El asalto privado a Emalsa que puede devolver la empresa a manos públicas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió en 1993 que la gestión del ciclo integral del agua (desalación, distribución, alcantarillado y depuración) debía ser mixta durante 50 años. El Consistorio capitalino se quedó con el 34% de las acciones. El restante 66% se lo repartieron a partes iguales la empresa francesa Saur y Unelco. En 2005, la constructora española Sacyr Vallehermoso adquirió las participaciones de la eléctrica. Así se ha mantenido hasta este año, cuando la compañía gala ha copado las acciones de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas S.A. (Emalsa), haciéndose con el 66% de las acciones, la parte privada en su integridad, sin siquiera consultar con el gobierno de la octava ciudad más poblada de España. Una operación que se produce justo antes de que se materialice la compra de Saur por parte de un fondo de inversiones sueco, propiedad de una de las familias más poderosas del mundo.
Paradójicamente, esta operación puede provocar que una entidad de primera necesidad pase a manos públicas, si no en su totalidad, al menos mayoritariamente, porque en los estatutos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas que rigen la empresa se deja bastante claro que la compañía no puede estar participada por un solo socio privado en un porcentaje superior al 49%, o lo que es lo mismo, abastecer de agua potable a más de 400.000 personas en la ciudad capitalina y en Santa Brígida.
“Si uno de los accionistas adquiere el dominio de más del 49% del total” de las acciones, las “que superen dicho porcentaje serán ofrecidas a los restantes socios”. Y añade: la “transmisión, total o parcial, de las acciones privadas está sujeta al derecho de tanteo del accionista público”, en este caso, el Ayuntamiento de la capital grancanaria. A raíz de la posibilidad de ejecutar el derecho de tanteo, el gobierno tripartito de la ciudad capitalina (PSOE, Nueva Canarias y Las Palmas de Gran Canaria Puede) ha decidido encargar, como primera medida, un informe jurídico. Dependiendo del resultado del documento, el Consistorio podría acudir a los tribunales y ejercer el derecho de tanteo que le corresponde y quedarse con el 51% de las acciones o deshacer la compra y adquirir el 33% de la operación realizada entre Saur y Sacyr para que el 67% de las acciones de Emalsa puedan recaer en manos públicas.
El derecho de tanteo que tiene el Ayuntamiento no se ha ejercido aún porque, según Pedro Quevedo, socio de gobierno por Nueva Canarias (NC), esta operación de la parte privada se le ha dado “cerrada” al gobierno del municipio, que solo ha alcanzado a conocer “que algo estaban pensando (las empresas privadas) porque había algún comentario genérico”. Pero en ningún momento han podido anticiparse a esta “operación de ingeniería financiera”.
Se refiere Quevedo a la maniobra de la empresa francesa Saur, que salió a la venta en abril y en julio eligió la oferta de compra del fondo de inversiones sueco ETQ, propiedad de la poderosa e influyente familia Wallenberg, aunque no será hasta noviembre (se espera que en esa fecha el gobierno francés de luz verde a esta operación) cuando se materialice la adquisición.
PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canarias apuestan por una mayoría pública en Emalsa
Mientras el Ayuntamiento de la ciudad capitalina mantiene la prudencia, el concejal de Empleo y Turismo del Consistorio ha adelantado que su partido, Nueva Canarias. pretende “aprovechar este movimiento” para que haya “mayoría pública en el control de Emalsa”. Asegura que desde su formación siempre han defendido “que el control del ciclo integral del agua sea de interés de general”.
El secretario general del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, ha explicado que en el programa electoral de 2015 de su formación se recogía “la posibilidad de remunicipalizar Emalsa”, pero matiza que actualmente existen una serie “de restricciones a nivel presupuestario del Estado”. Pérez reconoce que si los informes jurídicos dan la oportunidad para aumentar la titularidad pública de la empresa, el PSOE “lo respaldará”.
