Más de catalanes y lo mismo de presupuestos

La semana pasada hice a Artur Mas paradigma del catalán de buena fe que ha ido desde el autonomismo consagrado en la Constitución hasta las fronteras del independentismo que aún no ha cruzado. Como hay gente para todo, hay quien me reprochó que tratara de justificar al presidente de la Generalitat. Lo único que me faltaba. En realidad, me limité a constatar que hasta ahora, que yo sepa, Mas no se ha declarado abiertamente independentista por lo que no puedo atribuirle esa condición. No es que considere bueno, malo, medio pensionista o lo que sea el independentismo, sino que si uno no quiere perderse ha de atenerse a los hechos, que, en este caso, son informaciones en los medios, en las que incluyo entrevistas que se le han hecho y que me permiten advertir en Mas una evolución no muy diferente a la observada en varios amigos catalanes.

El primer Mas del que tuve noticia se decía autonomista convencido y consideraba el independentismo una antigüalla que conduce a la frustración colectiva. Abogaba entonces por el desarrollo del sistema autonómico que muy bien pudo representar el texto de la reforma del Estatuto que dio lugar a la sentencia de junio de 2010 del Tribunal Constitucional (TC); la que disparó el independentismo que ha capitalizado Esquerra Republicana (ERC). La sentencia la provocó el PP que, en su feroz campaña de destrucción del presidente Zapatero, vio una buena oportunidad de golpearlo en aquella reforma estatutaria sin pararse a pensar en las consecuencias. La sentencia hizo ver a quienes querían encajar a Cataluña en el sistema autonómico español que habían hecho el canelo. Se quedaron sin argumentos. La sentencia, recordé la semana pasada, tenía un preámbulo que los catalanes consideraron ofensivo en el que el TC se decantaba por las posiciones militantes del nacionalismo españolista y anulaba algunas disposiciones iguales a las que siguen vigentes en otros estatutos promovidos o apoyados por el PP.

Después de aquello, Mas, ya como presidente de Cataluña, presentó en Madrid una propuesta de pacto fiscal que Rajoy rechazó de plano sin considerarla siquiera. Era la clave de bóveda de su política al frente de la Generalitat por lo que no le quedó otra salida que reconocer su fracaso y convocar las elecciones anticipadas de 2012. Volvió a formar Gobierno con el propósito programático de consultar directamente a los catalanes qué querían ser en el futuro. El famoso derecho a decidir que evidenció la falta de cintura y de capacidad de diálogo de Rajoy, empeñado en señalar a esa reivindicación democrática básica como bandera del independentismo; favor por el que le quedarán eternamente agradecidos los independentistas que amenazan con vender todo el pescado. No quiso ver Rajoy que no son pocos los catalanes que quieren ser consultados para decir no a la independencia y acabar con semejante guineo o reducirlo a su dimensión real, ya sin cabreos. Pero está claro que el nacionalismo españolista no se opone a la independencia sino a cualquier fórmula que permita pronunciarse a la ciudadanía. Y más cuando trata de imponer una recentralización que acabe con el sistema autonómico muy en la línea, por cierto, de Aznar. Y de la involución democrática. Que por ahí van los tiros lo demuestra que casi el 90% de los ajustes (de los recortes, para decirlo mejor) han corrido a cargo de las comunidades y de las corporaciones locales mientras se mantenían los dineros y efectivos de la Administración de que vuelvan los buenos tiempos con las autonomías cautivas y desarmadas habrá acabado todo. Los recortes han ido contra la sanidad y la educación gestionadas por las autonomías y apenas han tocado el gasto corriente de la burocracia estatal. Están preparando el relevo.

