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Dos detenidos del PIL admiten haber cobrado comisiones

Dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife pertenecientes al PIL, Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, confesaron al juez instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, haber reclamado a un empresario comisiones ilegales con el fin de agilizar pagos pendientes del Consistorio con la mercantil que prestaba servicios de limpieza al municipio capitalino.

Así consta en la parte del sumario del caso Unión a la que han tenido acceso los diarios digitales lanzaroteños, La Voz de Lanzarote y Diario de Lanzarote, según publican ambos este mismo martes. Las informaciones se refieren a las declaraciones de Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez ante el juez, después de su detención el 25 de mayo de este año, al desatarse el operativo llevado a cabo por la Guardia Civil.

“El primero que me habla de la posibilidad de exigir comisiones ilegales es José Miguel [Rodríguez]”, confesó Ubaldo Becerra a la juez después de ser detenido. El empresario al que se le reclamó unos 20.000 euros para cada uno de los concejales era José Antonio Castellano, que desde abril de 2008 tenía bloqueados los pagos a su empresa de servicios de limpieza del Ayuntamiento de Arrecife.

Según consta en el sumario, el bloqueo de los pagos coincidió con la salida del PIL del empresario, y al principio se le exigió un porcentaje importante de la cantidad adeudada por parte del Consistorio. Se llegó a negociar, antes de que Castellano acudiera a denunciar el presunto cohecho ante la Guardia Civil, el 10% del millón y medio de euros que debía el Ayuntamiento al empresario.

También el empresario Matías Curbelo, detenido el mismo 25 de mayo junto a Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez y el “jefe” Dimas Martín -este en la cárcel de Tahiche cumpliendo condena- intermedió en el intento de compra del empresario denunciante, que llevó el caso a la Guardia Civil el 11 de febrero de este, ya con la operación Unión en marcha, desatada en su fase de investigación y escuchas por la denuncia original del secretario insular del PSC-PSOE, Carlos Espino, al recibir una oferta de compra por parte del empresario ligado al proyecto urbanístico de Costa Roja, en Yaiza, Fernando Becerra, hermano de Ubaldo Becerra.

En concreto, La Voz de Lanzarote publica parte de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil. “Lo que hablamos ayer, eh, es más de lo que me habías dicho. Ya lo hablé hoy, muy bien aclarado todo, y no hay ningún problema. Me han dicho que vale, que de acuerdo? Y ya les he dicho que yo me comprometo a eso y que no voy a quedar como un chaco. Ah, y por cierto, que nada, que son 8, ¿vale?... No como hablamos ayer, en vez de 10 pasar a 8”.

Quien habla es el concejal del PIL Ubaldo Becerra y el interlocutor era Isaac Castellano y “lo que hablamos ayer”, era la deuda de casi un millón y medio de euros que el Ayuntamiento de Arrecife mantenía con su padre, José Antonio Castellano García, por servicios y trabajos prestados por sus empresas al Consistorio desde el año 2002 en adelante.

Figura en la información firmada por Isabel Lusarreta que el día anterior, Isaac Castellano y Ubaldo Becerra se habían reunido en una pizzería y, según la investigación, habían tenido un “desencuentro” porque le pedían una comisión del 10% a cambio de agilizarle el pago. En la conversación mantenida al día siguiente, Becerra se comprometía a rebajarla al 8%.

Lo que no sabía el entonces teniente alcalde de Arrecife es que tres semanas antes, el padre de Isaac había presentado una denuncia precisamente por este tema, y los teléfonos de Ubaldo Becerra y de otros miembros del PIL habían sido intervenidos.

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