La Fundación Auditorio y Teatro reclama 120.000 euros en los juzgados por la cancelación del musical 'Evita'

La concejala de Servicios Públicos y Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, asegura que la Fundación Auditorio y Teatro de la ciudad libra una batalla en los juzgados por la reclamación de 120.000 euros debido a la cancelación del musical Evita, previsto del 3 al 17 de julio de 2015. En mayo de ese mismo año, la Fundación envió un comunicado en el que explicaba que la actuación se anulaba por el “bajo ritmo de venta de entradas registrado” y que se realizaría “sin penalización económica”.

“Se ha optado por ejercer la cláusula contractual acordada con la productora del espectáculo que posibilita su retirada sin penalización económica si no se cumplían las expectativas de público que garantizaran la viabilidad del evento”, se afirmaba en los medios de comunicación en aquel momento. Sin embargo, este lunes se ha conocido que la institución tuvo que pagar 120.000 euros por los costes de cancelación.

Medina asegura que la decisión de traer este musical londinense a la Isla fue duramente criticada por la oposición del Ayuntamiento de la capital, que en aquel momento era gobernada por el Partido Popular, con Juan José Cardona como alcalde. “Era carísimo, una burrada de dinero”, recuerda. El espectáculo, que se iba a celebrar en el Teatro Pérez Galdós, tenía un coste que oscilaba entre los 500.000 y 600.000 euros. “Nosotros criticamos que hubiera una partida tan grande para un musical que además era privado”. La concejala recuerda que desde la agrupación municipal aseguraban que “no iba a costar nada a la ciudad”.

La programación del musical no solo desató las críticas entre los concejales de la oposición. Los productores isleños también manifestaron su descontento con la gestión del Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Benito Pérez Galdós. Los más críticos consideraban que el gasto era una muestra más del “fracaso” en la gestión de la Fundación, que prefería apostar por producciones extranjeras y obviar las isleñas. Además, lamentaban que se presentara una programación continuada y se dedicaran a gastar elevadas cantidades en traer una sola obra.

Asimismo, los profesionales del sector se quejaban del costo que les suponía representar sus obras en estos edificios. Alquilar un productor de vídeo o un monitor de sonido podía costar el doble de dinero que en otros espacios, unos precios que eran impuestos desde la gerencia.

A todo esto, desde la Fundación explicaban que se habían realizado estudios de comportamiento y que estaban convencidos de que Evita iba a tener “mucha aceptación” en la ciudad. “Traer un espectáculo de este calibre es una oportunidad única para la capital grancanaria”, presumían. Solo un mes y medio después se anunciaba la cancelación del espectáculo.