Los acusados del “mayor atentado” contra un espacio natural de Lanzarote sostienen que la bodega Stratvs es “indispensable” para protegerlo

El largo juicio celebrado estos meses por el caso Stratvs, en el que se trata de dilucidar si se cometieron una serie de delitos en la construcción de esta bodega en el corazón de La Geria, llegó este martes a su final y ha quedado visto para sentencia. Durante la última vista celebrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas las defensas de los principales acusados concluyeron que la bodega es “indispensable” para proteger el espacio natural protegido de La Geria, que según sostienen, con la recalificación del suelo, lo que “se protege es el paisaje agrario tradicional, el creado por el hombre con ingenio y trabajo”. Ni el arquitecto Miguel Ángel Armas, ni el promotor del proyecto, Juan Francisco Rosa, hicieron uso de su derecho a la última palabra, pero sus abogados sí que relataron en un extenso informe las razones por las que piden la absolución. 

Ambos letrados manifestaron su disconformidad con los argumentos defendidos el viernes pasado por la fiscala Elena Herrea, que consideró que “lo construido no es lo autorizado”, que “la afectación al Medio Ambiente es gravísima” y que la construcción de la bodega está repleta de trampas y falsedades. La defensa de Armas reprochó que se haya mencionado “la rapidez” en los trámites como prueba para determinar que se haya producido delito. Así mismo, apuntó que no hubo “intenciones ilícitas” en los errores “intrascendentes” que se cometieron en la ficha catastral o cuando mencionó en el proyecto las “aguas de alcantarillado” pese a que Yaiza no dispone de ello. “Se debió mezclar con la Prevención de Riesgos Laborales de otra obra”, “no tiene trascendencia”, aseguró.

El abogado de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán, reprochó que se están juzgando por la vía penal “infracciones administrativas”, al estar discutiendo en estas sesiones sobre normas. “En este juicio lo que nos encontramos es la interpretación de una norma administrativa parcial, sesgada, voluntarista y de planteamientos políticos, ideológicos, sostenidas solo por la opinión de unos pocos funcionarios que se consideran los no influenciables mientras que el resto o están acusados o sencillamente sus informes periciales o sus testimonios son eliminados de la lógica de la acusación”, destacó. 

El delito de Medio Ambiente también es negado por ambas defensas, que insisten en que el barranco del Obispo no es tal y que se excavó mucho menos de lo que sostienen los peritos llamados por la acusación. Así mismo, insisten en que el picón y roque extraído se reutilizó en esta infraestructura. La defensa del empresario recurrió a la definición de bodega en el diccionario de la Real Academia Española para asegurar que sí que se trata de una industria, en contra de lo subrayado el viernes por el Ministerio Público, que señaló que en esta zona de La Geria se admiten bodegas artesanales, pero no industriales. 

Los abogados también sembraron dudas, como han reiterado durante el juicio, sobre el procedimiento a la hora de tomar muestras de la fosa séptica, pese a la declaración de los agentes del Seprona y a que las muestras fueron analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla. Sobre el delito de usurpación que se le imputa a Rosa, su abogado señaló que el empresario ya declaró que llegó a un acuerdo verbal de permuta con el propietario y que existen fotos de Domingo Negrín, en el día de la inauguración de la bodega. 

La defensa de Pablo Ramón Carrasco, entonces arquitecto técnico del Ayuntamiento de Yaiza, subrayó que no había razón para no conceder la prórroga de la bodega y que le sorprende que se pida para el acusado cinco años de prisión, mientras que para trabajadores públicos “que verdaderamente autorizaron el uso del suelo” solo se soliciten multas. Por su parte, el abogado de José Francisco Reyes, alcalde del municipio cuando se cometieron los hechos, destacó que los técnicos no informaron a su representado que fuera necesario un informe de impacto ambiental. Según sostuvo, “las obras eran autorizables” y “no ha habido lesividad en la conducta”. 

La abogada del Gobierno se reafirma en pedir las costas a Transparencia Urbanística

La letrada que lleva la defensa de los acusados que formaban parte del Gobierno de Canarias durante aquellos años volvió a elevar el tono contra la acusación popular, los ciudadanos de Transparencia Urbanística, a quienes pidió el pasado jueves responsabilidad civil subsidiaria y las costas en el caso de que la sentencia sea absolutoria. La abogada de la acusación, Irma Ferrer, expresó en la vista celebrada el viernes que la letrada tendría que justificar que se ha producido “mala fe” por parte de sus representados ya que, este anuncio, parecía un “acto de intimidación”. 

