Los habitantes de La Palma, los que más se quejan al Diputado del Común
Los habitantes de La Palma, en proporción a la población de la Isla, son los que más quejas han presentado en 2022 en Canarias ante la Diputación del Común, cuya sede central está en Santa de La Palma. El pasado ejercicio, según se indica en el informe anual de la institución encargada de velar por los derechos constituciones de los ciudadanos de las Islas, en La Palma se presentaron un total de 300 nuevas quejas. Esta cifra supone 35,98 reclamaciones por cada 10.000 residentes, siendo la media regional de 12,59.
En El Hierro se presentaron 29,20 por cada 10.000 habitantes; en La Gomera; 16,56; en Tenerife, 14,11; en Fuerteventura; 11,03; en Lanzarote, 9,98; y en Gran Canaria, 9,05. En La Graciosa no se presentó ninguna queja. En conjunto, en Canarias se registraron 2.925 quejas.
En este ejercicio, la Diputación del Común, se explica en el mencionado informe, ha creado “el área específica ‘Cumbre Vieja La Palma’ para atender de forma transversal las reclamaciones de las personas afectadas por la erupción volcánica producida en la Isla en 2021 (19 de septiembre-13 de diciembre de 2021)”. Aunque solo “se presentaron 86 quejas ciudadanas”, añade, “varias de ellas representan a colectivos que se asociaron para aunar esfuerzos y, como varios asuntos planteados eran competencia del Estado, fue necesario un trabajo de colaboración con el Defensor del Pueblo de España”.
En la Palma, el área denominada ‘Cumbre Vieja’, con 78, es la que mayor número de quejas nuevas contabiliza, según el referido informe. Le sigue Discapacidad, 27; Seguridad Social, 23; Dependencia, 22; Salud y Sanidad Pública, 21; Vivienda, 20; Economía y Hacienda, 11; Trabajo y Función Pública,11; Política Territorial, 10; y Servicios Sociales, 10, entre otras.
El pasado año las “quejas cerradas” en La Palma fueron 265, destacando 41 en Discapacidad y 29 en Dependencia. Las inadmitidas se elevaron a 51, de las que 15 corresponden área ‘Cumbre Vieja La Palma’.
El número de quejas en trámite a fecha 31 de diciembre de 2022 en La Palma asciende a 157.
Vuelta a la normalidad
El informe anual de 2022, se explica en el documento, “refleja la vuelta a la normalidad después de superar la parte más profunda de la crisis provocada por la pandemia, que en 2021 hizo que se registraran 3.671 nuevos expedientes de queja. Por eso disminuye en un 20% con respecto al año anterior”. Sin embargo, añade, “vuelve a subir en relación a 2019, llegando a un incremento del 35% en los últimos cinco años y del 140% desde el ejercicio de 2011”.
Señala que la Diputación del Común “ha continuado trabajando en su objetivo de mejorar la comunicación telemática con la ciudadanía”. Para ello, ha modernizado “la página web, lo que ha hecho posible que el 87% de los documentos presentados en el Registro de Entrada se hicieran de forma telemática. Además, en 2022 se han enviado a través de la plataforma digital ORVE todos los documentos dirigidos a la Administración Pública, lo que ha supuesto un incremento del 3.905% en el uso de esta herramienta informática”.
En cuanto a las áreas de gestión, “el mayor crecimiento se produce en Vivienda, con un 64%, lo que demuestra que es una preocupación importante en nuestra Comunidad Autónoma y ha motivado que iniciemos varias actuaciones de oficio con la intención de elaborar un Informe Extraordinario sobre esta materia. La mayor disminución se da en el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación, con un 89%, debido a que gran parte de las quejas del año anterior fueron presentadas individualmente por vecinos de un municipio de Gran Canaria ante las dificultades de acceso a internet, un problema que se solucionó satisfactoriamente. Y la que más reclamaciones recibe sigue siendo Dependencia, aunque en 2022 han disminuido en un 36% con respecto al año anterior”.
Por último, destaca que “el presente informe es un resumen del trabajo serio y riguroso de las mujeres y los hombres que integran la Diputación del Común en el cumplimiento del artículo 57 de nuestro Estatuto de Autonomía, que nos mandata a defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía canaria.
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