Canarias emprende nuevas acciones judiciales contra la autorización a Repsol
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves emprender acciones judiciales contra la resolución de 6 de octubre por la que el secretario de Estado de Energía desestima el requerimiento previo formulado por el Gobierno de Canarias contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y de Minas que autorizó a Repsol la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación denominados Canarias 1 a Canarias 9.
El Gobierno de Canarias entiende que se está dando “un tratamiento desigual a Canarias con respecto a Baleares”, ha dicho Martín Marrero, portavoz del Gobierno regional.
El pasado 11 de agosto, la Dirección General de Política Energética y Minas autorizó a Repsol la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos Canarias 1 a Canarias 9.
El Gobierno de Canarias impugnó esa resolución mediante un recurso presentado ante el secretario de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. De acuerdo con la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, este recurso fue calificado de requerimiento previo, requerimiento que también fue desestimado mediante esta última resolución (de 6 de octubre), ha indicado Marrero.
Respuesta a Rajoy
Por otra parte, el Ejecutivo canario considera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está “en las antípodas de la verdad” cuando da a entender que las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias no conllevan ningún riesgo, pues “hasta Repsol ha reconocido que existe”.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha lamentado que, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso celebrada este miércoles, Rajoy “viniera a argumentar que no hay riesgo ninguno” y ha recordado que el expediente técnico sobre el proyecto las menciona y evalúa.
A su juicio, la actitud del presidente del Gobierno se debe probablemente a que fue mal asesorado, “quien la pasó las notas lo debería haber hecho con mayor rigor”, pues tanto Repsol como el Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas y el Instituto Geológico y Minero han reconocido que existe algún riesgo de vertido.
Asimismo, ha indicado que el Gobierno canario acatará la ley si el Estado recurre la consulta popular sobre las prospecciones convocada por el Gobierno de Canarias, tal como ha anunciado.
El recurso implica la suspensión de la consulta durante un período máximo de cinco meses, pero “eso no quiere decir que no se vaya a celebrar”, pues “no es un recurso jurídico sino político”, según Marrero.
El portavoz canario ha recordado que existe un precedente similar en la Ley de Renovación Turística, “los pasos son idénticos y actualmente está plenamente en vigor” después de que dijeran que era “absolutamente ilegal”.
