El Gobierno quiere que el transporte aéreo con la Península sea público
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, aseguró este miércoles que debido a la crisis en el transporte aéreo y al anuncio de reducción de vuelos al archipiélago, el Gobierno regional solicitará al Estado una declaración de obligación de servicio público en el transporte aéreo entre Canarias y la península.
El consejero efectúo la mencionada declaración en una comparecencia parlamentaria instada por Coalición Canaria (CC) sobre las medidas a tomar de cara al futuro en el sector del transporte.
“Vamos a pedir al Gobierno central que estudie la situación del transporte aéreo en las islas y, si la programación de vuelos no es satisfactoria de acuerdo a los intereses de Canarias, se pedirá al Estado que apruebe una declaración de obligaciones de servicio público en el transporte aéreo islas-península”, subrayó.
Aseveró que el Ejecutivo regional adopta de forma permanente medidas de carácter normativo, económico y fiscal, de planificación, coordinación y mejora de gestión, para optimizar el transporte en Canarias.
“Las decisiones del Gobierno van encaminadas a reducir las tasas, compensaciones a la lejanía, ultraperiferia e insularidad, control de tarifas, obligaciones de servicio público, infraestructuras y planificación”, agregó.
El Gobierno regional pretende reducir el impuestos sobre carburante en un 30%
Sobre el transporte terrestre, el consejero dijo que se seguía desarrollando la pertinente Ley de Ordenación, en la que se recoge la singularidad del territorio archipielágico y se apuesta por la modernización y la competitividad en el transporte de mercancías, discrecional y taxi.
Recordó que el Gobierno regional pretende reducir el impuesto sobre carburante en un 30% desde este mismo año.
Sobre el transporte marítimo, el consejero señaló que la situación es compleja porque se reducen las frecuencias y, por tanto, las plazas, debido a los “ajustes” que efectúan las navieras.
Juan Ramón Hernández afirmó que la nueva normativa que impulsa el Ejecutivo canario servirá para disponer de instrumento jurídicos con los que atender la demanda de más y mejor servicios de transporte marítimo regular, tanto en pasajeros como de mercancías.
Indicó que su departamento, como excepción al régimen de autorización administrativa, podrá someter a contratación de obligación de servicio público a aquellas líneas que no sean cubiertas por ninguna empresa.
Precisó que su departamento continúa trabajando en la búsqueda de fórmulas para incrementar las ayudas al transporte de mercancías, mejorando las subvenciones del Gobierno canario y el Estado.
Prioridad al desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo
“El Gobierno se plantea como prioridad absoluta el desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo, especialmente del baremo sancionador y de los derechos de los usuarios”, añadió.
El consejero recordó que recientemente se han adjudicado por un importe de 85 millones de euros actuaciones en los puertos de Garachico y Tazacorte.
Respecto al transporte aéreo, el consejero dijo que es el sector que con mayor virulencia ha sufrido la actual crisis económica.
Indicó que el propio consejero había servido de nexo de comunicación entre las empresas y los trabajadores de Binter Canarias, Spanair y Futura, ante el anuncio de reducción de frecuencias y de despidos de los trabajadores.
Flora Marrero, diputada de CC, afirmó que sin un buen sistema de transporte no hay actividad económica; “en el transporte se nos va la vida, Canarias progresa cuando hay un buen sistema de transportes”.
“En este momento, en Canarias necesitamos un sistema complementario porque nos comunicamos por mar y por aire”, subrayó.
“En el transporte marítimo”, continuó la diputada nacionalista, “nos preocupa la reducción de líneas, lo que afectará al transporte de mercancías, en el aéreo, debido a la crisis de Spanair, se va a reducir en un 50% el tráfico entre Canarias y la península”.
Julio Cruz, diputado del grupo Socialista, dijo que el consejero no había anunciado nada nuevo; “en carreteras poco se puede hacer si no se gasta el presupuesto para infraestructuras, y lo mismo ocurre en puertos”.
“Hay puertos”, prosiguió Cruz, “que necesitan una urgente inyección económica, como el de Corralejo (Fuerteventura) Agaete (Gran Canaria) y Playa Santiago (La Gomera) por su volumen diario de pasajeros, mientras se espera el gran puerto de Fonsalía (Sur de Tenerife), que antes era del Estado y que es fundamental para el transporte de las islas occidentales”, afirmó Julio Cruz.
El sistema está liberalizado y las actuaciones de los gobiernos son limitadas
Tras congratularse por las adjudicación de obras en los puertos de Garachico y Tazacorte, dijo que las obligaciones de servicio público se están cumpliendo.
“En transporte aéreo, hay una reducción importante del Spanair, que afecta a Canarias y debemos hablar con las compañías aéreas para garantizar un transporte adecuado”, agregó.
El diputado socialista recordó que en los tres tipos de transporte el sistema está liberalizado y las actuaciones de los gobiernos son limitadas, “pero se pueden hacer muchas cosas”, dijo.
“Esperamos realidades, como la ejecución presupuestaria, un desarrollo normativo por parte del Gobierno de Canarias en el terrestre y en el marítimo, porque todavía quedan muchos decretos por desarrollar”, concluyó Cruz.
