Las empresas de telefonía y los bancos son los “más tramposos” en Canarias
El director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, ha dicho este miércoles que las empresas de telefonía y la banca acumulan la mayoría de las denuncias de los consumidores porque son “las que mayor trampa hacen, es así de sencillo”.
Matos ha reconocido a las compañías de telecomunicaciones y bancos su capacidad de “innovación”, ya que, ha asegurado, “todos los días se encuentra un nuevo timo o una nueva práctica que coloca al consumidor en una situación de indefensión”.
En su argumentación ha puesto como ejemplo que ahora las compañías de telefonía optan por algo que es “manifiestamente ilegal”, como cortar el servicio, si se deja abonar alguna factura, “sin que haya una orden judicial o una resolución que lo justifique” y que eso, en la práctica, tiene un nombre: “coacción”.
“Hoy deber un recibo no es raro y, a veces, no es una deuda económica, que también, sino que es desacuerdo con la facturación o se discute con la compañía el cobro de un servicio no contratado”, ha agregado el director general.
Gustavo Matos ha destacado que, si el usuario no paga, la consecuencia directa es que le cortan la línea telefónica “sin que tenga la más mínima oportunidad de defenderse”.
En su opinión, estas empresas innovan todos los días porque la legislación se lo permite y, además, por que son conscientes de que los grandes números le siguen saliendo rentables, porque las sanciones y reclamaciones que reciben representan una pequeña parte sobre el volumen total de casos.
“Por esto son las compañías de telecomunicaciones la que tienen el mayor número de reclamaciones en la Dirección General de Consumo, el 80 por ciento, tanto en los servicios de Mediación como en los de Arbitraje”, ha señalado el director general de Comercio.
Matos ha explicado que las denuncias son variadas, desde servicios no contratados a problemas de permanencias, dificultades para altas y bajas, diferencias entre la velocidad contratada de internet con la que recibe. Y son tantas que, ha desvelado, “nos tienen el servicio colapsado”.
A su juicio, las oficinas municipales de información al consumidor y la Dirección General de Consumo se han convertido en una especie de servicio de atención al cliente de las compañías telefónicas, porque, si el usuario intenta resolver un problema con su empresa, el servicio que se va a encontrar es “deficitario e imposible”.
“Además, estas compañías juegan con la indefensión que, como no se esté de acuerdo, le cortan la línea y, a continuación, el caso puede llegar a que anoten sus datos personales en un registro de morosos, lo que le cierra el crédito en cualquier parte”, ha añadido.
Para Matos, la indefensión del ciudadano es de tal magnitud que “algo hay que hacer”, pues ha señalado que no es una cuestión de control posterior de la Dirección General de Consumo, sino legislativa, un proceso que va siempre “muy lento”.
“Se acaba de regular el 'spam' telefónico, que se limita a una serie de horas, pero hay otras prácticas como la cesión de los datos personales del usuario a compañías de recobro de facturas, unas empresas son súper agresivas porque trabajan a comisión, llevando al consumidor a una situación de acoso brutal”, ha subrayado.
Gustavo Matos ha hecho estas declaraciones en la presentación de una jornada de consumo que se celebrará mañana desde las 09.30 horas en Arucas (Gran Canaria) con el título “Crisis económica y protección al consumidor”.
La jornada tendrá entre sus ponentes al juez de Primera Instancia Juan Luis Egea, quien disertará sobre el registro de morosos; al notario Javier Martínez, que hablará del consentimiento informado en la contratación bancaria; y al inspector de la Agencia Española de Protección de Datos, Manuel García, cuya conferencia tratará sobre el fichero de información sobre solvencia patrimonial y crédito.
