Nuestras costas

El pasado jueves se aprobó por el Congreso de Diputados el texto definitivo de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, tras su paso por el Senado, cámara en la que se introdujeron numerosas enmiendas, muchas de ellas a instancia del grupo al que pertenezco, el grupo Popular.

En estos tiempos que demandan mensajes sencillos, a veces de no más de 140 caracteres, intentar simplificar y hacer entendible una norma y resumir una materia realmente compleja, que afecta a una realidad aún más variada, resulta una ardua tarea, nada sencilla, y más, si tenemos en cuenta que hablamos de un ámbito en que debe producirse una necesaria conciliación entre el uso sostenible de la costa, que debe contemplar su carácter general, su protección medioambiental y fenómenos como el cambio climático, con la situación que viven muchos núcleos con ocupaciones, amparadas, en ocasiones desde hace décadas, por el “dejar hacer, dejar pasar”, o, incluso, por un apoyo efectivo de muchas administraciones, sin olvidar la imperiosa necesidad de cubrir lagunas como regular usos como los de interés turístico de playas en tramos urbanos, imprescindible en lugares como Canarias y siempre con el necesario control medioambiental, o las actividades náuticas.

Partiendo de que tan sólo en Canarias existen en cada una de las islas numerosos núcleos costeros y un importante número de kilómetros afectados, de una manera o de otra, por la normativa en materia de costas, y a su vez, en cada núcleo, situaciones variopintas, desde primeras o segundas viviendas, ocupadas algunas con carácter estacional, otras durante los 365 días del año, u otro tipo de usos, que pasan por los chiringuitos u otros tipos de actividades, indudablemente, se explica la enorme trascendencia e importancia en nuestro territorio de la modificación aprobada.

Siempre he defendido, desde el inicio de la tramitación, que se trata de una reforma valiente, porque el hecho de iniciar una reforma legislativa alienta la esperanza y las expectativas de personas que llevan muchos años y esfuerzos acumulados en la defensa de lugares que guardan vivencias de años y años, y también de los que exigen mayor protección para la costa. Pero una reforma necesaria desde la responsabilidad, si se es consciente de que la norma del año 1988 necesitaba un plus de seguridad jurídica, que debía extenderse a la aplicación de la misma, cuestionada no sólo por los particulares y asociaciones defensoras del medioambiente, sino puesta en evidencia en la Resolución del Parlamento europeo que aprueba el documento conocido como informe Auken, en el que se determinaba de modo claro la nefasta aplicación que se venía realizando por el Gobierno socialista de una norma mejorable, dándole un carácter retroactivo, un trato a los afectados de modo desigual en situaciones iguales, revistiendo una grave arbitrariedad las actuaciones, y con escasas indemnizaciones para los afectados.

Conscientes de la necesidad de corregir situaciones, de contar con la mejor norma posible, pero también de que dicha reforma suponía abrir numerosas esperanzas, que en Canarias, donde no sólo vivimos de cara al mar, sino que éste forma parte de nosotros mismos, hasta el punto de moldear nuestra ser, nuestro vivir y nuestro sentir, existiendo tantos esfuerzos ligados a la costa, desde el partido popular hemos dedicado todos nuestros esfuerzos y trabajado intensamente para plasmar dicha realidad.

Partiendo de esta necesidad acuciante, para el ciudadano, para el lector, para el radio-oyente o para el espectador, resultará muy difícil tener una idea clara de qué supone el nuevo texto para Canarias, porque los mensajes y reacciones a la tramitación de la norma y a su aprobación han sido tremendamente dispares. Así, para algunos, como el Partido Socialista, se ha santificado la ocupación de la costa y privatizado la misma -curioso, que en Canarias, el mismo partido, diga todo lo contrario, que se desprotege las ocupaciones y núcleos-.

