Abogado de la familia de Marta del Castillo: “Las penas en menores con hechos graves son desproporcionadamente bajas”
Considera que la Cadena Perpetua, en cuanto “muerte civil”, está “muy cerca” de la pena de muerte
Calero aboga por una regulación del fenómeno mediático en la primera fase de los procesos penales
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)
El abogado de la familia de Marta del Castillo, José María Calero, si bien no comparte la idea de introducir en el Código Penal la cadena perpetua, sí es partidario de incrementar las penas a menores siempre y cuando hayan cometido un delito excesivamente grave, como puede ser un asesinato, habida cuenta de que las condenas previstas actualmente para estos casos son “desproporcionadamente bajas”.
En una entrevista concedida a Europa Press, José María Calero ha señalado que están proliferando sentencias que imponen condenas que no están resultando lo suficientemente altas como para que el menor “decida no cometer un hecho delictivo”. “Con 16 años matas a alguien y resulta que a los 6 ya has cumplido la condena”, censuró el letrado, quien insistió en la necesidad de “subir o incrementar” estas penas puesto que están resultando “escandalosamente bajas”.
Ahora bien, en el caso de los mayores opinó que la penalidad en la actualidad es suficiente. Por tanto, desechó la idea que otras comparten de instaurar la Cadena Perpetua, ya que, “en cuanto muerte civil de una persona que no tiene ya ninguna posibilidad de volver a ver la luz, está muy cerca de la pena de muerte”.
Una condena de este tipo, a su juicio, “tiene un punto de inhumano, algo que no es acorde con la Constitución, código que está pensando siempre en que es posible rehabilitar a una persona a la que se la ha impuesto una sanción penal para que llegue a ser un buen ciudadano”.
En este sentido, a aquellos que piden que se aplique en España la Cadena Perpetua les invitó a ir a ver a los presos a la cárcel. “Una prisión es una cosa terrible, sobre todo cuando se cierran las puertas, así que cuando la gente dice que una condena de 20 años es poco, 20 años en una prisión es una cosa que no se puede describir; hay que palparlo allí para que uno se dé cuenta”, relató.
DILACIÓN DEL PROCESO PENAL
Uno de los problemas en los que incurre la Administración de Justicia en España es la dilación de los procesos penales. De hecho, la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, ha llegado a decir esta misma semana que los letrados están usando “maniobras” para dilatar “lo mayor posible” estos procesos.
José María Calero, por el contrario, achaca estos retrasos a que los juzgados españoles “tienen unos mecanismos informáticos y de oficina tan antiguos que dan lugar a que se tarde hasta cuatro meses en tomar una decisión”. “Los medios materiales y personales que se les da a la Policía, a los jueces y a los fiscales no son suficientes. Además, tenemos la sensación de que todo se soluciona con el derecho penal, introduciendo cada vez más querellas, logrando con ello un mayor colapso”, remarcó.
El letrado dijo no creer que sean los abogados los que quieran dilatar los procesos; simplemente ocurre que el mecanismo de funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestro país es “muy antiguo”. De hecho, opinó que habría que seguir el ejemplo de algunas empresa multinacionales que funcionan con códigos de barra. Incluso, comentó que en algunos países europeos ya es posible gestionar informáticamente un escrito mediante este sistema, mientras que en España “uno presenta un escrito y lo recoge una persona, y luego tiene que anotarlo o meterlo en el ordenador como si fuera una máquina de escribir”.
PRENSA Y JUSTICIA
La vinculación que ha existido en los últimos años entre los medios de comunicación y los procesos judiciales ha traspasado sus límites, especialmente en aquellos procesos de relevancia pública como pueden ser los del Caso Marta del Castillo o la niña Mari Luz. Es más, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, llegó a decir hace poco en un foro celebrado en Tenerife que “la crónica judicial ha desplazado hace tiempo a la crónica política”.
José María Calero ha señalado a este respecto que las leyes procesales penales en España datan de finales del siglo XIX y, por lo tanto, “no prevén un fenómeno como los medios de comunicación”. “Por tanto, si bien los medios no tienen encaje en nuestra regulación del proceso penal, deberían tenerla pero siempre ajustada a una serie de principios”, indicó.
El primero de estos principios sería el de la 'reserva' y afecta al momento en el que las actuaciones penales están bajo investigación. Sin embargo, el letrado admitió que en el caso de Marta del Castillo “todos los días salían noticias sobre lo que estaba pasando”.
Es por ello por lo que Calero abogó por una regulación del fenómeno mediático en la primera fase de estos procesos penales, lo que “no significa que no se pueda decir nada, ya que no queda más remedio que informar de cosas sobre las que la gente quiere saber qué ha ocurrido, como puede ser un asesinato”.
En esta tesitura, José María Calero admitió que existen muchos factores que determinan la publicación de información cuando se están llevando a cabo las investigaciones en un proceso penal. Uno de ellos, según el letrado, es el dinero o el interés económico presente en todas las empresas de comunicación. “Se genera una dinámica sobre quién consigue más, qué emisora o canal consigue la imagen más escabrosa porque va a conseguir más audiencia”, señaló.
Por lo tanto, el abogado de la familia de Marta del Castillo es de la opinión de establecer “modos de relación” entre los medios y el órgano que está investigando, de manera que los primeros aceptaran que hay cosas sobre las que no se puede informar porque se puede “desgraciar” la investigación, y, por su parte, el órgano judicial aceptara que algo tiene que decir a la gente que está demandando información.
El segundo principio que debe primar en la relación Prensa-Justicia afecta a la última fase del proceso penal, el de 'publicidad', salvo en el supuesto de menores o hechos especialmente escabrosos que puedan dañar la dignidad de las personas. Este principio, según Calero, es “esencial” en el proceso penal puesto que la gente “tiene derecho a saber lo que pasa”.
Lamentablemente, el principio de 'publicidad', tal y como recalcó el letrado, no siempre es suficiente. “En la prensa, en el momento en el que debería haber más reserva es cuando sale más información; sin embargo, en el momento esencial del proceso penal el tema está quemado en términos periodísticos y no suscita interés”.
De hecho, indicó que hay muchos juicios muy interesantes en España en los que están en la sala el acusado, el abogado, el fiscal, el juez y no hay nadie en el público. Es más, admitió que hace años se propuso incluso que hubiera una cámara de televisión para que cualquier persona pudiera ver juicios en su casa porque están pensados precisamente para eso, para que sean públicos, concluyó.
