La otra Laguna

Una madre, Rosi, y su hijo de ocho años fueron desahuciados de su vivienda el pasado viernes, justo al día siguiente de que varios colectivos ciudadanos mantuvieran una reunión colmada de buenos deseos con el concejal de Servicios Sociales de La Laguna, y en presencia de la oposición; varias familias malviven en un edificio de la empresa pública Visocan del Gobierno de Canarias, algunas con el temor de que las echen a la calle, escupiendo sobre su derecho constitucional a una vivienda digna; un niño de dos años con discapacidad a quien los servicios sociales del Ayuntamiento niegan su derecho a ingresar en una guardería pública. Y todo esto en pocos días, y todo esto en el municipio de La Laguna.

Gracias a ciudadanos anónimos y a la plataforma por la dignidad, Rosi y su hijo no están durmiendo en la calle; gracias a seres humanos solidarios que le han dado su generosa protección y así han evitado una probable desgracia, frente a unas instituciones que no sólo no ayudan a esta madre, sino que le retrasan la tramitación de la prestación canaria de inserción, abriéndole un expediente de seguimiento del menor, que podría desembocar en su traslado a un centro gestionado por alguna empresa privada, a la que se le abonarían más de 4.000 euros mensuales por hacerse cargo de un niño que ahora mismo está bien cuidado y es querido; un niño que vive feliz con su madre, y al que le destrozarían la vida por una cuestión económica.

El portavoz de la plataforma por la dignidad lo ha expresado claramente: “Si a Rosi le quitan al niño literalmente la matan. La matan y no metafóricamente, la matan de verdad. Y no quiero recordar lo que Raquel (madre de Las Palmas que se suicidó el pasado mes de agosto) hizo ante una situación similar, pero no puedo dejar de pensarlo, porque podríamos estar ante otro drama más, ante otro homicidio o asesinato institucional de este sistema asqueroso y deshumanizado”. Y tiene razón. No podemos tolerar esta tragedia cotidiana, ni la indiferencia y la desidia administrativas, ni tantos absurdos legales o procedimentales. Porque sencillamente están matando al pueblo.

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