Los abogados de Canarias cuentan con una nueva guía de atención a migrantes para no repetir los errores de Arguineguín

“¿Cómo voy a decir que soy gay delante de tanta gente?”. La primera entrevista de Ashim* con un abogado en Canarias fue en grupo, en el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) de Barranco Seco. Escapó de Marruecos por su orientación sexual y llegó al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, en diciembre. Sin embargo, no pidió protección internacional hasta marzo, y lo hizo por sus propios medios. La asistencia letrada fue una de las grandes debilidades de la atención a las personas que llegaron en pateras y cayucos a las Islas en 2020. Por ello, el Colegio de Abogados de Las Palmas ha lanzado una guía práctica sobre la asistencia jurídica en llegadas marítimas. Este documento destaca que todas las personas tienen derecho a una entrevista individual y reservada. Además, reconoce que existen “serias dificultades” para poder llevar a cabo entrevistas individuales en los CATE. En estos casos, los abogados pueden negarse a prestar la asistencia y a notificar las incidencias.

Los letrados, según este texto, no deben firmar acuerdos de devolución sin ver a los usuarios. En noviembre, cuando el flujo de llegadas batió su récord, España ordenó la expulsión de migrantes en Canarias que no habían tenido ninguna entrevista con un abogado o abogada. Tal y como adelantó entonces Cadena SER, “no se garantizó la mínima asistencia letrada a los migrantes” en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Algunos letrados se justificaron en aquel momento apelando a la insalubridad del muelle de Arguineguín, donde permanecieron hacinadas en plena pandemia más de 2.600 personas durante semanas, sin duchas, con agua potable escasa y durmiendo al raso. 

Estas incidencias han hecho que la nueva guía con la que cuentan ahora los abogados contemple qué hacer en casos de emergencia sanitaria, como la provocada por la COVID-19. Los profesionales deben priorizar, siempre que sea posible, la asistencia presencial. En estos casos, el Colegio de Abogados debe proporcionar todo el material de protección necesario. Cuando no se pueda, se recurrirá a la videoconferencia y no a la llamada telefónica “para poder interactuar con el cliente”. En este supuesto, también deben disponer de todos los recursos tecnológicos necesarios. Si no, “se entenderá que se está vulnerando el derecho fundamental a la asistencia”. 

Perfiles vulnerables 

La ruta canaria cuenta, según la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, con un “plus de vulnerabilidad”, por el aumento de las mujeres y los niños que la emprenden. Para identificar en este grupo a posibles víctimas de trata, los letrados deberán apoyarse en organizaciones especializadas, además de “tener siempre presente el enfoque de género, edad y diversidad cultural”. “La confianza necesaria” en el momento de la primera asistencia “es prácticamente nula” y “difícilmente la persona en cuestión se reconocerá a sí misma como víctima de trata de seres humanos”, reza la guía. 

En el muelle de Arguineguín, custodiado por la Policía Nacional y con la Cruz Roja al mando de la asistencia humanitaria, pasaron desapercibidos menores no acompañados. Lo mismo sucedió en el campamento policial de Barranco Seco. Los problemas en la filiación por parte de la Policía Nacional de las personas que llegan a Canarias por vía marítima han provocado también la presencia de niños en recursos de emergencia reservados para adultos. 

En los centros del Gobierno de Canarias previstos para niños y niñas que llegan solos a España también han convivido menores de edad y adultos de hasta 36 años, a la espera de que la Fiscalía de Extranjería emita su decreto de edad. En algunos casos, los adultos han protagonizado altercados que han requerido la intervención policial. Los trabajadores de los apartamentos Puerto Bello, localizados al sur de Gran Canaria y habilitados como recursos de acogida, denunciaron abusos sexuales a un menor por parte de otros dos usuarios y también casos de explotación sexual. Una acusación que ya investiga la Fiscalía de Las Palmas. 

Para mejorar la precisión la edad de las personas que llegan a Canarias, los abogados deben preguntar a las personas atendidas sobre su edad y solicitar, si es posible, documentación que la pueda acreditar. Asímismo, cuando el Ministerio Fiscal emita el decreto de determinación de edad después de que se hayan realizado las pruebas correspondientes, los abogados pueden impugnar si consideran que no se ajusta a la legalidad.