Este martes, la abogada del Gobierno afeó con ironía que “el único demandante con formación no tuvo en cuenta que había que agotar la vía administrativa” y, por ello, “hemos tenido que aceptar este largo procedimiento”. La letrada se reafirmó en la petición que realizó la pasada semana y añadió que es ahí, en el hecho de no demandar por la vía contencioso administrativa, que aprecia “mala fe” y “tenacidad” al acusar a César Muñoz, que resolvía “conforme a los informes”.  Además, sobre el hecho de que Faustino García Márquez realizara primero un informe desfavorable de la bodega y después dictara otro en sentido contrario, apuntó que “rectificar es de sabios”. 

La abogada de José Antonio Rodríguez Martín, que fue alcalde accidental y concejal de Urbanismo de Yaiza, se sumó a la petición de costas judiciales para Transparencia Urbanística. Sobre su defendido destacó que hay acusaciones “sin base probatoria” y que no hubo “dádivas” a los acusados por parte Rosa. También aseguró que su cliente no ha interpuesto “sus intereses personales por encima de los generales”. Del mismo modo, la defensa de Blas Noda (funcionario del catastro municipal) recordó que su representado tiene los estudios de Bachillerato por lo que no entiende cuál es “su error imperdonable” ya que el documento que se presentó para el “cambio de titularidad” era “idóneo”. 

“No soy consciente de haber cometido ningún delito”

El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ejerció el derecho a hacer uso de la última palabra en esta sesión del juicio. “No soy consciente de haber cometido ningún delito” dijo por videoconferencia desde la prisión de Tahíche, donde cumple condena por prevaricación urbanística. Además, añadió que el impacto en la zona “existía antes de la construcción y no ahora”. 

Sólo otros dos de los acusados ejercieron el derecho al uso de la última palabra. Pablo Ramón Carrasco Cabrera, que era arquitecto técnico del Ayuntamiento de Yaiza, aseguró que ha sido “un calvario” para él todo este tiempo y que quien le conoce sabe que es “directo”, que no se andas “por las ramas” y si hay “algo que está bien lo digo y si está mal también”, “por eso informé de que (el proyecto) era viable. Para mí la norma no daba lugar a dudas”. 

El acusado aseguró no sentirse identificado con “la omertá” o la ley del silencio a la que aludió la semana pasada la abogada de la acusación popular para reflejar que Rosa es una persona muy influyente en Lanzarote. “Yo no me siento identificado con la omertá para proteger a una persona”, declaró. Según explicó, una veces sus informes eran favorables y otras no y no cree que la vida sea “ir en contra o a favor de nadie” sino actuar en “conciencia” con el conocimiento que se tenga de la legalidad. “Me pude haber equivocado, pero nunca hice nada a sabiendas de”. 

Por su parte, José Juan Hernández Duchemín afirmó que el procedimiento ha sido “una pesadilla” y con voz llorosa señaló que “es muy doloroso” y que no se considera un funcionario influenciado después de tantos años. Según explicó, su informe era una propuesta de trámite que no era una “vinculante”. “Yo no tenía la competencia”, afirmó, sino el presidente y esa autoridad que dio la autorización pudo asesorarse. Sobre el delito de omisión que se le acusa expresó que no había hasta la fecha constancia de denuncia. “Yo no soy el vigilante, ni el instructor, yo actúo cuando me llega algún indicio o denuncia”, zanjó. 

El juicio que comenzó el pasado mes de enero y que se vio obligado a suspenderse por el estado de alarma, quedó visto para sentencia. La Fiscalía mantuvo la pasada semana los delitos que se le imputan al principal acusado, el empresario Juan Francisco Rosa. En la vista del pasado viernes explicó que se produjo, como mínimo, la extracción de 44.000 metros cúbicos en medio de un Espacio Natural Protegido sin autorización para edificar una bodega de esas dimensiones y que el Seprona evidenció que había un aumento injustificado de acopio de áridos, por lo que aprecia un delito contra la ordenación del territorio. Además, sostuvo que se cometió un delito contra el Medio Ambiente ya que de la extracción de roque y material único de La Geria se ha producido una “afectación gravísima” al medio.