Europa estima que la ‘tasa verde’ tendrá un impacto “pequeño” en el precio de los vuelos y modificará sus frecuencias

Aviones de Binter.

Toni Ferrera

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La subida de la tasa por emisiones de CO2, conocida como tasa verde, a los vuelos intraeuropeos aumentará el coste de los billetes de avión, pero ese incremento será “pequeño” y apenas se notará en el bolsillo de los pasajeros. Así lo ha defendido la Comisión Europea estos días, en palabras de la directora general de Política Regional, Monika Hencsey, y así lo indican los documentos comunitarios.

“A pesar de las consideraciones hechas en esta secciones, los impactos sobre las tarifas muestran que los niveles de cambio en el precio del billete son pequeños en comparación con las variaciones derivadas de otras variables, sobre todo las fluctuaciones del precio del combustible”, apunta un informe de Bruselas fechado el verano de 2021.

Las declaraciones de Hencsey llegan semanas después de que el turismo canario pusiera el grito en el cielo por una posible pérdida de viajeros a causa de las políticas climáticas de la Unión Europea (UE). El organismo supranacional acordó a finales del curso pasado elevar el coste de los derechos de emisión de CO2 en el sector de la aviación, que hasta ahora han sido en su mayoría gratuitos, para acelerar la descarbonización del mismo.

La normativa obliga a las aerolíneas a pagar por los gases de efecto invernadero que emiten. Iberia, por ejemplo, expulsó 5,67 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2019, el año previo a la pandemia, pero solo pagó por el 16% de estas, según un estudio de Transport & Environment (T&E) y Carbon Market Watch (CMW). La intención de la UE es acabar con esto y que las empresas de la industria apuesten, a su vez, por combustibles más verdes, como el biodiésel. Hacerlo, sin embargo, conlleva un coste. La patronal teme que eso se traslade a los turistas, pero Hencsey ha quitado hierro al asunto citando estudios de la propia institución.

“El impacto en las regiones ultraperiféricas de la modificación de la elegibilidad para el mercado de los derechos de emisión [ETS, en sus siglas en inglés] consistirá probablemente en cambios en las tarifas áreas y la frecuencia de los vuelos”, señala el texto de la UE. “Las repercusiones a más largo plazo podrían incluir disminuciones en el número de compañías áreas que operan en rutas no sujetas a las OSP si los costes del carbono afectan sustancialmente al margen de explotación de las rutas”.

El propio documento comunitario, eso sí, reconoce que estas modificaciones pueden afectar el “atractivo” de las RUP, como Canarias, altamente dependiente del turismo extranjero. Y que reducir los vuelos intraeuropeos tendrá repercusiones en el empleo, la educación y otras cuestiones de economía local. “Esto puede limitar el desarrollo económico de estas regiones”, remacha el informe. Con respecto al aumento del coste de los tickets de avión, la Unión Europea prevé alzas de entre el 1,2 y 2,6%, según el programa C0WIDE. De ahí que Hencsey haya animado al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a ver con buenos ojos la medida.

“Somos conscientes de la importancia del acceso [en las RUP]. Pero los vuelos que trasladan turistas desde lugares lejanos son muy contaminantes y una exención general tendría un gran impacto en la lucha contra el cambio climático”, dijo la directora general de Política Regional de la Comisión Europea. De hecho, la suma de todos los desplazamientos que realizan los turistas para venir a Canarias supone una media anual de 6,41 millones de toneladas de CO2, el equivalente a la mitad de lo que contaminaron las Islas en 2019 (13,03), según un estudio de investigadores tinerfeños de la Universidad de La Laguna (ULL).

Torres, por su parte, ha reiterado esta semana que va a seguir “batallando” por que el Archipiélago quede exento de la tasa verde en el transporte aéreo, una cuestión “vital” para la comunidad. El presidente autonómico considera que de momento solo hay “hipótesis” con respecto al futuro precio de los billetes y ha apelado a la “cohesión” de la UE para que “entiendan mejor” las necesidades de las regiones ultraperiféricas.

Todo apunta que Bruselas, de momento, pretende seguir adelante con lo pactado en diciembre de 2022: un mercado de emisiones más agresivo desde 2024, que no afectará a Canarias en los viajes interinsulares y nacionales, pero sí con el resto de Europa. Y una revisión de todo ello en 2028, bien entrada la disposición. 

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