El Gobierno canario destina 1,2 millones de euros a sociedades de garantía
Según informó este jueves la Consejería de Hacienda, el Gobierno además ha aprobado la primera modificación del decreto que regula el régimen jurídico-administrativo y el apoyo financiero que presta estas sociedades de garantía recíproca. Uno de los objetivos de este cambio es reducir el sistema de limitaciones impuestas en la aceptación de los avales y garantías que las sociedades de garantía recíproca prestan a sus socios partícipes ante la administración autonómica.
Así mismo, persigue reestructurar y sistematizar las obligaciones de remisión periódica de información a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda. Desde el área dirigida por José Carlos Mauricio añadieron que, desde su entrada en vigor y hasta la actualidad, esta norma ha supuesto el establecimiento de un sólido marco de actuaciones de colaboración, fomento, tutela, apoyo y control hacia las sociedades de garantía recíproca canarias, que se han configurado como uno de los más eficaces instrumentos de promoción empresarial.
La Sociedad de Garantías de Canarias, Sociedad de Garantías Recíprocas (Sogarte S.G.R.), domiciliada en Santa Cruz de Tenerife, y la Sociedad de Avales de Canarias, (Sogapyme, S.G.R.), con domicilio social en Las Palmas de Gran Canarias, son las dos más importantes que operan en las Islas. Ambas entidades están participadas por el Gobierno autonómico que actúa en calidad de socio protector, indica la nota.
El Gobierno de Canarias, en materia de apoyos financieros, a través fundamentalmente de la Consejería de Economía y Hacienda, ha concedido a las referidas sociedades durante el período 1990 a 2006 una cifra global de más de once millones de euros. El impacto de estas medidas ha supuesto el fortalecimiento de la solvencia y liquidez de ambas entidades, el incremento del número de socios partícipes (pymes) beneficiados, así como la expansión de su actividad en diferentes sectores emergentes de la economía canaria, con aumentos considerables de la cifra de riesgo en vigor que se deriva de la prestación de los avales y las garantías a las pymes.
