El Código Penal endurece las penas por delitos urbanísticos, fiscales y viales
El Consejo de Ministros aprobó este viernes la remisión a las Cortes del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal, que potencia la persecución de los delitos urbanísticos y contra la seguridad vial y endurece las penas para los delitos fiscales relacionados con el crimen organizado.
“Se trata de una ambiciosa reforma, a todas luces necesaria, para combatir de manera eficaz las nuevas formas de delitos y la manera de operar de los nuevos delincuentes”, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
La vicepresidenta, que aseguró que con la reforma “se va a actuar con mayor contundencia contra quien delinque”, dijo que el proyecto aprobado este viernes “era necesario” para enfrentarse a “nuevas formas de criminalidad que exigen respuestas”, entre las que citó los delitos relacionados con la manipulación genética, la clonación o el uso de nuevas tecnologías.
La modificación del Código Penal refuerza asimismo la protección de las víctimas de delitos y de los menores e introduce cambios en la regulación de la prescripción de los delitos, que con carácter general quedará suspendida desde que se presente una denuncia o querella y el juez competente se pronuncie sobre su admisión a trámite.
También se tiene en cuenta la aparición de delitos basados en las nuevas tecnologías, de modo que se tipifican como tal la manipulación genética para la clonación de seres humanos con fines reproductivos y las intromisiones ilegales en sistemas informáticos ajenos.
Sin embargo, se despenaliza la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, como por ejemplo la investigación.
Por último, se restringe el acceso al tercer grado y a la libertad condicional de los delincuentes habituales o reincidentes -para quienes se podrá decretar la libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena- y se recuperan medidas alternativas a la cárcel, como multas, trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente y arrestos de fin de semana.
Según el texto del proyecto de ley, la lucha contra los delitos urbanísticos se refuerza con la introducción de nuevas modalidades delictivas, la elevación de las penas a los responsables y la inclusión por primera vez de las personas jurídicas -es decir, las sociedades mercantiles- como posibles autoras del delito.
También se incrementa hasta los seis años la pena del delito fiscal para los supuestos más graves, como testaferrías, estructuras organizadas o fraudes de gran cuantía.
Respecto a la seguridad vial, la vicepresidenta señaló que “se adoptan medidas para reducir la siniestralidad que refuerzan la puesta en marcha del carné por puntos”, introduciendo penas de prisión para quienes circulen con tasas de alcohol elevadas o a velocidad excesiva y para quienes conduzcan cuando el permiso le haya sido retirado.
En los supuestos de conducción temeraria, se prevé la incautación del vehículo, que será considerado un instrumento del delito.
La protección de las víctimas se verá reforzada especialmente en lo relativo al pago de la indemnización por parte del delincuente, ya que se facilitará a los jueces la investigación del patrimonio de éste.
Los menores también estarán más protegidos, ya que se amplía el número de delitos que pueden ser cometidos contra ellos y se amplía el plazo de prescripción de los mismos, que en cualquier caso no comenzará a correr mientras la víctima no alcance la mayoría de edad.
La modificación que el Parlamento debatirá a partir de hoy incluye asimismo la persecución penal del acoso laboral o “mobbing”, que se encajará en el artículo dedicado a los ataques contra la integridad moral, con una pena de prisión de seis meses a dos años.