Desde Las Palmas de Gran Canaria Puede, Javier Doreste ya ha manifestado en más de una ocasión el interés de Podemos de recuperar la titularidad pública de Emalsa en su totalidad o que el Ayuntamiento tenga la mayoría de las acciones, algo que, según ha asegurado varias veces, es viable económicamente.
Por contra, la concejal de Ciudadanos Beatriz Correas ha recordado que “ya hace más de tres años que Sacyr está intentando quitarse las acciones” y ha criticado que el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, presente en el Consejo de Administración de Emalsa (el alcalde Augusto Hidalgo ostenta la presidencia), “no haya intentando hacerse con las acciones para recuperar el control público y, como mal menor, conseguir una empresa solvente que adquiriera esa parte del accionariado”. Ahora que se ha dado esta situación, Correas no entiende cómo el Consistorio ha dejado que sucediera si, según los Estatutos “tiene derecho de tanteo sí o sí”.
Quevedo considera que “la parte privada tiene potestad para hacer lo que considere sin consultarlo con nadie”.“Otra cosa”, añade, “es que estemos o no de acuerdo” en un asunto que afecta al “interés general de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria”. En cualquier caso, asegura que NC “no va a aceptar una situación como esta” y ha justificado que ahora mismo el 66% de las acciones de Emalsa esté en manos de una sola empresa privada porque “en su día se cometió un error de bulto y se dejó al Ayuntamiento atado de pies y manos” porque “se permitió que dos entidades privadas pudiesen tener entre las dos el 66% de las acciones de Emalsa. De aquellos polvos, estos lodos”.
De la privatización a los tribunales
En 1993, durante el mandato del entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Emilio Mayoral, Emalsa se privatizó parcialmente y su gestión se adjudicó mediante concurso a Saur y Unelco, con un 33% de acciones para cada una, y un 34% para el gobierno de la ciudad capitalina. Los socios privados tendrían tareas de gestión mientras que la parte pública ostentaría la presidencia en el Consejo de Administración y tendría capacidad para autorizar las subidas de las tarifas del agua. Y nunca un solo socio privado podría tener más del 49% de participación.
La decisión plenaria del 22 de marzo de 1993 que permitió la semiprivatización de Emalsa fue recurrida en varias ocasiones por Aquagest (filial de Aguas de Barcelona, que pertenece a la francesa Suez) en los tribunales, al considerar que su oferta era la más beneficiosa para el interés público municipal. La Justicia le dio la razón y pasaron años de reclamaciones y denuncias continuas hasta que llegó José Manuel Soria a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria (1995-2003). El mismo que había prometido remunicipalizar Emalsa en su campaña electoral y teniendo la oportunidad de hacerlo dada la situación judicial que atravesaba, certificaba la decisión tomada ocho años antes con otro pleno celebrado en octubre de 2001. Aquagest elevó su protesta hasta el Tribunal Constitucional, que en 2013 desestimó sus demandas y cerró de forma definitiva el conflicto en favor de la semiprivatización de Emalsa.
En medio de este largo proceso, en 2005, la constructora Sacyr Vallehermoso, a través de su filial Valoriza, compró la filial de Unelco (Nuinsa) que tenía el 33% de las acciones de Emalsa. Ahora, en la operación que ha realizado Saur al adquirir Nuinsa para a su vez entregárselas al fondo de inversiones sueco, también ha obtenido el 100% restante de Sercanarias (que se encarga de la red de saneamiento de la ciudad capitalina y era propiedad a partes iguales de Saur y Valoriza). Es decir, que esta operación no se ha centrado solo en comprar el 33% de las acciones en Emalsa de Sacyr, sino que la compañía gala ha adquirido todo el paquete de Nuinsa.
