Los dueños de los chalés de La Bufona defienden que la promotora les regaló 200 metros cuadrados

Los propietarios de los chalés de La Bufona han declarado este lunes como responsables civiles subsidiarios. Este 12 de junio se ha celebrado en Arrecife la segunda sesión del juicio que investiga a los promotores que construyeron en Lanzarote una urbanización de 53 viviendas afectando a suelo rústico y en unos terrenos que no eran suyos. Entre los chalés está el de Astrid Pérez, presidenta del PP en la isla, alcaldesa en funciones de la capital y futura presidenta del Parlamento de Canarias en virtud del pacto de su partido con Coalición Canaria. Aunque Pérez no asistió, sí lo hizo su expareja, José Javier Balaguer, que habitó en la vivienda hasta 2010. Según su declaración, cuando compraron la casa en agosto del año 2000 “nadie les informó” de que hubiera problemas con el plan parcial ni de que se hubiera ordenado la paralización de las obras un mes antes. “Si no, no hubiera comprado”, apuntó. 

Según Balaguer, él no supo que su casa podía ser ilegal hasta las elecciones locales de 2007, cuando se enteró por la prensa. Durante su declaración, afirmó también que en 2005 él y Astrid Pérez hicieron obras en la vivienda. Acondicionaron la parte trasera del chalet, pusieron suelo y una pérgola e hicieron una piscina. También elevaron el muro que cierra la parcela al norte “por seguridad”. 

Estas obras llevaron en 2013 a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (Apmun) a ordenar la demolición parcial del chalet de Astrid Pérez. La decisión, que nunca fue recurrida por la popular, es firme. La Agencia exigió derribar la piscina de 36,9 metros cuadrados y diferentes ampliaciones de la vivienda. Sin embargo, está intacta. 

Otro de los propietarios de una de las casas de La Bufona es el fiscal Miguel Pallarés, que ha sido coordinador de la Fiscalía en Lanzarote y portavoz nacional de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Aunque Pallarés tampoco declaró en el juicio de este lunes, sí lo hizo su pareja, la abogada Delia Fernández. En representación de sí misma y de su marido, la letrada negó que tuvieran conocimiento de que había problemas con su casa hasta 2012. 

Ese año, la Agencia exigió la restitución de la legalidad por obras realizadas en su vivienda. En esta casa situada en el norte de la calle Chabusquillo también colocaron una pérgola e hicieron una piscina, para la que no pidieron licencia según la declaración de la abogada.  

Preguntada por la acusación particular sobre la diferencia entre los metros cuadrados de su vivienda que están registrados y los reales, Fernández señaló que la promotora, Brisa Inversiones, les manifestó que “como les quedaba una franja de terreno que no iban a construir” había unos 200 metros cuadrados que iban a incorporar a su chalet “como un regalo”. Una afirmación que también respaldaron otros propietarios.

“No me plantee que la empresa no era la titular”, declaró la abogada al ser preguntada sobre su conocimiento acerca de la propiedad de los terrenos. En 2016, un informe de la Oficina Técnica de Arrecife ratificó que todo el suelo que está al norte de la calle Chabusquillo es suelo rústico de protección natural de jable. Una franja de este terreno está invadida por 14 casas y es propiedad de la familia Murillo, que denunció el caso.

El resto de los propietarios que declararon este lunes afirmaron no tener conocimiento de los problemas que envuelven a la urbanización en la que viven. Además, aseguraron que todas las obras posteriores realizadas en los chalés no fueron contratadas a Brisa Inversiones, la promotora, sino que fueron realizadas por terceros. Algunos insistieron en que viven en esas edificaciones desde hace más de 20 años y que creían que todo estaba en regla porque la compra fue avalada por un notario. 

En la sesión del pasado 5 de junio declararon los acusados, el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro. Los dos eran socios de Brisa Inversiones y el Ministerio Fiscal les atribuye los delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia grave y pide para ellos penas de inhabilitación. Según la Fiscalía, los constructores desoyeron la orden de paralizar las obras emitida en julio de 2000 por la Apmun a raíz de una denuncia de la familia Murillo y otra del Seprona. 

El tercer socio de la empresa era Francisco Carmona, ya fallecido. También trabajaba en el Ayuntamiento de Arrecife y era encargado del catastro. En sus declaraciones, los acusados aseguraron que todo se había edificado de manera legal y “a más de 300 metros” del comienzo del suelo rústico de protección de jable.

Caro y Echevarría ya fueron condenados en 2015 en el caso de La Bufona por un delito contra la ordenación del territorio. En julio de 2018, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó repetir el juicio porque los propietarios de los chalés no habían sido citados a declarar como responsables civiles subsidiarios, limitando así sus oportunidades de participar en el juicio para evitar el derribo de sus casas. El juicio continuará este martes y concluirá el próximo 19 de junio. Después, se determinará el futuro de las viviendas construidas en suelo protegido.