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La señal de la radio y la televisión se mantuvo ilegalmente, según el administrador único de RTVC

José Carlos Naranjo Sintes ha cifrado en 1,4 millones de euros el dinero que gasta al mes RTVC en el alquiler de las instalaciones, del equipamiento, las subcontratas, la subrogación de los trabajadores y “otros servicios”

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 El administrador único de Radiotelevisión Canaria, José Carlos Naranjo, durante su comparecencia ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria del Parlamento regional.

El administrador único de Radiotelevisión Canaria, José Carlos Naranjo, durante su comparecencia ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria del Parlamento regional. EFE/Cristóbal García

El administrador único de la Radio Televisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, ha reconocido que "el acto de adjudicación del contrato de la señal" que impidió que tanto la televisión como la radio públicas del Archipiélago se quedaran sin poder emitir el 31 de diciembre de 2017 “estaba viciado de nulo derecho” según “los informes emitidos por la intervención general de la Comunidad Autónoma”.

Durante su comparecencia en la Comisión de Control de RTVC, a petición propia y de los grupos de Podemos, Nueva Canaria y Socialista, Naranjo Sintes ha aclarado las consecuencias que acarrea para el ente público  la ilegalidad en la que incurrió el expresidente del consejo rector, Santiago Negrín, quien mantuvo  al proveedor de la señal de los dos medios de titularidad pública (Cellnex) mediante una fórmula de emergencia reservada para casos excepcionales: la convalidación de facturas.

“Esto motiva que con el fin de resarcir al contratista de la prestación de los servicios y evitar el enriquecimiento injusto de la administración, se ha tramitado un expediente de nulidad que se ha remitido a la intervención general” y “paralelamente se está tramitando un procedimiento ordinario que en la actualidad se encuentra en fase de elaboración de pliegos, ha dicho Naranjo.

Ante esta situación, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, preguntó en su segunda intervención qué ocurrirá entre el expediente de nulidad y el tramitación del expediente de contratación “ya en marcha”, a lo que Naranjo contestó que “casi con toda seguridad se tramitará otro expediente de nulidad” porque son los recursos con los que cuenta en “esta situación de emergencia”.

El administrador único de la RTVC quiso aclarar que  su mandato –“la continuidad del servicio público y con ello el mantenimiento de los puestos de trabajo y el sector audiovisual afectado”- es de seis meses y su intención es “hacer el contrato de la señal por un periodo razonable” porque “la señal es necesaria sí o sí”.

1,4 millones de euros al mes

Naranjo Sintes también aclaró el coste que supone para RTVC asumir el alquiler de las instalaciones, del equipamiento, las subcontratas, la subrogación de los 224 empleados de la actual empresa adjudicataria y “otros servicios”: en total 1,4 millones de euros al mes.

El administrador único de la RTVC desglosó que se abonan 87.000 euros por las instalaciones de Videoreport en Tenerife y Gran Canaria, 569.000 euros por la subrogación del personal, 205.000 euros en caso de las subcontratas, 421.000 euros en equipamientos y 122.000 euros en otros servicios. Al respecto Naranjo Sintes ha asegurado que “no se va a gastar más” de lo que estaba fijado en los Presupuestos y que el importe es “inferior a la facturación mensual” de la antigua adjudicataria.

Combo de tres fotografías de José Carlos Naranjo durante su intervención ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria.

Combo de tres fotografías de José Carlos Naranjo durante su intervención ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria. EFE/Cristóbal García

Durante  su intervención, de unos 20 minutos en total, Naranjo Sintes ha explicado por qué se decidió por el alquiler de las instalaciones y del equipamiento. “Era preciso contar con una fórmula jurídica que soportase el arrendamiento de las instalaciones” ante la imposibilidad de prorrogar el contrato de los servicios informativos adjudicados en 2008 se basó en la Ley 6/2006 del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias que “permite concertar arrendamientos de forma directa en casos de urgencias motivados por acontecimientos imprevisibles y en virtud de las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, siempre que se justifique adecuadamente”.

Además, ha señalado que se optó por arrendar las instalaciones a Videoreport porque eran las que ofrecían “mayores garantías para mantener la emisión y en la calidad requeridas a partir del 1 de julio” y firmó un acuerdo con la empresa adjudicataria el 30 de junio. Para el arrendamiento del equipo, Naranjo Sintes ha ilustrado que esta opción era la única vía posible y se ha basado en el Real Decreto 3/2011 del texto refundido en la Ley de Contratos del Sector Público, el informe 4/2016 de la junta consultiva de contratación administrativa del Gobierno de Canarias y la sentencia del Tribunal Supremo del 5 de noviembre de 2014. “Además, ha sido empleada por otras administraciones como por ejemplo la Generalitat Valenciana”, añade Naranjo Sintes.

“No es posible subrogar” a los 90 empleados que trabajan en las islas no capitalinas 

Juan Márquez, portavoz parlamentario de Podemos, Esther González, de Nueva Canarias y el socialista Matos han expresado su preocupación por los 90 trabajadores de informativos de RTVC que trabajan en las islas no capitalinas y en el sur de Gran Canaria y Tenerife subcontratados con otras productoras. Naranjo Sintes ha afirmado que “no es posible subrogar ese personal” porque debe “ser muy escrupuloso con el cumplimiento de la ley” y “por ahora” no lo permite; pero le ha trasladado a las empresas que tiene “la intención de seguir contando con sus servicios dentro de la legalidad vigente” y “garantizar el empleo” de estos trabajadores.

Por otro lado, el administrador único de la RTVC también ha expresado que se “trabajó intensamente” para “ dar una respuesta a las 224 personas que se encontraban en una situación de incertidumbre al concluir el contrato del que dependían sus puestos de trabajo”. En este caso ha vuelto a asegurar que “la única opción posible” era “asumir la totalidad de la plantilla de la adjudicataria mediante la subrogación de la misma y en el ámbito temporal del mandato que me confiere la Ley 1/2018, hasta que el Parlamento de Canarias decida el modelo definitivo de gestión de la RTVC”.

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