Pero Emalsa no tardaría en volver a los tribunales, esta vez en forma de una compleja trama que aún se investiga en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en la que los socios privados, a los que se añadiría Satocan, presuntamente se repartían contratos de obras y servicios, operaciones de compra-venta o remuneraciones complementarias con sus filiales. La investigación comenzó durante el mandato de Juan José Cardona (Partido Popular), que remitió en 2012 a la Fiscalía un escrito con informaciones publicadas en prensa, lo que provocó, diez meses después, la denuncia de la coordinadora de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Evangelina Ríos, ante los juzgados de la capital isleña por presuntos delitos societarios, y la imputación de quince empresarios y directivos relacionados con Emalsa.
A raíz de esta noticia, dimitieron en bloque los consejeros de Sacyr y Saur imputados y, a excepción de José Luis Rubio Días de Tudanca y Pierre José Pans, que aún continúan a pesar de estar siendo investigados, ya no queda nadie de aquella época en la que el propio presidente del consejo, Juan José Cardona, decidió intervenir temporalmente y controlar las actuaciones de la empresa, algo que se aprobó en 2014. Esta consistía en introducir en la sociedad durante 18 meses al entonces jefe de la Unidad Técnica de Aguas del Ayuntamiento, Rafael Bolívar, para que analizara el estado de la empresa, lo que hizo a través de varios informes.
Con esta actuación, Cardona también pretendía paliar los vertidos de aguas fecales en el litoral este de la ciudad capitalina, provocada por el mal estado de las infraestructuras de Emalsa, que llevó incluso a que se prohibiera el baño en la playa de La Laja. La responsabilidad era achacada por el Consistorio a los socios privados y estos hacían lo propio con el Ayuntamiento capitalino. Lo cierto es que la Justicia condenó en 2016 al actual gobierno del tripartito -PSOE, Nueva Canaria y Las Palmas de Gran Canaria Puede- a pagar 6,6 millones de euros a Emalsa por impago de facturas de saneamiento durante el mandato de Cardona (entre 2013 y 2014), consecuencia de un recurso interpuesto por la empresa contra el Ayuntamiento en 2014.
El gobierno de la ciudad capitalina no recurrió por temor a agravar la situación, ya que el PP tampoco había abonado las facturas entre 2014 y 2015. Por el contrato de saneamento firmado en 1998 por Soria el Ayuntamiento estaba obligado a pagar una cuantía fija anual independientemente de que Emalsa hubiera realizado los trabajos. Por ello, el Consistorio no solo se comprometió a pagar los 6,6 millones de euros a los que le obligaba la Justicia, sino que abonaría un total de 14,5 millones de euros, tras aprobar la medida en un pleno por 15 votos a favor y 14 en contra, ante el temor de que llegaran nuevas sentencias que le obligaran a ejecutar dicha cantidad.
Ciudadanos acudió en octubre de 2016 a la Fiscalía por considerar el pago irregular y, en mayo de 2017, el Ministerio Público trasladó al Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria la denuncia al apreciar indicios de delito de administración desleal, algo que el Consistorio ha negado. El pago de los 6,6 millones de euros ya se ha realizado, no así los 7,9 restantes, que han sido retenidos por la Intervención General, según ha asegurado la concejala de la formación naranja Beatriz Correas, contradiciendo la versión del concejal de Aguas de la ciudad capitalina, que aseguró que está reservado a la espera de que se resuelva un expediente abierto a fin de establecer cómo deben hacerse.
El precedente: cuando Pepa Luzardo trató de vender Emalsa a FCC
La actual diputada del Partido Popular, Pepa Luzardo, fue la única persona que en el pleno del 22 de marzo de 1993 votó en contra de la semiprivatización de Emalsa. Sin embargo, ocho años después, ya en el gobierno de la ciudad bajo la alcaldía de Soria, votó a favor de volver a adjudicar el 66% de las acciones a Saur y Unelco.
