La Audiencia de Cuentas se declara incapaz de fiscalizar seis años de conciertos con la sanidad privada
Dos años ha tardado la Audiencia de Cuentas en comunicar al Parlamento que se considera incapaz de elaborar un informe sobre los conciertos que el Gobierno regional suscribió con la sanidad privada desde el año 2007 hasta el año 2013. Un estudio que fue mandatado, a instancias del Grupo Socialista, por la Comisión de Presupuestos de la Cámara regional el 27 de octubre de 2014.
Sin embargo, no ha sido hasta el pasado 27 de abril cuando los auditores han resuelto que los pocos medios materiales y humanos de que disponen les impide analizar la realidad y el coste que ha supuesto para el erario público los acuerdos externos con la sanidad privada.
Cabe resaltar que el grupo sanitario privado que más se ha beneficiado desde 1977 de los conciertos con el Gobierno de Canarias ha sido Hospiten, cuyo dueño, Pedro Luis Cobiella, apareció hace dos semanas en los papeles de Panamá por haber usado una empresa offshore para recibir los dividendos de sus hospitales.
¿400 millones o 180?
Ya en marzo de 2011, la entonces portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Dolores Padrón, denunciaba en el Parlamento (pocos meses antes de que los socialistas suscribieran el pacto de gobernabilidad con Paulino Rivero) que el Gobierno canario había desviado 400 millones a la sanidad concertada, la mitad de ese dinero a Tenerife, “porque mientras no construyan los hospitales del norte y del sur, la sanidad la lleva la privada”, subrayó.
Sin embargo, el entonces consejero de Sanidad, el nacionalista Fernando Bañolas (que había sustituido a la conservadora Mercedes Roldós cuando el PP abandonó el Gobierno a finales de 2010), afirmó que en Canarias solo el 7 por ciento del presupuesto sanitario, 180 millones de euros, se destinaba a la sanidad concertada con centros privados.
Ante este baile de cifras, y debido a la necesidad de conseguir la eficacia y la eficiencia en la gestión del dinero público como consecuencias de la crisis, los socialistas impulsaron en 2014 la iniciativa que mandató a la Audiencia de Cuentas a hacer una rigurosa radiografía de la concertación con centros sanitarios privados.
Un mapa por islas
Tras el jarro de agua fría que ha supuesto la declaración de incompetencia, el actual portavoz de los socialistas canarios, Ignacio Álvaro Lavandera, ha propuesto al resto de los grupos de la Comisión de Presupuestos que el organismo auditor elabore “un mapa de las concertaciones con la privada, determinanado el número de acuerdos por islas y verificando los sistemas de control”, pero solo en el período comprendido entre 2012 y 2015, cuando el PSOE cogobernaba con CC y se habían reducido los contratos con la privada con la nacionalista Brígida Mendoza al frente de la Consejería de Sanidad.
La decisión de la Audiencia ha sido duramente criticada por la totalidad del arco parlamentario, y el propio Lavandera ha asegurado que “hacer un estudio serio es una necesidad, pues Canarias es una Comunidad Autónoma que tienen mucha sanidad concertada”.