Un partido, sobre el que las instituciones europeas, cuando gobernaba, en el informe anteriormente mencionado, llamó la atención por la utilización de manera especulativa de la costa, puesto que se estaban llevando a cabo demoliciones en lo que se interpretaba como dominio público marítimo terrestre, para luego permitir nuevas construcciones, y bajo cuyo mandato, se llevaron a cabo actuaciones como el del Algarróbico en Almeria u órdenes de demolición que se ejecutaban sin la mínima susceptibilidad hacia los afectados, muchos de ellos muy cercanos para los que vivimos y sentimos Canarias.

Las críticas también se oyen desde Coalición Canaria, quien, como titular de la Consejería competente en Política Territorial y Urbanismo, dentro del Gobierno de Canarias, ha dejado totalmente, hasta el momento, desprotegidos a los núcleos, que, a estas alturas, siguen esperando a que, desde el año 2009, y dentro del año que estaba legalmente establecido en el artículo 3 de la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, realice ese censo de edificaciones ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección que tengan valor, labor que sí hicieron comunidades autónomas como Galicia, dejando en agua de borrajas el trabajo que muchos ayuntamientos realizaron en la delimitación de su litoral.

Lo que sí es cierto es que ni uno ni otro (PSOE y CC), en la fase de enmiendas, solicitó la inclusión de Canarias como territorio con régimen especial, ni tan siquiera, la simple mención de nuestras islas en el texto, contrariamente a lo que podría entenderse de su crítica hacia los otros.

Desde el Partido Popular hemos intentado, primero, conocer la realidad de nuestro archipiélago, transmitiendo a los responsables estatales la peculiaridad de nuestras costas, trabajando durante la tramitación de las mismas, enriqueciéndola con nuestras aportaciones, para luego mejorar el texto que finalmente ha salido, y en el que se contempla la posibilidad de “legalizar” o autorizar núcleos mediante la disminución de la servidumbre de protección desde los 100 metros anteriores, a 20 metros siempre que cuenten con determinados requisitos, aunque no estén calificados como urbanos en un instrumento de planeamiento, o la importante posibilidad que supone la prórroga de las concesiones de uso y ocupación durante otros 75 años como máximo.

Un texto que, no sólo era necesario, sino que reconoce la realidad de la costa canaria, pero partiendo de dos premisas:

1.- Que se trata de una norma que tiene carácter general y que tendrá su desarrollo reglamentario, y su aplicación a cada supuesto concreto.

2.- Que el poder legislativo ha abierto la puerta al reconocimiento de la singularidad de nuestros núcleos, pero que es imprescindible la necesaria colaboración de los aplicadores de la norma -dado que acogerse a la disminución de servidumbre de protección, por ejemplo, no es automática-, y entre ellos, de las administraciones competentes en materia urbanística: Ayuntamientos en primera instancia, en cuanto a la delimitación y propuesta de planeamiento, y en última instancia del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanismo.

Partiendo de la base de que no podemos desandar lo andado, de que no nos es posible volver a treinta años atrás, ni evitar las lágrimas derramadas en el pasado por tantas y tantas personas, sí que es claro que la norma existente, la norma de 1988, en primer lugar, no contemplaba la situación de nuestro litoral, y en segundo lugar, la aplicación que se realizó de la misma bajo el mandato del Gobierno socialista, todo hay que decirlo, un gobierno apoyado por Coalición Canaria, fue francamente negativa para los núcleos canarios.

A pesar de ello, mantengo la esperanza de que, una modificación normativa claramente demandada, va a tener un aplicación adecuada por parte de un Gobierno, el de Canarias, que ya ha anunciado que judicializará la misma -una vez más, en esa carrera contra toda norma que provenga del Estado- y que parece más preocupado por reclamar la competencia que por buscar la solución del problema de muchísimos afectados.

El tiempo y la práctica evidenciarán si esa apuesta por la protección de núcleos, que dice realizar el Gobierno de Canarias, se traduce en hechos, y cuántas solicitudes de informe se elevarán ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ello al amparo de un instrumento, la norma ahora aprobada, que al margen de opiniones diversas, supone un claro beneficio para Canarias, dado que, sin suponer, bajo ningún concepto, una amnistía general, sí que abre una puerta a números núcleos, a variadas situaciones, que, hasta ahora, no tenían esperanza alguna.