Halcones y palomas en el PSOE canario

Bendecido por las urnas, los pactos y la coyuntura estatal, el PSOE canario atraviesa el mejor momento de su existencia. Es tan bueno que ya sólo puede ir a peor. Ante la tesitura obvia en estos casos, alargar el ciclo virtuoso o verlo declinar como el sueño de una noche de verano, vamos a analizar la perspectiva que adoptan algunos líderes del socialismo insular. Planteando la siguiente disyuntiva: quién son halcones, quiénes quieren serlo, quiénes son palomas o están en riesgo de quedar retratados como tales. Y aunque este es un relato aún por escribir, hay rasgos visibles para emitir un primer diagnóstico.

La prueba de los Presupuestos. Es el objetivo número uno de la presente Legislatura estatal, y Canarias se juega mucho en ellos porque podrían ser prorrogados, a la vista de la compleja contabilidad del actual Congreso de los Diputados. Porque Pedro Sánchez necesita aprobar unos Presupuestos, solo unos, para hacer viable una estancia más o menos prolongada en la Moncloa. Ángel Víctor Torres se ha tomado muy en serio eso de ser la voz canaria en Madrid, hasta ahora con éxitos indudables en el terreno de los gestos. Pero llegará, parece que en verano, la prueba definitiva de los números, y ahí el presidente canario tendrá que exhibir esos “cientos y cientos de millones” que llegarían a las Islas de la mano de unas nuevas cuentas estatales. Las expectativas del líder socialista canario se enfrentan a dos umbrales difíciles de alcanzar, uno legal y otro comparativo. El primero es la cláusula de salvaguarda incluida en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, según el cual el Archipiélago debe recibir la inversión media del Estado (y esto, sin redes ferroviarias ni autopistas de rango estatal, no es tan fácil). El segundo, lo recogido en los últimos Presupuestos de la dupla Rajoy/Montoro, los de 2018, actualmente vigentes, y que resultaron muy buenos para las Islas por la sencilla razón de que el voto de los diputados nacionalistas canarios valía oro y Pedro Quevedo fue bautizado por la prensa española como el parlamentario 176.

Un precedente problemático. Las beneficiosas cuentas de 2018 aparecen, como se ha dicho, como una unidad de medida que servirá para poner nota a las nuevas cuentas elaboradas por el Ministerio de Hacienda. Mucho más que las finalmente frustradas de 2019, que Torres defendió con gallardía más allá de algunos olvidos imperdonables que sirven hoy de munición para Coalición Canaria en su guerra de guerrillas contra el Pacto de las Flores. Lo cierto es que Nueva Canarias tampoco puede bajar el listón en exceso, de modo que los primeros Presupuestos posibles de Sánchez deberán acercarse a los últimos de Rajoy en lo tocante al cumplimiento de la agenda canaria. En la cúpula del partido liderado por Román Rodríguez dan por hecho que se quedarán algo por debajo pero ofrecerán al mismo tiempo unos números aceptables, combinados además con otras medidas que citaremos más adelante. Todo para hacer posible un voto afirmativo de Pedro Quevedo a las cuentas estatales, porque CC ubicará el listón en lo obtenido en 2018 y ni un euro menos, incidiendo de este modo, ya veremos con qué consecuencias internas, en el autoaislamiento emprendido desde los pasados comicios autonómicos. Tampoco el acercamiento al PSOE ofrece incentivo alguno, y en cuanto a la convergencia con NC, parece haberse enfriado notablemente tras la ruptura de voto en la investidura y los improperios que Román Rodríguez y Fernando Clavijo se regalan en las tribunas periodísticas. A día de hoy el voto más probable de Ana Oramas a los Presupuestos de 2020 es fácil de recitar: no, no, y mil veces no.

El corsé de la regla de gasto. Este es un asunto en el que Ángel Víctor Torres, si quiere acreditar su condición de halcón, es decir, de barón regional con influencia, tendrá que emplearse a fondo. Y no lo tiene fácil. El primer movimiento en la partida que debe llevar a una flexibilización en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que actualmente impide a Canarias gastar el dinero que recibe (desde 2017 el reparto del Fondo de Competitividad no contabiliza los ingresos de las Islas por sus tributos propios, lo que supone 220 millones de euros más cada año) y recauda (vía impuestos del REF, básicamente el IGIC, con máximos históricos en los últimos años) se produjo el pasado viernes, en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En la sede del Ministerio, en un ambiente marcadamente hostil por el empeño del PP en liderar la oposición al Gobierno socialista a través de sus ejecutivos autonómicos, y en presencia de la ministra canaria Carolina Darias como escudera de la aguerrida titular de Hacienda, María Jesús Montero, el vicepresidente Román Rodríguez expuso esa extraña circunstancia que afecta a Canarias, que en lugar de implorar unas décimas más de déficit en sus cuentas fue a solicitar una moderada apertura del grifo del gasto que le permita utilizar el superávit en inversión productiva, infraestructuras, etcétera. Y lo que obtuvo fue la creación de un grupo de trabajo para estudiar esta cuestión, lo cual puede ser inicio de algo pero también la ruta directa hacia un callejón sin salida, porque ya se sabe que la creación de una comisión es un método excelente para alargar las decisiones hasta el infinito. El alivio del corsé de la regla de gasto es la gran prueba para el actual Gobierno canario y el tándem Torres/Rodríguez. Más incluso que los Presupuestos, porque en el fondo no suponen quitarle dinero a nadie, sino ofrecer la posibilidad de que las Islas puedan utilizar de modo sensato (nada de consolidar alegrías populistas y subidas salariales como gasto estructural) unos recursos de los que ya dispone.