Con todo y a lo que iba: sigue Mas sin declararse independentista y afirmando que no se saldrá de la ley en lo que Rajoy, negado a resolver políticamente el problema, cualquier problema, vuelve a recurrir a los tribunales. No se ha atrevido o no ha querido abordar la cuestión como Dios manda, por emplear su latiguillo, ni siquiera para contrarrestar mínimamente la intensa propaganda soberanista o poner en evidencia la utilización de fondos de la Generalitat para financiarla. Se limita a lo que todo el PP cacarea, como si nos creyera imbéciles: el imperio de la ley, principio esencial de convivencia que están choteando más de lo aconsejable. En su nombre ha recurrido en el asunto del 9-N al TC convencido de que fallará a favor suyo, bonito fuera, con olvido del convencimiento dicho popular (de la gente, del pueblo, no de los peperos) de que quien hizo la ley, hizo la trampa. Le importa tres pitos que nunca haya sido bueno dilucidar en los tribunales cuestiones que deberían resolverse en el terreno político cosa que, en este caso, ni siquiera ha intentado. Y ocurre, como era de cajón, que esa práctica dañó el crédito de la Justicia en general y en particular el del TC después de la tan citada sentencia de 2010 sobre la reforma del Estatut. Como señalara Carles Viver, vicepresidente emérito del TC, este tribunal no se limitó en aquella sentencia a contrastar los preceptos impugnados con lo establecido en la Constitución sino que hizo gala de activismo político españolista; y no hay motivos para pensar que vaya a comportarse ahora de manera distinta.

Cualquiera que se pare a enjuiciar la labor de los gobiernos del PP, lo haga con apasionamiento o sin él, podrá comprobar el daño que ha hecho a todas las instituciones del Estado para proteger a auténticos impresentables, quitar de en medio a personajes molestos para llegar a La Moncloa. La más reciente, lo de la caja b del PP, que ha negado hasta la saciedad el propio Rajoy y que ahí está. Un feo asunto al que le ha venido muy bien la escandalera catalana para que se hable de otra cosa.

Todo eso ya se verá así que, de momento, me quedo con que esta vez el choque de los dos nacionalismos, el catalán y el españolista, ha adquirido una dimensión que desborda a sus protagonistas. Por parte de Mas, la insistencia españolista, que lo ha puesto de malo de la política, le está sirviendo para afianzar un liderazgo que, bien mirado, no tiene: no es él quien manipula a los catalanes y los induce a echarse a la calle sino que es la calle la que lo arrastra a él. El PP no ha entendido que ya no es CiU quien hegemoniza la política catalana ni basta entenderse con ella para solventar las papeletas puntuales con las que ha tenido que enfrentarse el Gobierno central en los últimos treinta años. Repárese, por ejemplo, en el caso Pujol al que Hacienda no ha molestado en esos seis lustros, a pesar de sospecharse (de saberse, incluso) que si no relucía oro en el ex honorable era porque lo había convertido en billetes que pesan menos. La liebre no saltaba porque Madrid contaba con él para salir del paso hasta la próxima vez que nos veamos. El que, de repente, confesara públicamente Pujol sus dineros, ocultos por falta de tiempo para acudir a la oficina de Hacienda más cercana, indicó que se le había acabado la bula y prefirió anticiparse y salir a la palestra antes de que tiraran otros de la manta. Quiso controlar lo más posible los efectos de una revelación que sería del género tonto no inscribir en el marco de la batalla de Cataluña. A lo mejor, pensaron en Madrid, bastaba darle un toque a Pujol para que Mas se dejara de boberías y cerrar el asunto; en falso, como siempre. Se trataba, en fin, de desacreditar el soberanismo golpeando a quien se había erigido en referente de la honestidad y el sentido ético del patriotismo catalán. No sé si ha sacado el Gobierno español alguna consecuencia de que el caso Pujol no haya afectado, por lo que llevamos visto, al soberanismo. Lo que, a mi entender, refleja parte del fondo del secular problema catalán con el españolismo por cojones.

Quiero decir que Mas no solo se enfrenta a Madrid sino a una nueva realidad catalana que CiU ya no controla. No le es posible conchabarse. En alguna ocasión me he referido a que en las filas soberanistas se aprecia la creciente presencia de no catalanes y no catalanistas que arriman el hombro al soberanismo de acuerdo con la máxima ciceroniana ubi bene, ibi patria y la otra, ubi bona, ibi patria, siendo bene equivalente a estar bien, feliz y satisfecho y bona todo lo que es dinero, fortuna y cuentas en Suiza. A lo que iba: viven en Cataluña ciudadanos de fuera que se siente tan agraviados por el Gobierno central como los catalanes y expresan su descontento allí donde le ofrecen una pancarta y hasta hacerse independentistas; y no entro para nada en lo que pueda haber en los agravios de cierto o de exageración victimista en el nacionalismo catalán, que lo hay. Los Presupuestos Generales del Estado 2015 abundan en lo que les digo al fijarle a Cataluña la menor inversión en 17 años: es un 57,9% menos que la de 2011. Cataluña es la última de las comunidades peninsulares en inversión por habitante (124 euros); lo que ya son ganas de molestar. Montoro se ha revelado como un espléndido rompetechos.

