El Congreso convalida el plan contra el empleo sumergido
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado con los únicos votos a favor del PSOE y la abstención de PP, CiU y PNV el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que establece un periodo de regularización voluntaria hasta el 31 de marzo, y que endurecerá desde ese momento las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos.
La abstención de los nacionalistas vascos y catalanes, que han justificado para no ser “corresponsables” del plan, ha permitido a los socialistas salvar el rechazo de PP, ERC, IU, ICV y BNG, si bien las críticas a la norma han sido unánimes desde todos los grupos de la oposición, que han coincidido en calificar el decreto de “insuficiente” y denunciar lo que consideran una “amnistía” a las empresas.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido que el decreto responde a una coyuntura económica que exige “medidas contundentes” contra una economía sumergida que presenta “evidentes efectos negativos” para el conjunto de la sociedad, las empresas y las cuentas públicas.
En este sentido, ha insistido en que este “combate contra la crisis y la desconfianza en la economía española” pasa por “recuperar el mayor número de cotizantes posible” y no contempla “ninguna amnistía”, ya que las empresas sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas si regularizan a sus trabajadores “voluntariamente” y no hay ningún proceso de inspección abierto contra ellas.
10.000 EUROS DE SANCIÓN
Así, ha recordado que el plan establece que a partir del 1 de agosto una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.
Por otro lado, cuando el trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos 'en negro' la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros. “Queremos lanzar un mensaje contundente de tolerancia cero frente al empleo irregular”, ha remarcado.
AMNISTÍA PENOSA
El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, ha denunciado que el “decretismo” del Gobierno “no vale para nada” contra el paro, y ha asegurando que el plan es otra “gran chapuza” que no cuenta con las previsiones ni de objetivos “ni nada cuantificable” y confirma el “fracaso del diálogo social”. “Es como un coche sin ruedas que no sirve absolutamente para nada”, ha denunciado, lamentando la “amnistía penosa” que contempla.
El diputado de CiU, Carles Campuzano, ha lamentado el “fracaso” de las políticas del Gobierno contra la economía sumergida, ante la que ha abogado por regularizar los servicios como los del hogar, y ha remarcado que su formación sólo puede abstenerse en la votación en Pleno porque no quiere asumir la “corresponsabildiad” de un plan cuya eficacia pone en duda.
El portavoz de empleo del PNV, Emilio Olabarria, ha anunciado su también su abstención para “aliviar” al PSOE, pero no ha ahorrado críticas a una norma que, a su juicio, suponen una “verdadera amnistía” por mucho que a Gómez le “repudie” el término, y no actúa con “valentía” contra el empelo irregular.
RECHAZO TAMBIÉN EN LAS MINORÍAS DE IZQUIERDA
La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, ha asegurado que comparte con el Gobierno la necesidad de luchar “contra el fraude y la economía sumergida”, pero la norma presenta por Gómez es “del todo insuficiente” al negociarse “dejando especialmente al margen a los sindicatos” y “protegiendo” a las empresas, mientras consagra la “precariedad” de los trabajadores.
La representante del BNG, Olaia Fernández Dávila, ha remarcado que el decreto va a ser “totalmente ineficaz” porque no actúa específicamente en ámbitos o¡como el de los empleados del hogar, ni aclara el impacto en la regularización de trabajadores inmigrantes. Además, ha asegurado que para que haya más sanciones debe haber más inspección.
Por último, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha insistido en que se trata de una “amnistía parcial” con un sistema de “palo y zanahoria” que no resuelve el problema y sólo busca “maquillar las cifras de paro” y “penaliza” a las empresas que sí cumplen con la ley. “Ustedes se han cargad el empelo reglado y ahora parece que se quieren cargar el resto”, ha espetado al Gobierno.
SANCIONES MÁS DURAS E INCENTIVOS A LA REHABILITACIÓN
La iniciativa, que lleva en vigor desde primeros de mayo, comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años, con un incremento del 10% en la plantilla. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.
Además, las empresas que hayan cometido infracciones muy graves perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas por un periodo máximo de dos años, que se reduce a un año cuando la infracción es grave.
Por otro lado, el decreto amplía del 10% al 20% la desgravación en el IRPF por rehabilitación de viviendas, que se creó en abril de 2010 en el marco de los Pactos de Zurbano, con la intención de contribuir a generar empleo a través del impulso de esta actividad y mejorar el parque de vivienda existente.
