El Gobierno español inicia los trámites para recurrir la consulta canaria sobre los sondeos
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar al Consejo de Estado el informe previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la consulta a los ciudadanos convocada por el Gobierno canario sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al Archipiélago.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de este acuerdo del Consejo de Ministros, con el que se inicia el trámite para recurrir el decreto por el que se desarrolla la ley canaria que permite convocar la consulta, así como la propia convocatoria a las urnas, fijada para el 23 de noviembre.
El Gobierno ha solicitado el dictamen del Consejo de Estado con carácter de urgencia, con fecha límite del 24 de octubre.
Es el Ejecutivo el que, en su petición de informe al Consejo de Estado, dicta el plazo en el que debe pronunciarse esta institución. En el caso del decreto de convocatoria de la consulta soberanista catalana, fue de 48 horas.
El dictamen no es vinculante pero sí preceptivo antes de que el Consejo de Ministros autorice al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a interponer el recurso ante el Constitucional.
La impugnación por el Gobierno central de un decreto o una ley aprobada por una comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional puede acarrear, si el Ejecutivo así lo solicita, su inmediata suspensión por un plazo de cinco meses.
El Boletín Oficial de Canarias publicó el 3 de octubre el decreto de convocatoria de la consulta sobre las prospecciones petrolíferas para el 23 de noviembre con la siguiente pregunta: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”.
Una formulación que, a juicio del Ejecutivo canario, es “intachable” y legal, por lo que confía en que, antes o después, los canarios puedan pronunciarse sobre los sondeos.
La ley en la que se apoya el Ejecutivo canario para convocar la consulta -Ley de Fomento de la Participación Ciudadana- data de 2010, pero su desarrollo ha sido aprobado este verano mediante el decreto que ahora va a impugnar el Ejecutivo.
