La larga batalla por abaratar la cesta de la compra
Noviembre de 2005: La Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias rechazaba las cinco primeras licencias comerciales solicitadas por la empresa alemana LIDL.
Febrero de 2010: la cadena internacional de supermercados inaugurará sus dos primeras tiendas en el Archipiélago.
Entre estos dos hitos separados por cuatro años de distancia se entrelaza una dura lucha entre el proteccionismo administrativo y la tenacidad empresarial, con los intereses de los consumidores como telón de fondo.
Según los datos del Observatorio de Precios del Ministerio de Industria referidos al último trimestre de 2009, la cesta de la compra de Canarias es un 6% más cara que la media del resto del país.
Una desventaja que, según anunció el director general de LIDL en España, Michael Aranda, el pasado jueves, se paliará si, como apuntó en sus previsiones, las familias canarias de cuatro miembros pueden ahorrarse anualmente 2.500 euros si compran en los nuevos establecimientos de la cadena alemana.
Precisamente, este potencial ahorro es el fondo del conflicto abierto durante años entre LIDL y el Gobierno regional, fuertemente presionado por las pymes comerciales que están imposibilitadas de afrontar una bajada de precios como la que puede hacer la multinacional alemana.
En octubre de 2005, la entonces consejera de Industria y Comercio, Marisa Tejedor, reconocía de forma implícita en el Parlamento que el grito en el cielo puesto por la Confederación de Pymes del Comercio (Confeco) podría ser la base de la negativa del Ejecutivo regional a otorgar las licencias de apertura a LIDL.
En aquella comparecencia parlamentaria, Tejedor recordó que Confeco había elaborado un informe en el que se apuntaba la desaparición de 27.000 pequeños y medianos comercios y la destrucción de 100.000 puestos de trabajo por el impacto del inicio de las actividades de establecimientos de descuento duro en el Archipiélago.
Un mes después, la Dirección General de Comercio rechazó la apertura de los supermercados LIDL en Puerto de la Cruz (solicitada el 25 de mayo de 2004) y Granadilla (con fecha 11 de junio de 2004), que son precisamente los dos primeros que se inaugurarán el próximo 4 de febrero, seis años después de la petición.
Junto a estos dos establecimientos, el Ejecutivo negó los de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna (que se inaugurará el 8 de febrero) y Agüimes, que abrirá sus puertas el 25 de febrero.
La excusa fue el reglamento que desarrollaba la Ley de Comercio, modificada ahora por la Directiva Bolkestein. El director regional de LIDL, Javier Suárez, lo resumió perfectamente en ese momento: “El reglamento nos deja un área de instalación en todo el Archipiélago de 3.600 metros cuadrados y sobre esa superficie sólo podemos usar hasta el 50%, por lo que en realidad quedamos limitados a 1.800 metros de área de venta”.
Como ejemplo de la dura restricción impuesta por el Gobierno canario a la implantación de LIDL, baste el dato de que el centro logístico inaugurado en Güímar el jueves tiene una superficie construída de 20.000 metros cuadrados en un solar de 27.000 metros cuadrados.
Fue el entonces director general de Comercio, Arturo Cabrera, quien expresó la filosofía del Ejecutivo para paralizar a LIDL: “Este tipo de fórmula comercial es muy agresiva y destruye empleos, por eso debe estar sometido a una regulación especial. Si LIDL no puede o no quiere operar con esa área, habrá otras enseñas que quieran instalarse en la región. Si no son ellos, será alguien más”.
El presidente de la Confederación Regional de Comercio (Coreco), Luis de Miguel, también lo tenía claro: “Si de Coreco dependiera, le habríamos cerrado la puerta al descuento duro, pero el reglamento los deja implantarse, aunque con menos metros”.
Lo cierto es que, tal y como dijo Aranda el pasado jueves en Güímar sin presencia de ningún representante del Gobierno en el acto oficial, “por fin LIDL es una realidad en Canarias” que supondrá la creación de más de 600 empleos directos, además de los indirectos.
“Nunca supusimos que fuese tan difícil gastar 200 millones de euros”, afirmó el máximo representante de LIDL en España al recordar que ésta ha sido la inversión realizada por la multinacional alemana en Canarias, aunque quiso mirar al futuro y olvidarse de los “obstáculos y temores” que han sacudido su implantación en la única Comunidad Autónoma donde, hasta ahora, no había ningún supermercado de esta cadena.
Ahora todo queda en manos de la ley de la oferta y la demanda, la relación calidad-precio de los productos y las preferencias de los consumidores. Éstos serán los que dicten un veredicto favorable a LIDL o a los temores de los comerciantes y el Gobierno regional.
