El problema de la vivienda en La Palma

Acceder a una vivienda digna a un precio asumible se ha convertido en uno de los grandes problemas de este país. En La Palma, el origen es el mismo que en el resto del Estado, pero aquí se suman dos causas agravantes propias: la destrucción de 1.375 viviendas residenciales por la erupción del Tajogaite y la mala aplicación de la Ley de Islas Verdes en algunos municipios. Esto ha puesto a competir el uso residencial con el uso turístico por el mismo suelo y por las mismas casas.

Los datos no dejan lugar a interpretaciones variadas. En Los Llanos de Aridane, el municipio más poblado de la isla, el precio de la vivienda ha pasado de 1.410 euros por metro cuadrado en agosto de 2021 a 2.579 en julio de 2026, un incremento del 83% (cercano al doble) en menos de cinco años. Los alquileres han recorrido el mismo camino: de la franja de 300 a 400 euros mensuales a la de 600 a 800, con picos que superan los 1.000 euros.

Ley de Islas Verdes mal aplicada

Tijarafe es el peor ejemplo de aplicación de la Ley de Islas Verdes en La Palma. Solo en ese municipio se han solicitado licencias para más de 60 villas turísticas en suelo rústico, casi todas con piscina, a las que hay que sumar unas 290 viviendas vacacionales. La mayoría de los promotores son inversores extranjeros o empresas radicadas fuera de la isla, de modo que los beneficios no revierten en la economía local.

Y lo más grave: ni se desarrolla ni se recupera actividad agraria, ni la Administración pública vigila o verifica la complementariedad entre uso agrícola y uso vacacional, precisamente el fin último que debe perseguir la citada ley. Mientras tanto, se encarecen el suelo, el agua y la vivienda hasta expulsar del mercado a los vecinos de toda la vida. Lo mismo está ocurriendo en Puntagorda.

El espejismo del suelo

En La Palma no estamos ante un problema de falta de suelo urbanizable, ni de recalificación, ni de planeamiento. Un estudio del Ministerio de Vivienda sobre desarrollo residencial, con datos de mayo de 2025, analiza 17 municipios canarios. De La Palma, solo extrae conclusiones de El Paso, y lo que encuentra en este municipio es una brecha enorme entre lo planeado y lo ejecutado: de 1.357 viviendas previstas se han terminado 68. Una de cada veinte. No parece descabellado suponer que la situación se repite en el resto de municipios de la isla.

La conclusión es incómoda para quienes llevan años repitiendo la misma receta: calificar mucho suelo no garantiza ni abundancia de viviendas ni precios asequibles. Es un relato que no se sostiene con los datos en la mano.

12.000 viviendas vacías, dos problemas distintos

La Palma supera las 12.000 viviendas vacías, cerca del 26% de su parque residencial. En términos absolutos se concentran en Los Llanos de Aridane (1.945), Santa Cruz de La Palma (1.589) y El Paso (1.102). En términos relativos, los municipios más afectados son Garafía (48,56%), San Andrés y Sauces (38,98%), y Barlovento (38,70%).

En esta cuestión, conviene no confundir dos realidades que exigen respuestas diferentes. En los municipios del norte, buena parte de esas casas son patrimonio tradicional en proceso de ruina: casas terreras, haciendas y edificaciones en el campo o situadas en núcleos sin demanda residencial y que nadie compra ni alquila. Ahí, activar una vivienda vacía y abandonada mediante el uso turístico no compite con nadie, pero sí evita que el patrimonio se pierda, ayuda a mantener el paisaje agrario y puede devolver fincas a la explotación.

En el Valle de Aridane y en Santa Cruz de La Palma, la situación es la contraria. Son zonas donde se concentra la presión del desalojo posvolcánico y donde la demanda de vivienda habitual por parte de familias trabajadoras y de jóvenes resulta mayor. Paradójicamente, también son municipios donde hay viviendas que ni se venden ni se alquilan. Ahí, destinar vivienda al uso vacacional sí compite directamente con la vivienda residencial y empuja los precios hasta hacerlos inasumibles para la población local.

Movilizar la vivienda vacía es necesario en toda la isla. Pero se trata de dos problemas distintos que necesitan soluciones diferentes.

Comprar sí, subvencionar al vendedor no

Estamos de acuerdo con la adquisición por parte del Cabildo insular de edificios en construcción, en toda la isla y de manera especial en los municipios más afectados por el volcán: El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, para ampliar la oferta de vivienda protegida.

