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Rivero anuncia un adelanto de la consulta sobre las prospecciones

El presidente canario reclama a Mariano Rajoy que frene los sondeos para evitar "un divorcio institucional"

Rivero pide a los principales accionistas de Repsol, Caixabank y Sacyr, que "reflexionen" sobre su compromiso con Canarias

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El presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, conversa con el vicepresidente José Miguel Pérez al comienzo del Consejo de Gobierno de Canarias. (EFE)

El presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, conversa con el vicepresidente José Miguel Pérez al comienzo del Consejo de Gobierno de Canarias. (EFE)

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este miércoles que se redoblarán los esfuerzos para adelantar la consulta popular con el fin de que sean los ciudadanos del Archipiélago los que se expresen respecto a si quieren o no que se lleven a cabo las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. El Ejecutivo acordó, en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Arrecife, pedir al Parlamento que habilite la primera semana de septiembre para que el pleno de la Cámara debata una comunicación que le remitirá el Ejecutivo sobre el particular.

En ese sentido, ha avanzado que la idea es que en ese pleno de la Cámara autonómica se fije la fecha definitiva para la celebración de la consulta, para lo que el Gobierno espera tener aprobados los decretos necesarios a principios de octubre, con el fin de que pueda celebrarse cuanto antes.

Rivero ha comparecido ante los medios de comunicación tras la finalización del Consejo para tratar sobre la autorización del Ministerio de Industria a Repsol para que inicie las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, una actividad de "alto riesgo" que considera incompatible con la actividad turística.

"Vamos a confiar en que Rajoy actúe como un hombre de Estado, cumpla con lo dicho en Baleares y suspenda las prospecciones en ambos archipiélagos", ha afirmado Rivero, quien ha exigido "igualdad y coherencia" al presidente del Gobierno español.

"No es lógico que se ponga en riesgo el futuro de los dos archipiélagos que juntos representan más del 50% de la actividad turística del país para beneficiar los intereses de una empresa privada", ha señalado Rivero.

Ha adelantado que el Ejecutivo autonómico "redoblará" todas sus iniciativas contra las prospecciones, "no sólo en el marco judicial, administrativo y social", sino también en el terreno político.

En ese sentido, ha destacado los encuentros que espera mantener en septiembre con el Rey Felipe y con el presidente Mariano Rajoy, además de los contactos que el Gobierno canario mantendrá con el resto de fuerzas políticas y sociales del archipiélago.

Rivero ha recordado que Rajoy se ha comprometido a suspender las prospecciones en Baleares ante el mínimo indicio de riesgo de contaminación, por lo que ha exigido el mismo trato para Canarias.

Ello supone, ha argumentado, que se deben paralizar ya los sondeos previstos 50 kilómetros al este de Lanzarote y Fuerteventura porque, en el propio expediente, algunos organismos dependientes del Estado ya hablan en sus informes de riesgos.

También se ha dirigido el presidente canario a los principales accionistas de Repsol, Caixabank y Sacyr, para que "reflexionen" sobre su compromiso con Canarias y sus ciudadanos.

Rivero ha señalado que dirigentes de esas dos empresas le han manifestado que las prospecciones en las islas no son prioritarias para ellos, pero que siguen adelante "presionados por el regulador", en referencia al Ministerio de Industria.

El presidente del Ejecutivo regional ha dicho que "el abuso y el desprecio del Gobierno de España con los canarios" le motiva cada día más para continuar luchando para impedir que los sondeos petrolíferos "que afectan al futuro del archipiélago" se lleven a cabo.

En el plano jurídico, ha adelantado que el Gobierno de Canarias recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que dio vía libre a las prospecciones y presentará un recurso de alzada contra la autorización del Ministerio de Industria, previo a una posterior vía judicial en la que se reclamará la suspensión cautelar de los sondeos.

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