Dieciocho detenidos por una trama urbanística en Alhaurín el Grande
Troya
En el marco de la operación Troya fueron detenidos el pasado 18 de enero el alcalde de la localidad, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, quienes quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros un día después y están acusados de prevaricación y cohecho. Los detenidos este martes de forma simultánea, principalmente empresarios de la construcción o vinculados con este sector, se encuentran en dependencias policiales, y serán puestos en las próximas horas a disposición del juez de Coín que instruye el caso y que ha decretado el secreto de las actuaciones.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, dijo que en esta segunda fase de la actuación “no hay implicado ningún político”.
“Pongo el cuello por ellos”
Martín Serón, que en las elecciones del 27 de mayo revalidó su mayoría absoluta, defendió durante la mañana ante los periodistas la inocencia de las 18 personas y aseguró que “nunca” ha metido la mano ni va a permitir que se haga.
“Pongo el cuello por ellos”, afirmó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por familiares de los detenidos y en la que dijo desconocer si alguno de ellos ayudó a pagar su fianza o ha trabajado para el Ayuntamiento. Añadió que “odia” y está en contra de los corruptos y lamentó que el daño moral para Alhaurín el Grande sea “irreparable” ya que los arrestados en el municipio son “gente honrada” con derecho a la presunción de inocencia y los foráneos, “aunque no los conozco, lo serán, porque se trata de pequeñas empresas”.
Por su parte, su abogado, Fernando Huelin, criticó el abuso de la figura de los arrestos “innecesarios” que consideró “más propios de estados totalitarios y fascistas que de un Estado democrático como el nuestro”.
Apoyo de la Junta a la Justicia
El gobierno andaluz expresó su posición favorable a que la Justicia actúe “con toda la contundencia, caiga quien caiga” en este caso, aseguró el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien expresó su deseo de que “se llegue hasta el final, con todas las consecuencias”.
También se pronunció tras lo ocurrido la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), que apoyó la actuación de la Justicia “contra cualquier empresario que haya cometido algún delito”, al tiempo que pidió que no se generalice sobre la corrupción porque “no es lo habitual en el sector”.
