Parlamento sin control por Vicente Mujica Moreno y José Marrero Henríquez (*)

El colofón de esta exasperante situación, de esta suerte de presente detenido, ha sido la puesta en escena del debate del estado de la nacionalidad que los canarios han contemplado atónitos en la pantalla de la televisión. El Presidente se ha dedicado a justificar su legitimidad en la gobernación ante una oposición que le recuerda una y otra vez que gobierna sin haber ganado, y no ha explicado a los canarios qué se ha hecho y qué se piensa hacer para mejorar sus condiciones de vida. Lo cual no deja de ser grave si se le echa un vistazo a la sanidad, la educación y el empleo, que sitúan a Canarias a la cola del Estado.

Los canarios que durante el debate del estado de la nacionalidad subieron el volumen de su televisor con la esperanza de escuchar inteligentes estrategias de actuación para el futuro de las islas tuvieron que contentarse con oír un espeso discurso presidencial que se reiteraba en el guión de siempre: potenciar el sector privado en la sanidad, obviar los informes internacionales que nos suspenden en educación, y, por último, persistir en esa especie de apartheid a la canaria que es un proyecto de plan de empleo discriminatorio que no se ajusta a la norma europea. Embroncados sobre quién tiene mayor legitimidad para gobernar, sus señorías no mostraron ningún interés por debatir sobre la lacra del índice de pobreza que sitúa a la Comunidad Canaria en el tercer puesto de España.

Las democracias en general, convertidas en un asunto regido en exclusiva por los partidos políticos, es decir, transformadas en partitocracias en las que el ciudadano queda relegado al papel de meritorio para el único acto del momento electoral, propician situaciones como la que se ha dramatizado en el Parlamento canario, con el agravante de que aquí, en Canarias, se respira un ambiente infestado de todo tipo de corruptelas favorecidas por la nula capacidad de fiscalización de la ciudadanía sobre los temas públicos. Éste, que es un mal generalizado de la democracia, se ve en Canarias quintuplicado por su déficit de representación parlamentaria.

El cesto abollonado que es la política canaria se ha confeccionado con los mimbres contrahechos que son el injusto Sistema Electoral y el desigual ejercicio del poder entre las dos capitales del archipiélago. De zanjar estos dos problemas estructurales no han oído los canarios al Gobierno decir ni pío, a lo sumo vaguedades ofreciendo la migaja, como una dádiva, de la Ley de Participación Ciudadana, que no es más que otorgar al pueblo (demos) el derecho fundamental de control que como soberano le corresponde.

El Presidente mencionó que sigue pendiente la reforma estatutaria y que antes de su aprobación le dará la máxima difusión para que sea conocida por todos los canarios. Pero la reforma estatutaria se corresponde una vez más con el guión de siempre y es más de lo mismo, una reforma basada en reclamar mayores cotas competenciales, que no repara la quebradiza estructura de la Comunidad Autónoma y que perpetúa sus peores desperfectos, a saber, favorecer el poder de los partidos que tienen hecho a su medida y a la medida de cada isla un sistema electoral que hace que los ciudadanos no estén proporcionalmente representados en el Parlamento y que se mantengan ajenos a su control.

El espectáculo de la vida política canaria tiene una raíz tan antigua como un Estatuto que desde su inicio nació forzado. Se forzó un sistema electoral que justificara inexistentes paridades. También se forzó la organización del poder político-administrativo y, puenteando la histórica confrontación entre territorios y la ancestral contienda por la capitalidad del archipiélago, se quiso llegar a una fórmula de compromiso, a una especie de truco de magia mediante el cual en el Estatuto se plasma que las Islas Canarias tienen una doble capitalidad y a la vez se vacía de auténtico contenido equitativo tal bicapitalidad. Las consecuencias de todo ello están bien a la vista: los ciudadanos no pueden verse legítimamente representados en su Parlamento porque se han ideado fórmulas electorales que desfiguran la realidad demográfica, y tampoco sienten los ciudadanos como suyo un Gobierno y una Administración que con el tiempo han desvirtuado la peculiaridad de esta tierra archipielágica que siempre ha llevado en su seno la justa aspiración de ambas capitales a su centralidad. La Ley de Sedes es papel mojado y las Oficinas Parlamentarias, aunque necesarias, son insuficientes.

Frente a opciones tibias u opciones rupturistas, la solución decidida que plantea Demócratas para el Cambio es una Refundación de la Comunidad Autónoma basada en una justa Ley Electoral y en una auténtica Ley de Bicapitalidad sujeta a precisas equidades, no a malabares equilibrios.

Con el Estatuto debe reformarse el sistema electoral para que éste confiera mayor representación a los ciudadanos de las circunscripciones infrarrepresentadas. Para ello habrá que reducir al máximo los topes electorales, aumentar el número de escaños del Parlamento, conformar un segundo nivel circunscripcional regional y reordenar la totalidad de la organización administrativa del poder autonómico. La Bicapitalidad debe considerarse fundamental para el desarrollo igualitario del poder ejecutivo y legislativo en ambas capitales del archipiélago, y esa Bicapitalidad habrá de ejercerse de forma alternativa en cada legislatura y de manera no simultánea, o para expresarlo con mayor claridad, el Parlamento y el Gobierno deberán tener sedes en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife y su actividad desarrollarse cada cuatro años en cada ciudad de forma alternativa y sin coincidir nunca al tiempo los dos poderes ejecutivo y legislativo.

Es crucial que todo ello se plasme en cualquier reforma estatutaria a la que se pretenda aspirar. Entonces los ciudadanos podrán sentir que de verdad se inicia el camino hacia la regeneración de la democracia y de la vida política de Canarias. De lo contrario, seguirán mirando desalentados en la tele la misma película de siempre.

(*) El presente artículo lo firman también Gloria Arteaga Ortíz, Manuel Roríguez González, José Brito López, Juan José Pons Bordes, Carlos Ostúa y la adhesión de doscientos veintiún simpatizantes más

Vicente Mujica Moreno y José Marrero Henríquez (*)