Antonio Márquez: “La Audiencia de Cuentas de Canarias es un organismo totalmente dormido”

Como diputado por la UCD, Antonio Márquez estuvo en el Congreso durante el 23-F, después se integró en el PSOE, donde fue secretario de organización en Canarias. Presidió Astilleros Canarios y fundó y presidió la Audiencia de Cuentas de Canarias. También ha sido interventor de fondos en el Insalud, el Servicio Canario de Salud y gerente del Instituto Tecnológico de Canarias.

Márquez considera que la Audiencia de Cuentas Canarias es un “organismo totalmente dormido. No tiene la influencia que tenía”. En una entrevista con Diario de Lanzarote, asegura que el organismo “en los primeros años hizo entrar a las instituciones canarias en la filosofía del rigor en las cuentas públicas. Ahora es un organismo callado, muchas veces en manos de consejeros que no tienen conocimientos de contabilidad pública y el resultado es que ven pasar las cuentas de los organismos como el que ve pasar una procesión de Semana Santa desde un balcón”.

Con este REF, Canarias ha llegado a estar a la cola en riesgo de exclusión social. ¿Hay que modificarlo?

El REF nace en 1972, es una ley franquista. Tiene algunas ventajas con respecto a la Ley de puertos francos de 1900 y la Ley de Bravo Murillo de mediados del Siglo XIX. Rompe con el aislamiento, porque antes un producto tenía que pagar arbitrios al pasar de una Isla a otra. Se crea una institución para administrar ese territorio, la Junta interinsular de arbitrios insulares, y un organismo político, la Junta económica de arbitrios insulares. Se crea una tarifa para gravar los productos que vienen de fuera para proteger la producción local.

Con la entrada de España en la UE hay dos opciones: la uno, que es entrar directamente a partir de 1985, y la dos, que es man tener los puertos francos. Se toma la opción uno, que protege a la agricultura, que es el 1% de la economía de Canarias. El 1% decide y el restante noventa y nueve se queda vendido. Fue una posición errónea.

Pero ya han pasado 32 años...

En 1994 se modifica el REF, que era un estatuto, una especie de fuero que teníamos los canarios. Resulta que termina convirtiéndose en una ayuda económica de la UE, que va a terminar ahora. Estamos en una situación de desventaja con respecto a lo que debería ser un instrumento importante para regular las relaciones comerciales de Canarias. Los productos de fuera vienen gravados, y hay que buscar un REF que sea un fuero permanente y se refleje en el Estatuto y en la Constitución, y que sea eficaz sobre el sistema productivo y el sistema de relaciones económicas. Debe servir para beneficiar y no para perjudicar, que es lo que pasa ahora.

¿Podría servir para diversificar la economía y no depender del monocultivo del turismo?

Si no fuera por el monocultivo del turismo estaríamos todos fuera de estas Islas como ya ocurrió en otros siglos. Hay sectores como el agrícola, que siguen siendo influyentes y generan más actividad política que otros. Habría que proteger al sector turístico, al comercial y a los servicios, y tener mecanismos para incrementar la actividad agrícola e industrial, que es muy deficiente.

El Gobierno anuncia la Ley del Suelo como una solución para crear empleo. ¿Volvemos a caer en el riesgo del boom del ladrillo?

Es un tema de elección. No creo que la Ley del Suelo sea la panacea. Debe ser un instrumento para las actividades agrícolas, pesqueras, industriales o comerciales y para la turística, para que sigan creciendo y haya una proporcionalidad entre ellos.

¿Habría que invertir más en I+D+i? Usted fue gerente del Instituto Tecnológico de Canarias y ahora el consejero asegura que no es viable...

Hay un organismo igual en Tenerife, del Cabildo, que está muy protegido y funciona de maravilla y tiene menos nivel que el ITC. El problema es que el ITC es regional, está en Gran Canaria y está menos protegido. El ITC tiene un nivel de actividad importante y están mal pagadas las encomiendas de gestión, creo que intencionadamente.

¿Es víctima de la politización?

Es víctima de una política insularista dentro del Archipiélago, cuando es un instituto de todas las Islas, que es la política que debería apoyar el Gobierno. El ITC se ha utilizado permanentemente para actuaciones insularistas en Fuerteventura, Tenerife y El Hierro y tiene un gran nivel de investigadores y personal cualificado y debería ser defendido por encima de todas las cosas.

Sigue el pleito insular...

Es una constante de la política canaria porque superpone la política de una isla frente al conjunto. Yo no defiendo una empresa insular, sino regional, así que el que es insularista es el otro.

Fue fundador de la Audiencia de Cuentas de Canarias. ¿Cómo ha visto su

evolución?

Es un organismo totalmente dormido. No tiene la influencia que tenía. En los primeros años hizo entrar a las instituciones canarias en la filosofía del rigor en las cuentas públicas. Ahora es un organismo callado, muchas veces en manos de consejeros que no tienen conocimientos de contabilidad pública y el resultado es que ven pasar las cuentas de los organismos como el que ve pasar una procesión de Semana Santa desde un balcón.

¿Pasa lo mismo con el Consejo Consultivo, donde acaban entrando ex cargos públicos?

Eso no esta mal. Yo fui interventor de fondos públicos hasta mi jubilación, y ahí no tiene que entrar la política. Ejerces una actividad profesional de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia. Un partido no te puede castrar la honestidad en un cargo.

Vivió la transición del Insalud al Servicio Canario de Salud. ¿Salimos ganando?

El Insalud era un organismo con sede en Madrid y tenía dos jefes de servicio de nivel 28, uno en Tenerife y otro en Las Palmas. En la actualidad, jefes de servicio hay cientos más directores generales y jefes de instituciones sanitarias... La sanidad tiene buen nivel pero hay algo trascendental: hay que dar sanidad a todos los canarios, y desde esa perspectiva deja mucho que desear por el nivel de listas de espera para todo. Eso hay que resolverlo, ir a una sanidad más eficaz. Se está invirtiendo más en otras cosas que en la eficacia, que es atender al paciente.

¿Es útil y eficaz crear empresas públicas o se crean para eludir el control del resto de partidos?

Hay empresas públicas y entes públicos. Los entes públicos necesitan el control del Parlamento y llevan un control interno, mientras que las empresas públicas se rigen

por la Ley de sociedades anónimas y el Código de comercio, y el control es deficiente, por eso proliferan tanto. Hay muchas que son innecesarias y a veces se quiere enterrar a una que funciona echando mano de la racionalización de los recursos públicos. Pues que entierren lo que no sirve y que dejen lo que sirve.

¿Qué le parece la situación en Cataluña?

Lo que hay que hacer es respetar la Constitución, que tiene sus defectos pero tiene mecanismos para cambiarla. No se pueden cambiar las reglas en mitad del partido. Hay que acabar el partido y después se puede cambiar el reglamento, que es la Constitución, y se puede adecuar a las necesidades que se plantean. Las reglas de juego son las que hay. A mí a lo mejor no me gusta la bandera o el himno, pero son los constitucionales. Hay que respetar la Constitución como instrumento de entendimiento. No se puede vulnerar la Constitución y decir después que quieres dialogar. Se puede dialogar después y cambiar el Estatuto y la Constitución... Además

están diciendo que en España no se respetan los derechos humanos y eso es falso. La prueba es que se puede decir eso y no pasa nada.