La 'letra pequeña' de las ayudas a las pymes deja fuera a empresas jóvenes o con deudas con la Seguridad Social

El decreto de ayudas impulsado por el Gobierno de Canarias para pequeñas y medianas empresas y para autónomos ha sido aplaudido por los distintos sectores empresariales en general, ya que conceder ayudas directas era la principal reivindicación que venían realizando desde hacía meses. No obstante, hay empresas que, al empezar a leer la letra pequeña del documento, han sentido decepción porque se han quedado fuera de las mismas. “Ni siquiera puedo presentarme”, afirma Juan Santiago, del restaurante Hestia, en Las Palmas de Gran Canaria. Su negocio no dispone de terraza y por las dimensiones de su acera tampoco podía acogerse a una provisional durante las últimas semanas en alerta tres por la pandemia. El motivo por el que no podrá acogerse a las subvenciones es porque comenzó su actividad en septiembre de 2019 y el decreto exige que se demuestre haber perdido en el segundo semestre de 2020 en comparación con el del año anterior un 30% de de la facturación. “¿Por qué no se tienen en cuenta las pérdidas del primer semestre, que estuvimos tres meses cerrados?”, se pregunta. En su caso, tendría que comparar sus ingresos en los últimos meses del pasado año, en los que hubo actividad desde junio, con los comienzos de su empresa, en los que en cualquier negocio cuesta obtener ganancias. 

El empresario dispone de un total de cuatro trabajadores además de él y explica que antes del confinamiento un trabajador decidió dejar la empresa, por lo que al reanudarse la actividad de la hostelería en el mes de junio realizó una nueva contratación. Cuando en enero de 2021 Gran Canaria subió de nivel de alerta y se impidió acceder a los comedores interiores de los locales volvió a echar el cierre y sus trabajadores regresaron al ERTE, excepto el nuevo trabajador, al que tuvo que aplicarle un despido. No obstante, al reabrir recientemente con el paso al nivel dos de alerta, lo ha vuelto a contratar. Mientras se producían los ceses de actividad, ha continuado pagando el alquiler, el agua, la luz, el seguro… El empresario además asegura sentir mucha incertidumbre por lo que ocurra hasta Semana Santa, cuando ya se está planteando desde el Gobierno aplicar más restricciones. Estará pendiente de las subvenciones que sacará el Cabildo de Gran Canaria. 

Otros empresarios apuntan la gran cantidad de requisitos que se piden en el decreto. “La situación en la calle no es lo que piensan nuestros gobernantes después de una parálisis prácticamente absoluta”, afirma el empresario del sector de las importaciones Sebastián Grisaleña. “Si van a exigir tantas normas y obligaciones, ¿después de un año cuántas empresas no tienen digamos diferencias con la Seguridad Social o cosas pendientes?”, se cuestiona y añade que “ tenemos que tener en cuenta que la administración ha seguido funcionando con inspecciones y sanciones”. El también presidente de honor de Cecapyme asegura que “muchas empresas van a tener muchísimas dificultades para estar al día y presentar la documentación”, e insiste en que si se ha tomado la decisión de ayudar a las empresas “tiene que ser ya”, pues “pasado mañana van a cerrar muchas más”. 

Las empresas deberán mantener su actividad 6 meses 

Grisaleña recalca que las ayudas “han llegado tarde” y cree que muchas empresas que se podían haber acogido finalmente no podrán hacerlo. Acreditar que se mantiene la actividad por un período de seis meses es otro de los requisitos que considera que van a frenar que se soliciten estas subvenciones por parte de las empresas ante la gran incertidumbre que existe hoy día por la evolución cambiante de la pandemia. En este punto señala que “por mucho que se hayan retrasado los pagos del IGIC o el AIEM, por ejemplo, ¿si hoy no puedo pagar, como voy a poder hacerlo en octubre?” El empresario recalca que se debió rebajar el IGIC, el IBI, el impuesto de basura, de facturación, de actividades económicas…“porque las empresas estaban cerradas”, recuerda. “El sector empresarial está en una situación difícil, compleja”, insiste. 

El presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas (AEBCRyO), Fermín Sánchez, afirma que el sector de la hostería sigue viviendo una gran incertidumbre. Aunque celebra el decreto de medidas, apunta que ahora hay que leer con calma la letra pequeña y que las empresas se encuentran estudiando si pueden acceder a las mismas. Sostiene que las ayudas no van a solventar los problemas que se atraviesan, pero sí cree que pueden aliviar un poco. Se muestra más optimista ahora que Gran Canaria se encuentra en nivel dos de alerta y se han relajado las restricciones al sector, pero subraya que ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria deberían ser más flexible con las terrazas temporales y permitirlas mayor tiempo, en los casos en los que sea posible, para mitigar los impactos de la pandemia en el sector y que se puedan amortizar por parte de los empresarios algunas inversiones que han realizado para acondicionar un poco estos espacios temporales. En este sentido, pone el ejemplo de otros municipios como San Bartolomé de Tirajana o Arucas, que han permitido continuar con esta iniciativa por un tiempo. 

Desde la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) sí que recalcan la importancia de que el ayuntamiento de la capital grancanaria haya sido el único en suprimir pagos como el de la tasa de basura durante 2020 y 2021, una medida que junto a otras como la eliminación de estas tasas para terrazas, de licencias de apertura, quioscos, autotaxis, hamacas y embarcaciones, puestos en el rastro y ferias y por ocupación del dominio público local con motivo del ejercicio de actividades mercantiles o industriales, aportan oxígeno al sector. 

El sector alojativo, pendiente de ayudas

El hecho de que haya que estar al corriente de pago de deudas tributarias y con la Seguridad Social es una exigencia de la normativa estatal para acceder a subvenciones públicas. La petición del sector empresarial era que las ayudas aplazadas no contaran como deuda, sino como aplazamiento. De hecho, una de las medidas que impulsadas por el Gobierno de Canarias y que se recogen en el decreto es que se permitió “la posibilidad de solicitar el aplazamiento hasta el día 20 de octubre de 2021, del ingreso de las deudas tributarias” y especifica que se trata de aquellas “derivadas de las autoliquidaciones periódicas correspondientes al primer trimestre del año 2021 del Impuesto General Indirecto Canario y del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias”. 

El decreto de medidas advierte de que el Gobierno está trabajando en la definición de ayudas a establecimientos alojativos turísticos por un total de 80 millones de euros adicionales. “El acceso a todas estas ayudas directas quedará facilitado por el aplazamiento de pagos fiscales, que permitirá a las empresas y autónomos cumplir con el requisito, exigido para acceder a las subvenciones públicas, de estar al corriente de sus obligaciones fiscales”, añade. 

José María Mañaricúa resalta que se vaya a aprobar el próximo mes este decreto, la “única ayuda directa que ha tenido el sector alojativo”, señala. Insiste en que hasta verano no podrá empezar a recuperarse este sector y que hasta entonces la única medida para subsistir serán los ERTE y estas ayudas del Gobierno de Canarias que les acompañarán hasta julio ante la ausencia de un plan estatal específico para el sector turístico, el más golpeado por la crisis del coronavirus. “Seguimos demandando un plan estatal específico para Canarias”, puntualiza.