Cerco al fraude fiscal y la economía sumergida
El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un programa por el cual pretende que afloren el fraude fiscal y el empleo no declarado, y ha recordado que el comportamiento irregular daña a los servicios públicos, perjudica a las empresas y lesionan los derechos de los trabajadores.
Este programa contra la economía sumergida tiene varias líneas de actuación y medidas que serán aplicadas de forma coordinada por varias consejerías, y con él se pretende evitar los efectos negativos que produce el fraude en los trabajadores, en las empresas y en la recaudación de impuestos.
La aplicación no será solo desde el punto de vista de la represión sino de la prevención, e incluye como líneas de actuación: potenciar la conciencia social sobre estas conductas; estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones; prevenir las situaciones irregulares; y perseguir el fraude tanto laboral como fiscal.
Entre las medidas incluidas en la primera de estas líneas destaca el desarrollo de campañas informativas y de sensibilización con el objeto de reforzar la conciencia colectiva de rechazo a estos comportamientos.
También se iniciarán programas en los colegios, centros de formación profesional y universidades para mostrar los beneficios de la responsabilidad fiscal.
Con las acciones previstas en la segunda línea de actuación se pretende impulsar el cumplimiento voluntario.
Entre éstas destaca la posibilidad del pago de tributos y sanciones a través de tarjetas de crédito, domiciliación bancaria y medios telemáticos además del desarrollo de un canal en Internet para la realización de todos los trámites de forma sencilla y ágil.
Además, se prevé potenciar la atención y asistencia a las empresas, aumentar la colaboración con los colegios profesionales y otras entidades para facilitar las obligaciones, así como incrementar el importe de las sanciones que recaen actualmente sobre la economía sumergida.
En cuanto a la prevención, el Gobierno canario establecerá un protocolo para que los servicios de inspección requieran datos específicos en sus visitas con el fin de que la información sea trasladada a los órganos competentes.
En materia de control y persecución del fraude laboral y fiscal se pondrá en marcha un canal confidencial para que los ciudadanos puedan trasladar sus denuncias; se intensificará la colaboración con Agencia Tributaria Estatal, Seguridad Social, cabildos y ayuntamientos.
Se suscribirán acuerdos de colaboración con organizaciones empresariales y sindicales, y se impulsará la cooperación con los cuerpos de seguridad para el control de los tributos vinculados a la importación y a las actividades turísticas.
