CCOO critica la ''opaca'' reforma del sector público
Comisiones Obreras Canarias (CCOO) denuncia la “opacidad e ilegalidad” con la que el Gobierno canario está llevando a cabo el plan de racionalización de los recursos públicos que ha puesto en marcha desde el año 2010, “cuyas medidas ya han motivado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias eleve sendas consultas al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie sobre la legalidad de las medidas adoptadas”.
Según recoge en un comunicado CCOO, así lo pusieron de manifiesto representantes de los trabajadores del sector público reunidos el lunes para evaluar las medidas que viene tomando el Gobierno. Entre las quejas más importantes “se encuentra la de la opacidad con la que se lleva a cabo este plan, que tiene la consecuencia de que mientras se aplican medidas restrictivas a los derechos de los trabajadores, se mantienen sin tocar los privilegios de muchos directivos nombrados por el propio Gobierno en las empresas públicas”.
El sindicato recuerda que “racionalizar” no significa automáticamente “eliminar puestos de trabajo y empresas públicas, sino revisar uno por uno todos los procedimientos y todas las empresas para ver dónde se está siendo ineficiente”. Lejos de esto, el Gobierno canario “se está limitando a cambiar unilateralmente la normativa laboral expresada a través de convenios colectivos, una práctica manifiestamente ilegal que ya ha motivado que en dos ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a instancia de los representantes laborales de las empresas Visocan e Instituto Tecnológico de Canarias, haya elevado consultas al Tribunal Constitucional por si el Gobierno canario estuviera vulnerando el artículo 37.1 de la Constitución Española que consagra el derecho a la negociación colectiva”.
Asimismo, Comisiones Obreras tacha de “irracional” que en el actual contexto de paro que, en el caso de Canarias arroja cifras por encima del 30% de la población, el Gobierno canario “esté decidido a incrementar ese desempleo al precio que sea, con lo que pronto podría encontrarse con cifras por encima del 40%”, lo que llevaría a la Comunidad “a una situación de conflictividad social cuyas consecuencias será imposibles de prever”.
Comisiones Obreras anuncia para los próximos días la convocatoria de asambleas informativas en todas las empresas públicas canarias para acordar entre todos los trabajadores las medidas a adoptar ante este atropello de los derechos de los trabajadores públicos “e, indirectamente, de los ciudadanos que son, en definitiva, quienes reciben estos servicios públicos”.
No obstante, y “antes de que el conflicto alcance cotas que nadie desea”, Comisiones Obreras Canarias solicitará una reunión con el Gobierno “para que explique claramente a la opinión pública cuáles son sus planes de futuro para los servicios públicos”.
