Clavijo deberá revisar el Fdcan para invertir en infraestructuras sanitarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, saluda a la presidenta del grupo socialista, Patricia Hernández, al término de la segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad.

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, está en minoría parlamentaria desde el 23 de diciembre de 2016, pero ha sido justo cuando se cumplen tres meses de ese hecho cuando ha contemplado como la oposición le marca gran parte de la hoja de ruta de su futura acción política a pesar de que ni él ni su Grupo Nacionalista estén de acuerdo.

Se lo dijo el portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, desde la tribuna al afirmar que “el señor Clavijo no marca la agenda política canaria: se la dictan los grupos parlamentarios”.

Y así ha sido. Por ejemplo, con la resolución del PSOE (votada en contra por CC y el Mixto) que obliga a Clavijo a revisar los objetivos del Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para financiar un plan de infraestructuras sanitarias y sociosanitarias que deberá estar culminado en 2017.

Este jueves, 23 de marzo de 2017, el presidente ha visto cómo el Parlamento, a través de sus ex socios del PSOE, le mandata a hacer justo lo que los consejeros socialistas no consiguieron que el presidente aprobara cuando co-gobernaban: a partir de 2018 se deben incluir en la financiación del Fdcan tecnologías sanitarias e infraestructuras sanitarias y sociosanitarias.

Y lo mismo puede decirse de otra resolución del PSOE no apoyada por CC para que la Consejería de Hacienda incluya en la próxima ley de crédito extraordinario la financiación necesaria para dejar sin efecto la suspensión de la carrera profesional del Servicio Canario de Salud (SCS), pues, como dijo Lavandera “unos profesionales motivados aseguran una mejor asistencia a los pacientes”.

Hubo mucho consenso en la aprobación de las resoluciones del Debate sobre el estado de la Nacionalidad Canaria, quizás porque el portavoz socialista aseguró que el mismo “hoy es más necesario que nunca para hacer frente a un Gobierno que no ilusiona, con un presidente que solo piensa en el poder, que olvida a las personas”.

O como insistió la conservadora Australia Navarro varias veces durante su intervención, “los canarios no entenderían que las diferencias partidistas interfieran en la solución de sus problemas”.

Bono social para luz y agua

Por eso el Parlamento volvió a rechazar, a petición de NC, la red de tendidos eléctricos aéreos en Lanzarote y Fuerteventura y el impulso de las centrales hidroeléctricas en Canarias.

Y también por la precariedad del Gobierno el Grupo Popular concitó el apoyo de todo el arco parlamentario, salvo el de CC, para que Clavijo garantice el suministro eléctrico y de agua a las familias en situación vulnerable que no puedan pagar la factura mediante un bono social.

Y Podemos también consiguió que el Gobierno de Canarias, una vez se desarrolle reglamentariamente la figura del consumidor vulnerable por parte del Estado, aplique en las Islas la exención del IGIC a ese colectivo.

La fuerza morada también vio aprobado que la Consejería de Sanidad active los consejos de dirección y de las áreas de salud , la renovación del plan de salud o la incorporación de un modelo de gestión clínica basado en la mejora de los procesos asistenciales, más no logró que se aprobara la rebaja de un 10% anual de los actuales conciertos sanitarios.

El otro pactootro

Con todo, el pacto alternativo (CC, PP y ASG), también se dejó entrever durante la última jornada del debate sobre Canarias en asuntos, sobre todo, referidos a la Ley del Suelo o la implantación de la tasa turística propuesta por NC y nuevamente rechazada.

Ni Podemos ni los socialistas consiguieron que la competencia en la evaluación ambiental de planes y proyectos resida en la nueva Cotmac.“Si alguien cree que vamos apoyar la creación de 12 Cotmac en Canarias, es que no conoce al PSOE ni los acuerdos que el propio Clavijo firmó”, dijo Lavandera.

Ahora solo queda comprobar dentro de 12 meses, tras la aprobación de casi 500 de las más de 600 propuestas presentadas, el vaticinio del líder de ASG, Casimiro Curbelo:“que el Gobierno cumpla con las resoluciones acordadas”.

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