Las empresas denuncian que ejecutan obras públicas hasta un 40% por debajo de su precio real
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas ha denunciado que, en los últimos dos años, las empresas del sector están ejecutando obras públicas que se están licitando hasta un 8% por debajo del precio de mercado con bajas sobre el presupuesto que alcanzan una media de entre el 37 y el 41%. Esto significa que las empresas se tienen que endeudar aún más para ejecutar las obras públicas y que, además, según esta asociación, “se esté fomentando el fraude y la economía sumergida dentro de las propias empresas” para poder ejecutar las obras con un presupuesto tan bajo.
Así lo explicó este miércoles la presidenta de esta asociación, María Salud Gil, tras realizar un estudio sobre más de 200 obras que se han licitado en los últimos dos años. “Las administraciones públicas se están aprovechando de la situación crítica del sector de la construcción”, asegura Gil, quien revela que entre los criterios de adjudicación de una obra se valora hasta en un 50% el precio y en un 31% las mejoras, “que no son sino bajas encubiertas”.
“Con estas licitaciones se está promoviendo el fraude y la economía sumergida, además de que los pequeños y medianos empresarios tengan que asumir riesgos financieros brutales, insoportables”, añade Gil. Otro efecto perverso de estas licitaciones es que se están concentrando las adjudicaciones públicas en unas pocas grandes empresas, las únicas que pueden asumir esos riesgos, “con lo que se restringe la competencia”.
Los empresarios de la construcción proponen que el precio fijado en las licitaciones sea real y que se limiten las bajas “porque nadie puede asumir una baja superior al 15%”. Ante esta situación, la patronal ha contratado un servicio de asesoría jurídica para recurrir todas las licitaciones irregulares. “Vamos a ser implacables y llegar hasta donde tengamos que llegar para defendernos de los abusos de las administraciones públicas y de los abusos de la banca”, asegura.
“Es imposible que las cosas se hagan bien con un 40% de baja. Esto está generando el canibalismo entre las empresas que se presentan” y una merma en la calidad final. “Espero que las empresas no recorten en la seguridad de los trabajadores, confío en la responsabilidad de los empresarios”, manifestó.
La patronal dirige sus iras contra todos los niveles de la administración, pero en especial contra los ayuntamientos y cabildos, dado que el Gobierno canario limita algo más estas bajas. “El problema del Ejecutivo regional es que no es ágil a la hora de adjudicar”, culminó Salud Gil.
