La querella contra el franquismo continúa adelante en Argentina
La Justicia de la República Argentina sí investigará, finalmente, los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura franquista en España (1936-77). La Sala Número 2 de la Cámara Federal de Apelaciones admitió este viernes el recurso presentado por los demandantes para revocar el archivo decretado en primera instancia por la juez María Romilda Servini de Cubría a principios del pasado mayo y, por tanto, devuelve la causa para su investigación en los juzgados de instrucción.
Familiares de víctimas del franquismo, que presentaron la querella en Buenos Aires el 14 de abril junto a una decena de organizaciones sociales de los dos países (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina o Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), apelaron la resolución de la juez Servini de Cubría, que consideró vinculante el dictamen del fiscal Federico Delgado, bajo el amparo del principio de jurisdicción universal y la ausencia de acciones procesales en España. De hecho, la presentación de la querella en el 79º aniversario de la proclamación de la II República se convirtió también en una muestra de respaldo desde Latinoamérica al juez español Baltasar Garzón, impulsor de las causas contra las dictaduras argentina o chilena, después de su procesamiento por parte del Tribunal Supremo al investigar los crímenes franquistas.
Según la jurisprudencia esgrimida en el fallo por la Cámara de Apelaciones, con fecha 3 de septiembre, “para garantizar el derecho a la tutela judicial de la víctima en esta instancia, el juez debe realizar el control de legalidad y razonabilidad del dictamen”. Sin embargo, en el archivo decretado por Servini de Cubría “no se ha evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria ?obtenida en Internet- (sic) representa sustento suficiente” y, por ello, la Sala II asume el argumento querellante de que el ministerio público “basó su opinión en una hipótesis falsa y sin constancia legal acumulada al expediente que le permita afirmar que el objeto de esta causa es idéntico al que originó la investigación penal en España y que dicha investigación se esté llevando a cabo”.
De hecho, la resolución de este viernes, facilitada a CANARIASAHORA por el despacho jurídico de Ricardo Huñis y Máximo Castex, considera “atinada la medida solicitada por los querellantes, consistente en que se libre exhorto por vía diplomática, a fin de que el gobierno español informe si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. En definitiva, el archivo inicial de la causa penal por los crímenes franquistas “carece de fundamentación y de sustento en el ordenamiento vigente”.
Igualmente, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones resolvió en otro auto fechado el 3 de septiembre admitir el recurso interpuesto por Inés García Holgado, familiar del alcalde de Salamanca fusilado en 1937, tras una resolución de la juez María Servini de Cubría contraria a su presencia en la querella y “legitimar activamente” su actuación en la causa. De este modo, García Holgado continúa al frente de la causa 4591/10 junto a Darío Rivas Cando, exiliado en Argentina por su condición de hijo del alcalde socialista de Castro Rei (Lugo) fusilado en 1936, para advertir de que “olvidar el pasado es cometer una injusticia con las víctimas de la represión y con las generaciones futuras”.
Según añadió el exiliado gallego al presentar la querella en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (ABA), “sin memoria no hay justicia”, por lo que “sólo afrontando nuestro pasado podremos vencer a nuestros fantasmas. El camino de la concordia y la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido”. Una senda marcada ahora con una nueva huella por parte de los tribunales latinoamericanos como respuesta al deseo expresado en abril por el presidente de ABA, Eduardo Tavani, tras la persecución judicial de genocidas del subcontinente desde España: “Esperemos que la justicia argentina esté a la altura y se pueda empezar a pagar una justa deuda en una suerte de rizo de la Historia”.
