Las empresas no podrán realizar redondeos al alza ni poner trabas a las bajas de sus clientes
El Pleno del Congreso aprobó este jueves por el proyecto de Ley de Mejora de la Protección de consumidores que prohíbe el redondeo al alza y facilita darse de baja de los servicios y que finalmente no incluye la constitución de un fondo de garantía de bienes tangibles.
La creación de este fondo para casos como el sucedido con las sociedades filatélicas Fórum y Afinsa fue introducida en el texto mediante una enmienda del PP que este jueves fue apoyada por CiU y rechazada por el resto de los grupos.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, señaló que el rechazo de la enmienda es “coherente” porque los fondos de garantía son normalmente aportados por las empresas y “en este caso se hablaba de fondo con dinero público”.
En su intervención en el debate, Salgado subrayó que la Ley “da respuesta a problemas concretos y cotidianos” de los ciudadanos y eleva su nivel de protección jurídica al tiempo que autoriza a las administraciones a adoptar medidas para hacer desaparecer riesgos.
En la defensa de la creación del esta iniciativa el diputado popular Vicente Martínez Pujalte criticó que Salgado no hubiera hecho referencia en su discurso a los afectados de Forum y Afinsa, intervenidas judicialmente el pasado mayo, algunos de cuyos representantes asistieron al debate del Congreso.
La ministra anunció durante su intervención en el debate un proyecto de ley para solventar los problemas suscitados cuando las infracciones cometidas por empresas afectan a personas en una comunidad diferente a la que radica la compañía infractora y avanzó que continuará con la regulación de los centros de atención al cliente.
Igual de fácil darse de baja que de alta
Entre las aportaciones del texto aprobado destacó la prohibición de los redondeos, el hecho de que darse de baja de un servicio sea igual de fácil que darse de alta o que los servicios de atención al cliente aseguren la atención personal directa.
Por su parte, el diputado popular José Ramón Calpe señaló que su grupo apoya la ley mayoritariamente, pero matizó que la aprobación tendrá un “sabor agridulce” ya que “no dará respuesta a las crisis de Air Madrid, Forum, Afinsa o el Prat”, afirmó.
Calpe criticó que “no ha habido respuestas” del Ministerio de Consumo hacia estas situaciones e instó a Salgado a que tome la iniciativa y “no vaya a remolque” en materia de consumo.
En respuesta, la diputada socialista Isabel Pozuelo rechazó la constitución de un fondo de bienes tangibles porque “en ningún caso sería de efecto retroactivo” y no constituye la medida adecuada para proteger a los afectados de Forum y Afinsa, señaló Pozuelo.
En este sentido, el diputado de CiU Jordi Xuclá defendió el fondo de garantías de bienes tangibles como fondo de anticipo “no como una entrega a particulares” y porque supondría una “expresión de una forma de solidaridad”.
Xuclá instó a los órganos reguladores a estar vigilantes por el cumplimiento de la ley y reclamó una regulación para los aparcamientos de los centros comerciales.
El pleno del Congreso rechazó la enmienda que pretendía la legitimación activa para imponer reclamaciones a las asociaciones organizaciones y colegios de naturaleza empresarial o profesional que apoyada por el PNV, CIU y CC.
En el turno de intervención de los grupos, Coalición Canaria señaló que la ley significa un “principio de seguridad jurídica”.
La diputada de IV-IU-ICV Carme García valoró la devolución extraordinaria al sector agrario del Impuesto de Hidrocarburos incluida en la ley y rechazó la creación del fondo de garantía de bienes tangibles porque “no se entendería que el Estado apoye a unos ahorradores cuando la mitad no llega a fin de mes”.
El PNV subrayó que la ley supone “un cumplimiento” de la Constitución ya que la defensa de consumidores y usuarios es un principio rector.
Según la diputada de ERC, Rosa Bonás, la ley se debate “en un mal momento” por la situación de Air Madrid y afirmó que debería ser “más extensa” para corregir la desprotección del consumidor en el sector aéreo.
