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Piden 6 años para Dimas y 8 para Batllori

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado seis años de cárcel para el expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín y ocho para el exconsejero de Empleo regional Francisco José Rodríguez Batllori por cargar facturas falsas al Ayuntamiento de Arrecife y a Inalsa, según informa la agencia Efe.

El Ministerio Público sostiene que, desde prisión, el fundador del PIL ideó un procedimiento para que Batllori cobrara de dos administraciones bajo su control una serie de trabajos inexistentes, que en realidad servían para pagarle las gestiones que estaba realizando para conseguirle el tercer grado penitenciario e interesarse por el resto de causas penales que tenía pendientes.

La Fiscalía considera que, en esta pieza separada del caso Unión, existen indicios suficientes para acusar a Martín y a Rodríguez Batllori de dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación, a los que en el caso del letrado y exconsejero se suma un tercer cargo de falsificación de documentos.

El fiscal también formula acusación en este asunto contra otros cuatro cargos públicos del PIL: los entonces concejales de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez Sánchez y María Luisa Blanco, y los responsables de Inalsa en aquel momento, la consejera delegada Plácida Guerra Cabrera y el gerente Rafael Elorrieta Larrea, yerno de Dimas Martín.

Anticorrupción considera a estos cuatro acusados autores de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, al facturar trabajos que no se llevaron a cabo ni en el Ayuntamiento ni en Inalsa, y pide que se les imponga una pena de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta a todos ellos, salvo para José Miguel Rodríguez.

La acusación pública propone para este último una pena menor, de un año de cárcel y tres de inhabilitación, en reconocimiento a la colaboración que ha prestado para averiguar los hechos y a su decisión de depositar en el Juzgado número 5 de Arrecife los 16.941,18 euros que admite haber pagado a Batllori.

Anticorrupción sostiene que Dimas Martín, entonces en prisión por otro proceso penal, encargó a Batllori que le hiciera gestiones con personas de relevancia pública y judicial de las islas para agilizarle el tercer grado y obtener información e interesarse de los procedimientos penales que tenía pendientes.

Para ello, ambos acusados idearon la contratación de Batllori por los concejales del grupo PIL “afines y subordinados políticamente a Dimas Martín”, quien en febrero de 2008 concertó en un hotel de la capital de la isla una reunión con los concejales de Hacienda y Personal en la que “convinieron de manera verbal llevar a cabo el fraudulento abono de fondos públicos”.

El fiscal señala en su escrito que todos ellos fueron conscientes de que Batllori nunca iba a realizar trabajo alguno de asesoramiento para el Ayuntamiento de Arrecife y conocían que era un ardid para traspasar dinero público a beneficio del exconsejero autonómico, que además en ese momento estaba contratado como funcionario del grupo A de la Administración regional y no podía percibir otra remuneración pública.

El total del dinero satisfecho e ingresado en la cuenta personal de Batllori entre marzo de 2008 y abril de 2009 ascendió a 16.941,18 euros netos, si bien el 12 de mayo de 2009, el exconsejero regional trató de percibir otros 3.529,41 euros entregando al entonces concejal de Hacienda una factura que no pudo cobrar porque el edil fue detenido en el marco de la operación Unión.

El pago de dicha factura, sin embargo, fue autorizada por la acusada María Luisa Blanco por labores de asesoramiento a su concejalía, sin que existiera ninguna relación contractual que ligara a Batllori con el Ayuntamiento y sin que hubiera desempeñado ningún tipo de actividad, siempre según la acusación.

Los concejales de Hacienda y Personal eran plenamente conscientes del “amaño ideado” para pagar con dinero público las gestiones particulares que Batllori hacía a Dimas Martín y no pusieron ningún reparo a dicho pago y al contrato, que además era ilegal.

Batllori y Martín procedieron de manera igual con la consejera delegada y el gerente de Inalsa, ambos también del PIL, que ya sabían que el exconsejero recibía dinero público del Ayuntamiento, y “no les importó” acordar otra “fraudulenta contratación simultánea” con la empresa de aguas.

Para ello, Dimas Martín se valió de la estrecha amistad que mantenía con la consejera delegada y de su yerno, con quienes se concertó el plan en el mes de mayo de 2008 a partir de una reunión que el líder el PIL preparó para que Elorrieta conociera a Batllori.

Según Anticorrupción, Elorrieta cerró un pacto verbal con Batllori para el pago bimestral de cantidades con cargo a Inalsa, cuando el exconsejero presentara facturas en concepto de minutas de honorarios por labores de asesoramiento.

El fiscal añade que, ante su “ánimo desmedido de lucro”, Batllori llegó a percibir tres sueldos con cargo a fondos públicos, como funcionario de la Comunidad Autónoma y como asesor externo del Ayuntamiento y de Inalsa, organismo del que recibió entre marzo de 2008 y abril de 2009 un total de 21.882,35 euros netos, que le fueron abonados en su cuenta personal tras presentar seis facturas “inveraces” y por unos servicios no realizados.

Además, la primera de las facturas que presentó Batllori fue por labores de colaboración y asesoramiento prestados durante los meses de marzo y abril de 2008, por importe de 6.666,67 euros, lo cual era “materialmente imposible” porque quien le contrató verbalmente, el acusado Elorrieta, fue gerente de Inalsa a partir del 8 de mayo de 2008.

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