IUC de Tazacorte denuncia “la privatización encubierta” del colegio Juan XXIII
Izquierda Unida Canaria (IUC) en Tazacorte rechaza “el procedimiento por el que se pretende privatizar el Centro de Enseñanza Obligatoria (CEO) Juan XXIII, junto con otros centros educativos de la Comunidad, que consiste en permutar la propiedad del suelo al constructor, que luego demolerá el edificio al completo para después levantar una infraestructura excesiva y cara”, señala en un comunicado. “Excesiva”, explica, “porque el proyecto de nuevo centro se ha diseñado para 520 alumnos y, actualmente, sólo cursan estudios unos 300 alumnos y alumnas. Es decir, la infraestructura estará sobredimensionada”. Considera que el citado CEO “necesita una remodelación en ventanas, techos, seguridad, accesibilidad, no una nueva construcción”. En este sentido, sostiene que tal remodelación supone “su privatización encubierta”.
Para Arnaldo Martín Rodríguez, militante de IUC en Tazacorte, “las aulas aumentan de número, pero ni los educandos ni los educadores aumentan en la misma proporción y al igual que tenemos aeropuertos sin aviones y puertos sin barcos, ahora tendremos aulas sin alumnos y sin profesores”. Así, alega, “el CEO Juan XXIII se sumará a otras infraestructuras canarias sobredimensionadas, infrautilizadas y de mantenimiento costoso. ¿Por qué razón el constructor iba a fabricar edificios sencillos y baratos de mantener si ese mismo constructor es el que pasa las facturas de mantenimiento al Gobierno canario?”.
Durante 27 años, indica, “el constructor, según las informaciones periodísticas, recibirá un alquiler no especificado por el uso de un edificio y un terreno, que antes eran de titularidad pública, y ahora, pasarán a manos privadas. Además pasará las facturas de mantenimiento, jardinería, cocina, conserjería, seguridad, a un precio no especificado. Estas labores, como ya sabemos por anteriores experiencias, privatizadoras serán más costosas y no mejorarán la calidad del servicio”.
Martín Rodríguez subraya que “al finalizar estos 27 años en los que esta empresa succionará del erario público cada mes una jugosa cantidad, el Gobierno tendrá la oportunidad de recomprar el suelo que ya era suyo antes de iniciar todo el proceso de genuflexión ante los poderes privados”. Para Martín, “este método de financiación nos parece el culmen de la náusea y la putrefacción del espíritu de servicio público y para decirlo claramente, una estafa al ciudadano. No pretenden mejorar la educación, sino auxiliar a empresas amigas que ya no tienen los niveles de ingresos de antes.”
IUC exige que “se den números concretos y se aclare todo el procedimiento, que la propiedad del CEO Juan XXIII en Tazacorte no se permute a ninguna empresa privada, que los servicios de jardinería, conserjería y limpieza se gestionen directamente por la Consejería de Educación o por el Ayuntamiento y no por ninguna empresa privada. Repudiamos y abominamos de estos procedimientos que consideramos costosos, innecesarios y dañinos para el bien común, priorizando los intereses privados por encima del interés del municipio”.
