Muere un alto jefe de las FARC en una operación del Ejército colombiano
el Negro Acacio
Medina Caracas, jefe del frente número 16 de las FARC y quien está reclamado en extradición por jueces de Estados Unidos, murió el pasado fin de semana en la región de Cumaribo, unos 400 kilómetros al sureste de Bogotá, declaró un portavoz militar. Según la Policía colombiana, este cabecilla rebelde se encargaba de las actividades de narcotráfico de las FARC y del manejo de los fondos así obtenidos para la compra de armas.
Asimismo, se le consideraba socio del capo brasileño Luiz Eduardo Da Costa, alias Fernandinho Beira Mar o El emperador de Río de Janeiro, detenido el 19 de abril de 2001 en las selvas del Guainía (sureste colombiano) y entregado a la Justicia de su país, donde fue condenado a 30 años de cárcel. Las fuentes confirmaron que el domingo por la noche la Fuerza de Tarea Omega, un escuadrón de elite del Ejército colombiano, atacó el campamento de Acacio y libró duros combates.
Aunque en el fin de semana se mencionó la posibilidad de que un importante cabecilla de las FARC había muerto en enfrentamientos con el Ejército, la noticia se divulgó una vez cotejadas las huellas dactilares del insurgente muerto, añadieron las mismas fuentes.
Orden de detención internacional
Sobre el Negro Acacio pesaban al menos 17 órdenes de captura y una circular de detención internacional emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El jefe guerrillero era perseguido desde hace más de dos años por el Ejército colombiano, que afirmó haber estado cerca de detenerlo varias veces. Según fuentes policiales, el guerrillero se reunía desde hace seis años con Fernandinho Beira Mar en las selvas colombianas del Vichada, que limitan con Brasil y Venezuela, para manejar grandes negocios de cocaína a cambio de fusiles y municiones.
Acacio logró escapar en 2001 de la operación Gato negro, lanzada para detenerlo y en la que fue capturado Fernandinho. Ésta es considerada como la muerte más importante de un jefe de las FARC en los últimos años.
La semana pasada fue descubierto un campamento en el Caquetá (suroeste) en el que al parecer se encontraba Carlos Antonio Lozada, quien fue uno de los negociadores de las FARC en las gestiones de paz celebradas en el Gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y quien al parecer logró huir herido. En esa operación militar se halló un ordenador portátil de Lozada en el que aparecía importante información sobre planes para atentar contra políticos colombianos.
Por ese motivo, las autoridades colombianas consideraban la posibilidad de que el guerrillero muerto fuera Lozada.
Emboscada en el centro del país
Mientras, al menos dos suboficiales y ocho soldados colombianos murieron el domingo en una emboscada tendida por guerrilleros de las FARC en una zona montañosa del departamento de Quindío (centro), informó una fuente oficial.
El comandante de la VIII Brigada del Ejército, general Jairo Antonio Herazo, dijo a los periodistas que los hechos se presentaron en el municipio de Pijao, en Quindío, a unos 300 kilómetros al oeste de Bogotá. Los militares fallecidos formaban parte de una patrulla de un batallón de alta montaña que tenía la misión de cortarle el paso a los guerrilleros que se mueven por esa región, dijo Herazo sin ofrecer más detalles.
Según Herazo, la patrulla estaba conformada por unos 20 hombres, entre oficiales, suboficiales y soldados adscritos a la VIII Brigada. La región de Quindío es considerada por la inteligencia colombiana como un corredor estratégico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que la utilizan para movilizarse y cometer delitos, de acuerdo con las autoridades.
Tropas desplazadas en helicóptero llegaron a la zona para perseguir a los rebeldes de las FARC, que se internaron en la parte alta de la montaña, indicaron fuentes castrenses. Igualmente, las tropas de refuerzo tenían la misión de confirmar si hubo más muertos en las filas del Ejército colombiano, señalaron las fuentes.
Comisión de Cruz Roja
Por otro lado, la comisión de la Cruz Roja en la que participa el ex ministro Álvaro Leyva espera recuperar este lunes los restos de los once diputados regionales colombianos muertos cuando estaban secuestrados por la guerrilla de las FARC, tras partir de madrugada al lugar donde se hallan los cadáveres.
Familiares de los fallecidos confirmaron en Cali (suroeste) la salida de la comisión a la zona, no precisada, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían dejado los restos de los políticos, que murieron el 18 de junio en circunstancias no aclaradas. “La Cruz Roja nos ha informado de que esta madrugada la comisión partió a recoger los cadáveres y confían que a finales de la tarde de hoy estarán llegando a Medicina Legal (de Cali) para el análisis de los restos”, dijo Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, quien presidía la Asamblea departamental del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, cuando fue secuestrado.
Perdomo precisó que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) les informó a los familiares de que estuviesen preparados para acudir a la sede de Medicina Legal de Cali tan pronto les comuniquen la llegada de la comisión. El CICR ha aludido a la confidencialidad y la prudencia para no precisar el lugar donde se encuentran los cadáveres para no poner en peligro la operación, en particular después de que el pasado jueves el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, afirmase que dos días después se entregarían los restos.
Las FARC informaron el pasado 28 de junio de la muerte de once de los doce diputados departamentales en un enfrentamiento ocurrido el día 18 de ese mes con un grupo armado no identificado, aunque el Gobierno siempre calificó como un asesinato ese hecho. Uno de los diputados sobrevivió al no hallarse en el lugar de los enfrentamientos, según la guerrilla.
Los doce diputados regionales habían sido secuestrados en abril de 2002 en la propia sede de la Asamblea. Tras el anuncio de la muerte de los diputados, el CICR fue encargado, tanto por la guerrilla como por el Gobierno, para garantizar su seguridad, de recoger los restos mortales de los políticos.