Es complicado adivinar cómo acabará todo. Para Josep Ramoneda, no habrá consulta porque en la actual relación de fuerzas la ruptura de la legalidad sería suicida para el independentismo. Igual resulta que el ejercicio del tan traído y llevado derecho a decidir, fundamental en democracia, pondría de manifiesto que su reivindicación no implica necesariamente la secesión. “Los catalanes son muy suyos”, como suelen decir los anticatalanistas moderados, pero no bobos como para no apreciar los inconvenientes de su separación de España. Dice también Ramoneda que el Gobierno español seguirá sin hacer una propuesta que merezca ser tenida como tal porque su “sobreactuación en la defensa de la unidad de España” (de la noción españolista de unidad, habría que precisar) es la única bandera electoral que le queda al PP. Dentro de lo que cabe, la visión de Ramoneda es optimista frente a la de quienes se dicen convencidos de que por el camino que va, el conflicto desembocará en violencia. Piensa que el soberanismo irá ganando nuevos bríos, acumulando fuerzas en cada convocatoria electoral. Para Ramoneda, en fin, “el resurgimiento del conflicto catalán es una derivada de la crisis de un régimen muy deteriorado, en España como en Cataluña. Es hora de emprender cambios de calado. Pero el Gobierno español se niega a reconocerlo”. Su incapacidad para la democracia incapacita al PP hasta para tomar nota de la salida dada en el Reino Unido a la cuestión escocesa. Por mucho que digan que es un caso distinto, no lo es en cuanto a que el tratamiento político que le dio Londres le permitió jugar sus bazas.

Presupuestos estatales y referéndum ilegal

Si con la que hay formada el Gobierno fue capaz de poner a Cataluña en la cola de las comunidades peninsulares en inversiones estatales, no íbamos los canarios a salir mejor parados. Salvo para Australia Navarro, diputada regional del PP para quien estamos bienísimo y el archipiélago avanza de forma significativa. Sin embargo, según el consejero de de Economía y Hacienda del Gobierno canario, los presupuestos no compensan el déficit de financiación de los servicios públicos esenciales en relación con la media estatal y aunque se ha hablado de un aumento de los dineros, está muy lejos de compensar la reducción de más del 50% que han sufrido las inversiones estatales en Canarias en los últimos tres años. El déficit respecto a las demás regiones aumenta en 161 millones y el gasto por cada canario queda en 127 euros, nada menos que 115 menos de la media del país. Y ya me niego a entretenerme con las excelencias de la reforma fiscal. Asier Antona la presentó a la Prensa y se le fue el baifo al indicar que “el PP apuesta porque paguen los que menos tienen”. El subconsciente tiene esas cosas y es muy capaz de poner a cualquiera en evidencia. Sobre todo en un partido donde tanto cambian las consignas de obligada repetición; como la relacionada con la elección directa de los alcaldes, sin arreglos de despacho que violentan la voluntad del electorado, algo de mucha risa en boca de peperos expertos en apaños de puerta cerrada.

Lo que no he podido aclarar es si la subida a los jubilados de dos euros, que leí en algún sitio, es la cantidad de repartir entre todos o si son dos euros a cada uno.

Menos mal que contamos con José Manuel Soria para entretenernos aunque, la verdad, de un tiempo a esa parte lo veo poco ocurrente. Desde que advirtió a Rivero que le gustara o no el meridiano de Greenwich seguirá pasando por Canarias me pareció menos disparatada la locura de uno que yo me sé empeñado en ir a las Azores a conocer el anticiclón. Pierde gracia Soria cuando se pone en plan alto mandatario para advertir a Rivero que el Estado no va a permitir el referéndum petrolero porque es ilegal. Hay que ver hasta qué punto creen controlar los tribunales cuando se atreven a anticipar la declaración de ilegalidad a cuanto les contraría.