Más de un año de negociaciones, tensiones políticas y menores hacinados: cronología de la reforma de la Ley de Extranjería

Un día histórico. Así han descrito algunos responsables políticos este 10 de abril. El Congreso de los Diputados, después de más de un año de negociaciones y tensiones políticas, ha sacado adelante la reforma de la Ley de Extranjería. Esta medida se ha dibujado como la solución principal al hacinamiento de menores no acompañados en los centros de acogida de Canarias. A través de esta herramienta se establecerá una redistribución obligatoria de niños y adolescentes entre todas las comunidades autónomas. El acuerdo ha tardado en llegar y, a la sombra de los encontronazos políticos, miles de menores llevan meses conviviendo en dispositivos de emergencia donde no se garantizan sus derechos fundamentales.

El hemiciclo ha dado luz verde al real decreto ley con los votos en contra del PP y Vox. Los seis diputados canarios del PP han ignorado las reivindicaciones del Ejecutivo autonómico, donde el partido gobierna con CC, y también se han opuesto a la reforma. Aun así, la medida ha salido adelante gracias al pacto cerrado entre el Estado y Junts, que en julio de 2024, cuando tuvo lugar la primera votación, se posicionó en contra de la modificación legislativa.

Ahora, el Ejecutivo prepara los siguientes pasos a seguir para iniciar los primeros traslados de menores desde Canarias y Ceuta que, según adelantó la ministra de Infancia, Sira Rego, arrancarán en verano. El próximo 28 de abril, el Ministerio de Infancia convocará una conferencia sectorial en la que presentará a las comunidades la cifra de jóvenes que cada una deberá recibir en función de los criterios establecidos en el real decreto ley.

Esta medida permitirá salir de las islas a 4.000 de los 5.600 menores que tutela Canarias. El Archipiélago cuenta en la actualidad con 86 centros, muchos de ellos abiertos en el último año por la vía de la emergencia. El Gobierno autonómico ha llegado a instalar carpas en los muelles para acoger durante unos días a los jóvenes, en contra del criterio de la Fiscalía.

Escuchar a la infancia

Unicef ha aplaudido el acuerdo y ha pedido que se fijen lo antes posible los criterios de aplicación del real decreto. ''Debe incluir la condición obligatoria de escuchar a los niños, niñas y adolescentes para evaluar el interés superior de cada uno y detectar necesidades especiales'', han añadido. La entidad subraya que las comunidades autónomas deben crear nuevos recursos tanto de residencia como de acogimiento en familia.

''Estos traslados pueden cambiar la vida de estos niños y niñas si las entidades locales, las escuelas y los centros sanitarios también se implican para asegurar su pleno acceso a estos servicios esenciales'', ha valorado Sara Collantes, especialista en migraciones de Unicef España.

En esta línea, recuerda que muchos de los menores huyen de sus países por guerras, violencia y hambre y llegan a Canarias ''después de rutas durísimas que en algunos casos han durado años y han estado llenas de privaciones y violaciones de sus derechos''. ''La saturación del sistema de protección de la infancia en los lugares de llegada genera una situación paradójica, puesto que en vez de protegerles termina generándoles desprotección e incumplimiento de sus derechos'', apuntan.

Un informe de Amnistía Internacional publicado en marzo advertía de que el sistema para proteger a la infancia migrante en Canarias había ''fracasado''. El documento recogía casos de violencia en centros de acogida, errores en la identificación de los menores, fallos en la tramitación en la documentación o inspecciones insuficientes en los recursos.

La organización también ha defendido los traslados a la Península como un método clave para aliviar la saturación de la red de protección de Canarias. Sin embargo, la organización pide que mientras se cristaliza la medida, ''deben revisarse y mejorarse los procedimientos propios''. Entre las propuestas recogidas en el estudio de Amnistía Internacional está la activación de mecanismos de denuncia garantistas para que los menores puedan informar en caso de que sufran agresiones o vulneraciones de derechos en los centros.

En el último año, usuarios y trabajadores de algunos dispositivos han denunciado violencia y el mal estado de los recursos. Es el caso de la Casa del Mar, en Lanzarote, que cerró después de que dos abogadas enviaran un escrito a la Fiscalía en el que se recogían agresiones físicas, verbales y deficiencias en las instalaciones.

Tensiones políticas

Las negociaciones para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería han estado marcadas por las tensiones políticas. Los bandazos del PP y su rechazo a la derivación de menores hacia la Península no han cesado, abriendo una brecha dentro del partido, socio de gobierno de Coalición Canaria en el Ejecutivo autonómico.

Durante su intervención en el Congreso este jueves, la diputada popular Ana Isabel Alós ha tildado el decreto de ''parche'' y ''chapuza administrativa'' que no va a ser una solución para Canarias. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno regional y presidente del PP en el Archipiélago, Manuel Domínguez, sí ha defendido el traslado obligatorio de jóvenes.

La infancia migrante ha estado en el centro del debate político. En esta línea, el colectivo Caminando Fronteras ha criticado el ''mercadeo'' con los menores. La entidad sostiene que considerar a los niños y adolescentes como migrantes antes que como menores es una práctica habitual que los convierte en ''moneda de cambio'' y los coloca ''en el centro de los discursos de odio''.