Las claves del caso Stratvs, el “mayor atentado” urbanístico contra un Espacio Natural Protegido de Lanzarote

En 2007, el Espacio Natural Protegido de La Geria presenció la apertura de la bodega Stratvs. Un espacio de gran atractivo turístico, con capacidad para producir 800.000 litros de vino y con unos ingresos que en el año 2011 superaron los dos millones de euros. Este “macrocomplejo industrial y turístico” comenzó a planificarse en 1998 entre uno de los empresarios y promotores inmobiliarios más importantes de Lanzarote, Juan Francisco Rosa, y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana.

22 años más tarde, trece acusados, entre los que se encuentran cargos públicos de las instituciones canarias, arquitectos y empresarios, se sientan en el banquillo por las múltiples irregularidades que el Ministerio Público detecta en la construcción de la bodega, descrita como el mayor “atentado medioambiental de Lanzarote”.  

Estas son las claves del caso Stratvs que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas comenzará a juzgar el próximo martes en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife: 

¿Qué se juzga?

Con el objetivo de “satisfacer su ansia de lucro económico en perjuicio de los valores paisajísticos de Lanzarote”, Juan Francisco Rosa  colaboró con Miguel Ángel Armas para construir la bodega Stratvs en el Espacio Natural Protegido de La Geria, Lanzarote, a pesar de saber que la legislación urbanística, medioambiental y de ordenación territorial prohibía el proyecto al tratarse de uno de los lugares más protegidos de la Isla. 

El proyecto que se presentó en un principio como la restauración de una vivienda de 900 metros cuadrados propiedad de la familia de Armas, terminó por suponer la demolición de la casa y la construcción de otro complejo mayor, de unos 12.000 metros cuadrados más usurpando fincas de otra titularidad, desplazado de la ubicación original y con usos comerciales y turísticos.

El escrito de acusación recoge un total de 21 obras ejecutadas sin obertura legal, entre ellas la terraza-grill, cocinas, aseos, muros de contención y la propia bodega. Para ello, según la Fiscalía, simularon datos y, sobre el proyecto técnico ficticio, solicitaron competencias para ejecutarlo tanto al  Cabildo insular, como a distintas áreas del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Yaiza, que pese a las irregularidades  no ha cesado la actividad de Stratvs. 

Por otra parte, a la edificación de un proyecto turístico en un Espacio Natural Protegido se suman los vertidos de aguas residuales emitidos por la bodega, sin medidas correctoras y “huérfanos de autorización y control administrativo”, con el consecuente “riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales de La Geria”. 

¿A quién se acusa?

La acusación, al comienzo del procedimiento señaló a diecisiete inculpados. Sin embargo, tendrá que remodelar su escrito inicial después de que la causa principal diera lugar a piezas separadas que ya fueron juzgadas. Así, fueron condenados y expulsados de la política la exalcaldesa de Yaiza Gladys Acuña (14 años de inhabilitación) y los exalcaldes José Francisco Reyes (7 años) y Vicente Jesús Bartolomé (14 años) por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, al conceder la licencia de actividad para la bodega Stratvs y mantenerla en funcionamiento pese a sus irregularidades. 

Estos son los demás acusados y el cargo que ocupaban en el momento de su participación en los hechos: 

¿Cuáles son las penas?

Las penas más altas se exigen para el empresario Juan Francisco Rosa. Quince años de prisión por los delitos de falsedad en documento público, delito continuado de estafa en grado de tentativa, delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico, delito de usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico. Además de inhabilitación para el sufragio pasivo, multa de 77 meses con cuota diaria de cien euros y la prohibición de ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria y turística durante seis años. 

Para el arquitecto Miguel Ángel Armas, la Fiscalía pide la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante diez años y el mismo tiempo de prisión por delito de falsedad en documento público, usurpación de bien inmueble, delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y por delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa. También se pide una multa de 50 meses con cuota diaria de 40 euros. 

Para Faustino García y Armando Villacencio las penas son de una multa de treinta meses con cuota diaria de 30 euros e inhabilitación para ejercer empleos públicos durante doce años por delito de prevaricación urbanística. 

En el caso de Pablo Ramón Carrasco, la Fiscalía exige cinco años de prisión e inhabilitación para empleo público durante 24 años por delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores protegidos del Espacio Natural. 

Las penas solicitadas para Andrés Morales González y Manuel Jesús Spínola son inhabilitación durante nueve años y multa de 20 meses con cuota diaria de 30 euros. 

José Juan Hernández Duchemín se enfrentaría a 36 meses de multa con cuota diaria de 30 euros e inhabilitación durante 15 años por un delito contra el Medio Ambiente en su modalidad de prevaricación medioambiental. 

Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío, a un año y seis meses de prisión cada uno, inhabilitación de sufragio pasivo e inhabilitación para cargo público durante ocho años y seis meses por delitos de prevaricación urbanística. 

Leonardo Rodríguez sería condenado a un año y diez meses de prisión y a inhabilitación para cargo público durante nueve años, también por prevaricación urbanística. 

Por su parte, José Antonio Rodríguez Martín a cinco años de prisión y a inhabilitación durante 21 años por el mismo delito. 

Finalmente, la pena para Blas Noda es de dos años de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de 12 euros por falsedad en documento público cometida por un funcionario.