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Aprobado un crédito de 34 millones para el Servicio Canario de Salud y casi 2 millones para ayudas a la integración social

El objetivo de la prestación al SCS es "compensar el déficit surgido por atender con cargo al presupuesto de 2019 obligaciones de pago adquiridas en ejercicios anteriores y que no fueron imputadas al cierre de las cuentas del año 2018"

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Ángel Víctor Torres, en la reunión de Consejo de Gobierno de Canarias

Ángel Víctor Torres, en la reunión de Consejo de Gobierno de Canarias EFE

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un expediente de suplemento de crédito por valor de 34 millones de euros a favor del Servicio Canario de la Salud (SCS) y casi 2 millones de euros para ayudas a la integración social.

El objetivo de la prestación al SCS es compensar, ha explicado el Ejecutivo, el déficit surgido por atender con cargo al presupuesto de 2019 obligaciones de pago adquiridas en ejercicios anteriores y que no fueron imputadas al cierre de las cuentas del año 2018.

Según ha explicado el Ejecutivo, la cifra total de los recursos adicionales asignados proviene de los remanentes de tesorería del conjunto de consejerías y el acuerdo es fruto del esfuerzo colegiado de todos los departamentos del Gobierno de Canarias, con el objetivo de que no se vea mermada la calidad asistencial de la sanidad pública.

Por su parte, la finalidad de la modificación de crédito, aprobada a propuesta de la Consejería de Hacienda, es incrementar el presupuesto del SCS para dar cobertura a gastos del capítulo 2 --bienes corrientes y servicios-- tras tener que hacer frente en las cuentas vigentes a un volumen importante de facturas vencidas, líquidas y exigibles correspondientes a ejercicios anteriores y no imputadas al presupuesto de 2018.

Como consecuencia de ello, ha explicado el Gobierno, los centros directivos han tenido que hacer frente a una reducción del crédito disponible para afrontar los gastos del presente ejercicio.

Por último, el Gobierno de Canarias ha añadido que el expediente aprobado este jueves permitirá continuar cumpliendo con los plazos medios de pago a proveedores y con las exigencias establecidas en la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Ayudas a la integración social

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de Canarias ha aumentado las ayudas de acción social para la integración por un importe total de 1.930.000 euros, una cantidad que sube el presupuesto inicial, fijado en 4.130.000 euros.

En concreto, 1,5 millones de euros irán destinados a cubrir el Programa de Lucha contra la Pobreza y la Alta Exclusión Social en Canarias de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Mientras, el resto del montante (430.000 euros) se invertirán en la financiación de programas de integración de las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión social.

El Programa de Lucha contra la Pobreza y la Alta Exclusión Social en Canarias de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción tiene como objetivo impulsar proyectos dirigidos a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con dificultades de inserción social, laboral y escolar, o ligadas a razonas de desestructuración familiar, educativa o desajustes personales.

Por su parte, los programas de integración de las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión social atienden con especial énfasis al colectivo de mujeres en situación de pobreza en las Islas que necesitan una mayor atención, más allá de una solución residencial. Dichos programas son gestionados por entidades y asociaciones sociales.

Las ayudas de acción social forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

Las mismas tienen como objetivo financiar la atención a personas vulnerables garantizando la cobertura de sus necesidades básicas; la lucha contra la exclusión social, especialmente con el colectivo de personas sin hogar; las actuaciones encaminadas a mantener, ampliar y facilitar el acceso a la red de centros y servicios de atención social básica, y las actuaciones de carácter integral en agrupaciones poblacionales y colectivos vulnerables o con especiales dificultades de integración social.

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