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Los municipios canarios cargan contra la reforma de la ley de cambio climático: “Introduce confusión e inseguridad”

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Toni Ferrera

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La Federación canaria de municipios (FECAM) ha redactado un escrito de alegaciones muy crítico contra la reforma de la ley de cambio climático impulsada por el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP). La organización está sorprendida por el escaso tiempo otorgado, apenas seis días, para evaluar las modificaciones planteadas, no entiende la supresión de algunos artículos que prevén medidas para proteger la biodiversidad, el patrimonio cultural y el litoral del Archipiélago y considera que la eliminación de los planes creados con la normativa anterior, como la Estrategia Canaria de Acción Climática (ECAC), para construir otros nuevos, introduce “confusión e inseguridad” en la planificación contra el calentamiento global.

El texto de la FECAM fue firmado el 17 de junio de 2024. La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo regional, liderada por Mariano Hernández Zapata (PP), remitió solo siete días antes el proyecto de decreto a la organización que aglutina a todas las localidades de las Islas para que formulara objeciones. Esto, para empezar, es un “escaso margen” de tiempo para analizar una reforma “extensa” de una materia tan sensible como la climática, aprecia la FECAM. La Federación pidió un proceso de negociación más amplio y la respuesta del departamento dirigido por Zapata fue darle un día más de tiempo para plantear alegaciones. El Gobierno defiende que desde un principio había anunciado una modificación de la normativa. Pero en las reuniones mantenidas hasta la fecha la información aportada “siempre fue general, vaga e inconcreta” en este sentido, agrega la FECAM.

El reproche no acaba ahí. El municipalismo canario pone como ejemplo el proceso de diálogo que ha iniciado la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, liderada por Manuel Miranda (CC), para actualizar la Ley del Suelo aprobada en 2017 y que, “desgraciadamente”, no ha seguido la de Transición Ecológica y Energía. La FECAM reprueba que el decreto, que modifica más de 60 artículos de la vigente ley de cambio climático, no prevé la dotación de recursos económicos ni personales a las entidades locales y tampoco garantiza que competencias municipales no vayan a parar a otras administraciones públicas. La Federación muestra tal enfado que hasta cuestiona a la Consejería por qué las adiciones o supresiones del nuevo texto no vienen “marcadas o destacadas” en el proyecto enviado, ya que no hacerlo así les ha robado un tiempo “valiosísimo”, y pone en duda, tras haber leído todas las reformas, si las mismas “están afectadas por esa condición de urgencia que, supuestamente, ha impedido otro tipo de tramitación alejadas de las prisas en su aprobación”.

Entrando en el fondo de varias modificaciones, la FECAM cree que la eliminación de los cuatro instrumentos de ordenación que la ley anterior contemplaba (la estrategia canaria de acción climática, la estrategia canaria de transición justa y justicia climática, el plan canario de acción climática y el plan de transición energética de canarias), de los cuales ya había uno aprobado y dos en avanzado estado de tramitación, para crear dos nuevos, “introduce confusión e inseguridad” en el marco de la planificación climática de las Islas. Es un cambio que “no ayuda a obtener la complicidad de los operadores, sectores y sociedad en general en el objetivo de luchar conjuntamente contra los efectos del cambio climático”.

Por otro lado, la decisión del Gobierno regional de suprimir un apartado concreto de la legislación que instaba a las empresas a utilizar residuos de construcción y demolición en los contratos de obras “choca, por no decir que entra en contradicción”, según la FECAM, con la jerarquía de residuos y la economía circular. Descartar esta disposición traslada “un mensaje contradictorio” a la población, “cuando no peligroso”, enfatiza la Federación, sobre “el verdadero compromiso del Ejecutivo canario por cumplir con un cambio en el modelo económico, de lineal a circular, y con ello, transformar los residuos en recursos para seguir dándoles valor”.

La FECAM “no llega a comprender” los motivos que han empujado a la Consejería liderada por Zapata a renunciar a seis artículos, los que iban desde el 63 hasta el 69, que incluían medidas para la protección del litoral, de la calidad del cielo y alumbrado público, de la biodiversidad y patrimonio natural, de los montes y gestión forestal, de residuos y de ordenación del territorio y urbanismo. Son seis artículos que el Gobierno actual entiende como meras “declaraciones de intenciones”, pero que, en opinión de la FECAM, regulan “políticas o acciones concretas” en los mencionados ámbitos, de “notoria incidencia” para combatir la crisis climática.

Al mismo tiempo, la Federación es contraria a la supresión de un apartado que obligaba al Ejecutivo autonómico a impulsar prácticas universitarias y programas de colaboración con otras regiones y países para convertir al Archipiélago en “un espacio de referencia científica, tecnológica y económica”. Eso se ha eliminado con el nuevo decreto. Además, pide al Gobierno canario que replantee al Estado uno de los acuerdos que alcanzaron el año pasado ambas administraciones en la Comisión Bilateral por el que se sustituye el concepto “proximidad” de los productos por la “frescura” de los mismos en los criterios de adjudicación en los contratos de hostelería, catering y restauración. Para la FECAM, este cambio de terminología no es baladí y cree que debería recuperarse el de “proximidad” porque es el que “ha arraigado en el imaginario colectivo de nuestra sociedad” y el que vertebra, entre otras cosas, la Estrategia Canaria de Soberanía Alimentaria.

El escrito de alegaciones de la FECAM también pide mayor participación de los municipios en la cogobernanza, las zonas de aceleración de renovables, la propuesta estrella de Zapata para aumentar la penetración de energía limpia en las Islas, y dejar en la esfera de la Comunidad Autónoma algunas cuestiones, como la creación de incentivos para alcanzar la máxima eficiencia energética posible de edificaciones de titularidad pública o privada.

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