Somos, en cambio, muy críticos con los programas de ayudas directas que sufragan gastos e impuestos asociados a la compra. Si no van dirigidas a vivienda protegida, son medidas equivocadas: en un mercado tensionado, la ayuda pública acaba capturada por el vendedor en forma de precio más alto. No es muy inteligente echar gasolina al fuego.

No es solo el volcán

La crisis habitacional en La Palma afecta al conjunto de la sociedad, no únicamente a los damnificados por la erupción. La vivienda es hoy el segundo problema de los españoles. Hay que dar respuesta a quienes el sueldo no les alcanza para pagar el alquiler o la hipoteca, y muy especialmente a los jóvenes y a los trabajadores con salarios más bajos. No podemos condenarlos a vivir en la precariedad. Dedicar más del 30% de los ingresos mensuales a los gastos de vivienda es una sobrecarga que limita el bienestar de las personas y fractura la sociedad.

Estamos hipotecando el presente de nuestra juventud. Se rompe la promesa del Estado del bienestar: si estudias, trabajas y te esfuerzas, tendrás una vivienda digna. A los precios actuales, los jóvenes o comparten un alquiler caro o no pueden salir de casa de sus padres. Y si tienen vivienda en propiedad, suele ser porque la han heredado o porque su familia les ha ayudado, una ventaja que la inmensa mayoría no tiene.

Sin vivienda asequible no hay isla viable

La Palma tiene una natalidad baja, un envejecimiento acusado y una fuerte dependencia de la mano de obra exterior. En 2026, el 11,18% de la población activa insular había nacido en el extranjero. La agricultura y los servicios se sostienen en buena medida gracias a esos trabajadores, fundamentalmente de orígenes venezolano y cubano.

Una isla que aspira a más y mejores servicios de cuidados y de salud, y a un mayor peso de la ciencia y el conocimiento en su economía, necesita vivienda asequible para atraer a los profesionales y trabajadores cualificados que le hacen falta. Sin vivienda asequible, no hay manera de fijar población, ni nativa ni migrante.

Un Plan Insular de Vivienda para La Palma

La solución no es fácil, ni rápida, ni barata, sobre todo cuando se llevan muchos años improvisando o directamente sin política de vivienda. La construcción de vivienda pública en La Palma estuvo prácticamente paralizada durante más de dos décadas antes de la erupción.

Las políticas de vivienda serias y estructurales, capaces de contener los precios y ofrecer residencia asequible y de calidad, son complicadas, pero existen y son posibles. El fin último debe ser garantizar el derecho a una vivienda digna, generar igualdad de oportunidades y mejorar el bienestar.

Proponemos un Plan Insular de Vivienda para La Palma, con diagnóstico actualizado de la demanda, de la oferta pública disponible y de las tensiones del mercado, y con el desarrollo de propuestas concretas, ficha financiera y plazo de ejecución. Un plan que combine medidas de emergencia con medidas de largo plazo y que incluya al menos los siguientes asuntos:

Hablamos de dedicar entre el 1% y el 2% del PIB. Ahora mismo, no llegamos al 0,15%. Y hablamos de procurar suelo de calidad para vivienda asequible, siempre que sea posible mediante la rehabilitación de suelo urbano ya existente, a través de empresas públicas fuertes o de alianzas con empresas privadas que busquen rentabilidades razonables.

No es una tarea sencilla. Hay muchas necesidades sociales sin cubrir, mucha incertidumbre política y económica y mucha gente que empieza a desesperarse porque no puede seguir esperando. Pero si hemos avanzado en sanidad, en educación, en transporte y en pensiones, ¿por qué no vamos a poder avanzar en vivienda? Es una cuestión de voluntad política y de consenso social.

Quién tiene que liderarlo

Todas las administraciones públicas tienen competencias en vivienda. Las cuestiones económicas, financieras e hipotecarias corresponden al Estado. La ordenación del territorio, el urbanismo, la vivienda y las políticas sociales son tareas de la Comunidad Autónoma y del Cabildo, y el urbanismo se despliega en el ámbito local.

El Cabildo Insular de La Palma debe liderar, coordinar y lograr que todas las administraciones públicas remen juntas en un Plan Insular de Vivienda. No hay excusa para seguir esperando.