El Gobierno canario modifica el protocolo de realización de las pruebas en las ofertas de empleo público
La Dirección General de la Función Pública ha procedido a revisar los protocolos de actuación para la realización de pruebas selectivas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos recogidos en la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de Canarias, se indica en una nota de presan de la Consejería de Presidencia del Gobierno regional. La medida, añade, da cumplimiento al compromiso adquirido en este sentido por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, en la Comisión de Presidencia, Justicia, Igualdad y Diversidad celebrada el 8 de este mes.
Como afirma su exposición de motivos, se apunta en la nota, la resolución busca garantizar el ejercicio del derecho fundamental al acceso a un empleo público en condiciones de igualdad respecto de quienes participen en los procesos de selección de personal funcionario y laboral, y garantizar la transparencia, la publicidad y la libre concurrencia en los mismos.
Se adoptan “así medidas de organización y de seguridad respecto del procedimiento de verificación de la identidad de las personas aspirantes, de evitación del uso de dispositivos electrónicos o cualquier otro medio que permita la realización fraudulenta de los ejercicios, así como se adoptan medidas que preservan la cadena de custodia de los exámenes y la inalterabilidad de los mismos”.
El protocolo revisado dirige parte de las medidas a “un mayor protagonismo de las personas aspirantes en determinadas actuaciones, implicándoles en su realización, como son los sorteos que deban llevarse a cabo, el carácter público de las sesiones en las que se realicen los ejercicios, e incluso en determinadas correcciones de los mismos, en los procesos de identificación de las personas aspirantes, o en el aseguramiento de los exámenes realizados”, se señala en el comunicado.
Será de aplicación a partir de este miércoles, 28 de febrero, “a todos los procesos selectivos que se convoquen en adelante, y también a los que se encuentran en curso, siempre y cuando respecto de éstos últimos se garantice que su aplicación se hará a todas las personas aspirantes por igual”.
Finalmente, la resolución prevé que la Dirección General de la Función Pública pueda ir incorporando nuevas tecnologías a los procesos de selección en futuras convocatorias, que se incluirán en el protocolo de actuación dentro de los límites legales existentes, esto es, preservando en todo caso la protección de los datos de carácter personal y el derecho a la intimidad de las personas aspirantes.
