El Supremo decide no juzgar a los militares que expulsaron a Zelaya
TEGUCIGALPA, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, sobreyó definitivamente este lunes la causa contra los seis militares de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas que expulsaron de Honduras al mandatario derrocado Manuel Zelaya tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio.
El juez ha decidido sobreseer el proceso contra el jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez Velásquez; el sub jefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; el comandante del Ejército, Miguel Ángel García Paddget; comandante de la Fuerza Aérea, Luis Javier Price Suazo; el comandante de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez, y el inspector de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuellar García.
La defensa logró demostrar que “antes y después de que se produjera la captura del señor Manuel Zelaya Rosales, los imputados recibieron información confiable en el sentido de que el país corría un peligro grave, real e inminente no solo en el orden institucional, sino en cuanto a las pérdidas de numerosas vidas humanas”.
Todo esto era “motivado por las acciones violentas de los seguidores de Zelaya Rosales, entre los que se encontraban personas originarias de otros países”, señala la documentación presentada por los abogados divulgada por la prensa local.
El texto recuerda que una vez que Zelaya fue trasladado, sus seguidores “protagonizaron una serie de agresiones a personas no afines a ellos, incendios, atentados a establecimientos públicos y privados, así como contra medios de transporte”.
La Fiscalía de Honduras presentó el pasado 6 de enero un requerimiento en el que solicitaba al Supremo el procesamiento de la Junta de Comandantes del Ejército, a quienes acusa de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y expatriación en perjuicio de la seguridad interior del Estado.
Zelaya fue expulsado de Honduras el pasado 28 de junio después de que un grupo de militares entrara por sorpresa en su vivienda mientras dormía y lo llevara en pijama hasta el aeropuerto de Tegucigalpa donde tomó un avión rumbo a Costa Rica.
El golpe de Estado ocurrió el mismo día en el que el mandatario derrocado tenía previsto hacer una encuesta en la que les preguntaría a los hondureños si estaban de acuerdo con instalar una cuarta urna en los comicios del pasado 29 de noviembre, que serviría para realizar un referéndum en el que se consultaría la posibilidad de modificar la Constitución.
El documento del Supremo concluye que “en aras de preservar la democracia, la paz y la integridad material y física de los habitantes” de Honduras, incluido “el propio Zelaya”, optaron entonces por trasladarlo a Costa Rica, donde permaneció varios días tras ser derrocado.
Juan Carlos Sánchez, uno de los abogados de los militares, ha dicho que “la defensa está confiada en el trabajo que se realizó durante el transcurso de la audiencia inicial y desde el punto de vista procesal en las pruebas que fueron presentadas”.