Durante su mandato (2003-2007), heredando la época de Soria con todas sus consecuencias, se efectuó la compra de Nuinsa por Valoriza-Sacyr a Unelco. Luzardo afirmó entonces que se había enterado de esta operación por la prensa porque la eléctrica no informó a la compañía y, por ello, no pudo ejercer su derecho de tanteo. Pero en lugar de encaminarse a la remunicipalización, el PP trató de dejar Emalsa prácticamente al 100% en manos privadas.
En el mandato de Soria ya Unelco le había comunicado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria su intención de vender su filial y le ofreció el 33% al Consistorio, que podría haber tenido un 67% de la empresa, pero el entonces alcalde se negó argumentando que la situación no era propicia al estar recurrida por Aquagest. Por su parte, Luzardo tuvo que aceptar en 2005 la compra del 33% por Valoriza, pero propuso vender la participación del Ayuntamiento y quedarse con un 1% simbólico de la compañía. Se llegaron a poner ofertas sobre la mesa, una de ellas provenía de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), a la que pertenecía como alto ejecutivo en las Islas la pareja de entonces de Luzardo, Ángel Castanedo. Pero nunca se llegó a producir.
Emalsa volvería a ofrecerse en su totalidad a los socios privados por iniciativa del alcalde socialista Jerónimo Saavedra (2007-2011), que pretendía vender el 29% de las acciones públicas para hacer frente a la crisis económica. Saur aceptó, pero la operación se frenó porque superaba el 49% de participación de un socio privado; ante esta situación se le ofreció a Valoriza aumentar su participación, que ya ostentaba un 33%, pero la filial pertenecía a Sacyr Vallehermoso y las constructoras no recibían crédito de los bancos debido a la crisis económica.
De Saur a los Wallenberg, una de las familias más poderosas en el mundo
En julio de este año se conoció que el fondo de inversiones sueco EQT, creado por la familia Wallenberg, había sido el elegido para comprar la compañía francesa Saur, que soluciona de esta forma años de reestructuración financiera e incluso amenazas de quiebra que han dejado a la compañía al borde de la extinción.
Por algo más de 1.500 millones de euros, se espera que la operación se materialice en noviembre, cuando el gobierno francés dé su visto bueno a una inversión extranjera en un sector estratégico, pues Saur es el tercer proveedor de agua más importante en Francia, después de Veolia y Suez, y suministra a 12 millones de personas en todo el mundo. Para la compañía gala, esto supone una buena noticia, como recogió el periódico Le Monde.
Saur, fundada en los años 30 del siglo XX para producir y suministrar agua potable y tratar aguas residuales, fue absorbida por Bouygues en 1984, que le da una dimensión mundial a la empresa en 1994 fundando Saur International. Sin embargo, en el siglo XXI, Bouygues quiso centrarse en las telecomunicaciones y en 2005 se deshizo de la compañía. Comenzó entonces la venta de acciones de Saur de socio en socio al tiempo que disminuían los ingresos y se incrementaba la deuda con la crisis económica. En 2013, al borde del precipicio, es rescatada por los bancos, liderado por BNP Paribas, también intervinieron Natixis y Royal Bank of Scotland.
En 2015 se rumorea una posible adquisición de Saur por parte de la empresa de construcción española FCC, que no llega a ocurrir. Aunque mejoró su situación, en abril de 2018 Saur sale a la venta interesando inicialmente a 11 candidatos de los que solo quedaron cuatro. Finalmente, la empresa gala se decantó por el fondo de inversión sueco creado en 1994 por la familia Wallenberg en Suecia, pero actualmente instalado en Luxemburgo.
La poderosa dinastía familiar Wallenberg comenzó a gestar su imperio económico y financiero en el siglo XIX con la fundación del banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), a través del cual fueron cimentando su influencia ampliando su control en numerosas empresas nacionales e internacionales, como la de automóviles sueca Saab, el líder en ingeniería eléctrica y automatización ABB, la multinacional de telecomunicaciones Ericsson, además de muchas más entidades. Ahora, si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo permite o no lo impide, la familia Wallenberg controlará el ciclo integral del agua en la capital isleña.
