La operación frustrada de Juan Francisco Rosa en Costa Roja

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lleva a cabo la investigación de la Operación Unión, considera en un atestado fechado el pasado 22 de mayo que el empresario Juan Francisco Rosa iba a ser el gran beneficiado de la operación urbanística de Costa Roja.

Esta operación urbanística originó la operación policial, ya que el promotor inicial de los terrenos, Luis Lleó, intenta sobornar a Carlos Espino (secretario insular del PSOE) a través de Fernando Becerra para desbloquear los problemas legales que tienen esos terrenos en Playa Blanca (Yaiza).

El intento de soborno se produce en junio de 2008. Espino pone los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y comienzan una serie de negociaciones, grabadas por la UCO, entre Becerra y Espino. El primero dice que Lleó ya tiene un comprador para esa parcela, que valdría 18 millones de euros y le ofrece la mitad de una comisión de unos 900.000.

Ese mismo mes, Lleó, al que se le pincha el teléfono, tiene múltiples conversaciones telefónicas con banqueros, abogados y asesores en las que se especifica el intento de compra-venta de los terrenos de Costa Roja a Juan Francisco Rosa. Entre los interlocutores se encuentra uno de sus abogados, Manuel Matamoros, el director de Bancaja en Arrecife, Ginés Rodríguez o el abogado de Rosa, Antonio de la Cámara.

Tras un encuentro entre Rosa y Lleó, según se deduce de las conversaciones de este último con otras personas, Lleó da instrucciones a su asesor fiscal, Jerónimo Campón, para que se ponga en contacto con el asesor fiscal de Rosa, Juan Luis Lorenzo, de Ernst & Young, para la compra venta de Costa Roja.

Lleó, posteriormente, le dice por teléfono al abogado Matamoros que ha cerrado las negociaciones con Rosa. Una parte de la parcela la adquiriría Rosa subrogándose tres cuartas partes del préstamo que tiene Lleó con Bancaja y otra parte se haría mediante en contrato privado.

Negociación con Bancaja

La intención de Rosa es firmar cuanto antes, siempre y cuando Bancaja acepte. Según una conversación de Lleó, Rosa viaja a Mallorca con el director regional de la entidad bancaria para intentar conseguir 16 millones de euros pero el banco sólo está dispuesto a dar once millones y la operación se complica.

En otra conversación, Rosa habla con Lleó y le pone al teléfono al abogado Antonio de la Cámara, que le propone una nueva forma de compra: crear una sociedad nueva. Negocian varias operaciones, entre ellas la de adquirir también la Estación de servicio Playa Blanca y el Parque Logístico. Rosa y Lleó, según la investigación, se conciertan para presionar a Bancaja, usando distintas versiones, para que el banco le dé 6,5 millones a Rosa.

Lanzarote H2

La operación de Costa Roja se cristalizaría en el denominado proyecto Lanzarote H2, plasmado en un documento que Becerra le entrega a Espino y que incluye más de un millón de metros cuadrados en los que habría, entre otras cosas, una zona residencial y turística, un centro multitemático, otro ornitológico, un campo de golf, hospital universitario, zona social sanitaria, una incubadora de empresas internacionales, etc.

Costa Roja tiene dos parcelas: una de 120.000 metros cuadrados en la que se iba a hacer una urbanización de mil viviendas que se encuentra paralizada por orden judicial y está siendo investigada por el Juzgado número 8 de Arrecife y otra mucho más grande que incluiría el megaproyecto Lanzarote H2. Las fincas que completarían el proyecto, según los investigadores, pertenecen a la sociedad Rentalanz, de la que es administrador Juan Francisco Rosa.

Para poder realizar el proyecto haría falta, según la hoja de ruta que encarga Luis Lleó, un cambio en la clasificación del suelo, que debe hacerlo el Ayuntamiento de Yaiza. También haría falta aprobar un Plan Territorial Especial Turístico (PTE) y un plan parcial que se incluiría en el Plan General de Yaiza, que se acababa de comenzar a tramitar y que se adjudicó al arquitecto Jorge Coderch.

Mala situación financiera

La operación urbanística se frustra, en un principio, por la mala situación financiera de Rosa, si bien en el mes de septiembre se retoman los contactos. Lleó comenta en dos conversaciones interceptadas, una con su abogado y otra con el director de Bancaja, que le ha llamado Rosa para decirle que quiere el cien por cien de los terrenos que Costa Roja tiene en Playa Blanca por cuarenta millones de euros.

Aquí se empezaría a vislumbrar la nueva forma de desbloquear la parcela, según unos comentarios realizados por Lleó, que dice que Rosa cree que se va a solucionar el tema de los hoteles y que podría pedir dinero, diferentes cantidades, a varios empresarios.

Lleó llega a decir que la ventaja que tienen él y su socio Fernando Martín con esa parcela es que Rosa está obsesionado con ella y que tiene mucho amor propio. La Guardia Civil cree que Rosa no puede renunciar a la parcela porque tendría firmado algún preacuerdo de compraventa.

Dada la falta de liquidez de Rosa, Lleó incluso intenta ejercer de intermediario en la venta del edificio de El Mercadillo de la Calle Real, que pertenece a Rosa, a la familia Becerra. Lleó sondea a Fernando Becerra para cerrar una operación que la daría liquidez a Rosa y por tanto facilitaría la venta de Costa Roja.

Imputación

La negociación con esa parcela, dadas sus dificultades legales, derivan hacia la intención de que los hoteleros afectados por licencias ilegales compren trozos de suelo de dicha parcela, que iba a quedar por completo en manos de Rosa, y lo cedan al Cabildo de Lanzarote como compensación por la legalización de los establecimientos.

La UCO considera que Juan Francisco Rosa sería el gran el gran beneficiado de esta operación porque salvaría sus dos hoteles (Princesa Yaiza y Son Bou, dos de los tres que no tendrían posibilidad de ser legalizados, según el documento elaborado por el PSOE y presentado un año después, el 15 de octubre de 2009 cuando gobernaba en el Cabildo) y porque pasaría a ser el propietario de los terrenos y a lograr un beneficio económico.

La Guardia Civil considera que Rosa podría ser auto de un delito de tráfico de influencias y además, en dos autos firmados por el juez César Romero, el 5 de febrero y el 1 de abril de 2009, se nombra al empresario Juan Francisco Rosa como imputado en el procedimiento.

Este empresario , en un escueto comunicado, aseguraba la semana pasada que no ha participado en ninguna trama para la construcción de la urbanización Costa Roja en Playa Blanca y que si tal trama ha tenido lugar es “por completo ajeno a ella”.