: el actual grupo de gobierno, presidido por un alcalde de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, que cuenta con un concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, a la sazón firmante de la denuncia que provocó el caso Las Teresitas, ha descubierto hace una semana escasa unos documentos decisivos que probarían (si faltaba algo más por probar) que existió una maquinación dentro del Ayuntamiento para que el pelotazo se consumara con los mínimos daños colaterales posible. Son varios los documentos, cada cual más comprometedor: una cesión de 1967 del frente marítimo al Ayuntamiento a condición de que construyera la playa que se construyó; una ficha de los servicios de Patrimonio acreditando que ese frente marítimo era propiedad municipal, al menos en 1998. Y, por último, varios documentos preliminares y no tan preliminares preparatorios de una devolución de esas piezas de suelo a sus originarios propietarios (la Junta de Compensación de Las Teresitas y Valle de Huertas), a cambio de nada. En estos últimos documentos, según quienes los han visto, aparecerían notas manuscritas de altos funcionarios de la Corporación, algunos de ellos imputados en la causa penal, que evidenciarían la componenda. Ante estos hallazgos, sin duda importantes, las respuestas han ido desde el “no tengo ni puta idea; yo tenía 10 años; estos sólo quieren enmierdar”, proferido por Zerolo, hasta el “esto es una maniobra de distracción para proteger a los empresarios [Ignacio González y Antonio Plasencia]” lanzado desde el despacho del abogado Felipe Campos, que no ha encajado bien que se suspendiera la vista civil prevista para este viernes para dilucidar la reclamación de cantidades que los autores del pelotazo han cursado contra el Ayuntamiento. En medio, los regidores municipales, que gozan de lo lindo ante la carambola.