La Delegación del Gobierno, esa urgencia. El parece que inminente nombramiento de Anselmo Pestana como delegado del Gobierno central en Canarias viene acompañado por unas expectativas notables. Por el perfil del designado y sobre todo por el (mal) recuerdo que deja el aún ocupante del cargo. Superado por el peso del sillón que ocupa y por las circunstancias adversas en materia migratoria, Juan Salvador León ha quedado retratado como un peso pluma incapaz de dar a la responsabilidad que ostenta el dinamismo que precisa la representación de la Administración central en un territorio alejado como Canarias. Ojo, que nadie piense que la Delegación del Gobierno es un destino sencillo, porque se sitúa como poder vicario, dependiente de Madrid, en complicada convivencia con el ecosistema de poder autonómico y local. Este hecho conlleva muchos riesgos y escasos premios, pero precisamente por ello exige una voluntad dinámica y una imaginación política de la que León ha carecido por completo. El mejor ejemplo al respecto sería José Segura, acostumbrado a llenar de contenido los cargos que ocupa. Lo hizo como delegado del Gobierno en 2006, en situaciones extremas por la dramática crisis de los cayucos, y lo hace ahora al frente de Casa África. Anselmo Pestana hará bien en parecerse mucho a Segura y muy poco a León.

Los poderes locales, expectantes. Nunca el PSOE tuvo tanto poder en Canarias. La Presidencia del Gobierno con siete consejerías de gran tonelaje. El Gobierno central. La presidencia de cuatro cabildos y tareas de gobierno en otros dos. La alcaldía de los cinco municipios canarios más poblados. En resumen, una situación sin precedentes, en la que los principales cargos ejecutivos del socialismo canario empiezan a exhibir su perfil. Muchos de ellos, sobre todo los ocupantes de los cabildos, miran hacia la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional, encargada de traducir los números del convenio de carreteras en proyectos licitados y obras en ejecución. Tenerife se ha puesto la primera en la fila de los exigentes, seguramente porque esta cuestión, la de la movilidad, mueve conciencias en esta isla y es asimismo una línea de ataque a la gestión del Gobierno anterior. Pedro Martín, presidente del Cabildo, tiene vocación de halcón, y ha convertido a las carreteras, los puertos (con especial atención al complejo proyecto de Fonsalía, del que hablaremos pronto) y la inversión de AENA en los aeropuertos en los ejes de su gestión. Como consecuencia de ello, tiene que ver traducidas sus exigencias en hechos, porque su posición política no es tan cómoda como para permitirse logros a medias. Al mismo tiempo, debilitar a CC en Tenerife es el objetivo estratégico del PSOE, pues supondría cortar las alas del adversario en su principal bastión.

Las Palmas y Santa Cruz, caminos distintos. En las capitales canarias, hay un alcalde con la tarea hecha, porque Augusto Hidalgo tiene claro a estas alturas que su legado al frente de Las Palmas de Gran Canaria será la movilidad urbana y la reducción de la huella de carbono, con la Metroguagua (ya financiada por el Banco Europeo de Inversiones) como máximo exponente a estrenar en el presente mandato. Más complicado lo tiene Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. Primero, porque no tiene clara, o al menos no la ha explicitado, cuál debe ser la seña de identidad de su mandato. Segundo, porque las primeras aproximaciones a proyectos estratégicos se han saldado con resultados decepcionantes. La flojera mostrada por el también nuevo Presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos González, al dar por buena la insuficiencia financiera para abordar la conclusión del proyecto Puerto- Ciudad, palidece en contraposición con los millones que seguirán dedicados al muy cuestionable puerto de Granadilla, una trampa del pasado de la que nadie sabe cómo huir. Es la misma flojera que ha sido matizada, pero de modo muy endeble, por la alcaldesa capitalina. Pero la política se basa en la identificación de objetivos y la consecución de los mismos, y cuando el poder carece de una cosa y no consigue la otra deviene en inútil a ojos de los ciudadanos. Es por eso que hay un mundo de distancia en política entre ser halcón o ser paloma.